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Archivos El Extremo Sur / Más violencia de género y acoso laboral en Chubut: denuncian a dirigentes

Publicada originalmente el 05-11-19.

La Multisectorial de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y disidencias Libres y Vivas Nos Queremos y las trabajadoras estatales exigieron que "se tomen las acciones pertinentes para terminar con los hechos de violencia de género y acoso laboral en la administración pública de Chubut, en los entes autárquicos y en el Poder Judicial" y "el cumplimiento de la ley de licencia por violencia de género". En un documento, denuncian por violencia laboral y de género al titular de Vialidad Provincial Nicolás Cittadini. A Eduardo Maza -secretario de Gobierno de Trelew- lo denuncian por "discriminación por identidad de género". A Luis Moraga -concejal de Trelew- y Dante Bowen -intendente de Dolavon- los responsabilizan de "acoso sexual". También apuntan contra un docente universitario y el director del Hospital Santa Teresita de Rawson.

En un documento, las trabajadoras estatales sostienen que "hacemos esta denuncia pública porque nos urge desarmar este entramado de prácticas violentas en la administración pública y terminar con años de inequidad y persecución laboral".

"Este Estado es reproductor de la violencia machista hacia las trabajadoras estatales. Es protector de los violentos y sus privilegios. Es garante del patriarcado y es cómplice de los femicidios en nuestra provincia", aseguran.

"Las conductas violentas hacia las trabajadoras estatales en plena democracia por parte de funcionarios del gobierno, quienes tienen la responsabilidad de gestionar políticas públicas para toda la ciudadanía, convierten al Estado en una máquina patriarcal de prácticas misóginas que nos hostigan, nos persiguen, nos discriminan y nos abusan", indican, para luego plantear la exigencia de "vivir en un ambiente laboral libre de todas las violencias, el cumplimiento del cupo laboral trans/travesti, la aplicación de las capacitaciones por la Ley Micaela en todos los organismos y que se aplique en los entes autárquicos".

Contra el titular de Vialidad Provincial

Las trabajadoras estatales denunciaron a Nicolás Cittadini, presidente de Vialidad Provincial "por violencia laboral y de género, ejercida hacia nuestras compañeras. Por negar la re-categorización y reconocimiento de funciones de las técnicas capacitadas y por impedir el manejo de vehículos oficiales por el hecho de ser mujer".

Destacan que "los hostigamientos sistemáticos a las trabajadoras se manifiestan de diversas formas como cuestionar sus capacidades, la no asignación de funciones, la negación de insumos laborales, el descuento en sus haberes por adherirse al paro, la persecución a las denunciantes por intermedio de sumarios administrativos, los cuales, extrañamente, tienen mayor celeridad frente a los sumarios iniciados hacia los funcionarios y las funcionarias" e indican que estos hechos "fueron denunciados ante la Secretaría de Trabajo durante 2019 y a la fecha no se obtienen respuestas ni medidas concretas para cesar esta violación sistemática de derechos".

Además denuncian "la complicidad de los distintos organismos estatales para perpetrar las prácticas violentas y proteger a los machirulos", y destacan "la solidaridad de los y las trabajadores de Vialidad" e informan que "se iniciaron medidas de protesta por los reclamos detallados, consiguiendo a través del Juzgado de Familia N° 3 de Rawson la restitución de funciones a las compañeras removidas por Cittadini, exhortando al sr. Gobernador a nombrar un interventor normalizador de la Administración de Vialidad Provincial" que hasta el momento no se cumplió".

Contra Maza, Moraga y un intendente

La Multisectorial denunció por otra parte a Eduardo Maza, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew, por "discriminación por identidad de género". Señalan que "se niega al cupo laboral trans porque según él otorga privilegios para ingresar al empleo público y sólo se necesita idoneidad, desconociendo que una persona trans ha sido vulnerada históricamente en sus derechos sistemáticamente por la sociedad y el Estado" y piden su renuncia

"por su discurso de odio".

A Luis Moraga, concejal de Trelew, lo responsabilizan de "acoso sexual en el ámbito laboral legislativo" y "denuncian el silencio cómplice de los y las concejales y la falta de medidas concretas para prevenir y contener los casos de violencia de género dentro del Concejo Deliberante".

Al gobierno provincial le atribuyen ser "cómplice de la violencia laboral y sexual que ejerció en forma constante y reiterada Luis Candia, ex delegado de la secretaria de trabajo de Trelew" y argumentan que "la demora de la resolución del sumario administrativo omite el castigo a los abusadores sexuales en los ámbitos laborales, expresa el encubrimiento de los violentos y potencian el doble discurso frente a las capacitaciones de la Ley Micaela".

A Dante Bowen, intendente de Dolavon, lo responsabilizan de "acoso sexual a una ex empleada del Municipio", y señalan que "fue perseguida y hostigada durante largos meses, desarraigándose incluso de su localidad. Al día de la fecha la causa penal no avanzó por la connivencia del poder político con la justicia".

En la Universidad y el Hospital Santa Teresita

Otra denuncia de la Multisectorial de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y disidencias Libres y Vivas Nos Queremos apunta a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Ministerio de Educación de la provincia "por la falta de protección hacia las compañeras de la UNPSJB y ISFDA N°805 que el 24 de junio de 2019 realizaron presentación administrativa por discriminación, hostigamiento, maltrato, acoso y violencia de género contra el docente Bruno Sancci". Al respecto, cuestionan "el incumplimiento de la resolución universitaria que prometió la Facultad de Humanidades para expresar el "pedido de disculpas institucional por tantos años de silencio e inacción".

Cristián Setevich, director del Hospital Santa Teresita de Rawson, fue denunciado por Violencia de Género y Laboral. "Este funcionario posee tres denuncias con procesos judiciales en curso. Las tres damnificadas poseen recursos de amparo y dos de ellas cuentan con medidas de Restricción de Acercamiento, medida que es violada constantemente por el funcionario, vulnerando los derechos de las trabajadoras", remarca el informe de la Multisectorial.

La Multisectorial asegura que "todas las denuncias mencionadas anteriormente se encuentran estancadas en la dirección de legales del Ministerio de Salud" y cuestionan la "falta de respuesta de la ministra de Gobierno Mariana Vega y del ministro de Salud Fabián Puratich, quienes fueron puestos en conocimiento de la grave situación".

El colectivo de trabajadoras estatales sostiene que la "Dirección General de Asuntos Legales se ha convertido en un agujero negro donde nada se resuelve y por el contrario se sigue sosteniendo en el sistema a estos personajes nefastos que lejos de realizar una buena gestión, se dedican a violentar a les compañeres trabajadores de la Salud. Esta grave situación de hostigamiento, persecución y violencia, lamentablemente no es la única dentro de Salud Pública, sino que antes la inacción de las autoridades, denunciar, hoy en día puede traernos muchos más problemas que soluciones, padeciendo a directivos que toman represalias y hacen insostenible la vida laboral de las mujeres y personas que se animan a exponer las prácticas sistemáticas de violencia de género y laboral en la administración pública y entes autárquicos".

Cuestionamientos al gobierno provincial

En el terreno político, la Asamblea cuestionó a Mariano Arcioni y Federico Massoni por "criminalizar la protesta" y "perseguir a las compañeras docentes que vienen sosteniendo más de 100 días de lucha en las calles, reclamando por los derechos que les corresponden y que el gobierno les está negando".

Por otra parte, aseguran que "la burocracia de la administración pública se encuentra al servicio de los violentos: cuando somos las trabajadoras las que iniciamos denuncias administrativas por violencia laboral y de género, los procesos de sumarios se dilatan y terminan archivados o con dictámenes que carecen de perspectiva de género. En cambio, cuando son los violentos quienes utilizan esa herramienta para castigarnos por denunciar, el curso del trámite es rápido y resolutivo".

"Nosotras, que somos constantemente violentadas, somos las que debemos tomarnos licencia psicológica, trasladarnos a otra dependencia, dejar nuestras funciones. Y no podemos permitir que se siga afianzando este entramado de violencia en el Estado que protege machirulos", enfatizan.

"Compañeras que garantizan derechos en los hospitales, en las distintas dependencias del gobierno son perseguidas, violentadas con el doble daño que causa, a las trabajadoras vulneradas y al pueblo que no tiene garantizado su derecho", afirman, y concluyen que "el accionar y las prácticas institucionales del gobierno, de sus dependencias y de los entes autárquicos provinciales distan mucho de honrar la perspectiva de género que predican al "adherir" a la Ley Micaela".