Chubut y la paridad de género en la Justicia: una deuda que trasciende los escándalos Durante los escándalos en los poderes judiciales de distintas partes del país -o cuando las circunstancias ameritan la renovación de los jueces de los tribunales superiores- vuelve a aparecer la demanda por la paridad. La menor proporción de mujeres en los cargos más altos y una falta de perspectiva de género en los fallos constituyen una problemática generalizada en Argentina. Chubut avanzó con normativas en materia de género en la última década, aunque su cumplimiento no siempre es efectivo. En 2021, organizaciones por los derechos de las mujeres demandaron de manera colectiva que en la renovación del Superior Tribunal de Justicia se tuviese en cuenta a las mujeres. Así, Camila Banfi y Silvia Bustos pasaron a integrar el órgano junto a cuatro pares varones. Sin embargo, la provincia está lejos de garantizar la paridad completa: las magistradas son apenas las primeras mujeres en integrar el STJ provincial en casi 70 años de historia.
A primera vista, el sistema judicial argentino muestra paridad: según los datos del año pasado del Mapa de Género, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, las mujeres representan el 57% del plantel total de la Justicia. No obstante, ocupan apenas el 30% de los cargos de mayor jerarquía (ministras/os, procuradoras/es generales, defensoras/es generales). Y a pesar de estar en promedio más capacitadas, del total de quienes se presentan a concursos para ser juez/a solo el 23% son mujeres.
El informe destaca que "si se considera la sumatoria de quienes accedieron a un cargo de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a, incluyendo a quienes se desempeñaban como máximas autoridades, la proporción de mujeres es de 46%, aún por debajo de la paridad de género". Por el contrario, las mujeres son mayoría en el funcionariado (61%).
El panorama es similar en la Defensoría General de la Nación, la Procuración General y el plantel de la Justicia Nacional y Federal: la presencia de mujeres en general supera el 50% pero no alcanza la paridad cuando se miran los cargos más altos.
En la distribución de género en los distintos cargos del sistema judicial de Chubut, el funcionariado está compuesto en casi un 70% por mujeres. Los varones representan apenas el 30%. En la misma línea, los puestos administrativos tienen mayoría femenina: 65,76% versus 34,24% masculino. Sin embargo, al mirar los cargos de la Magistratura, la presencia femenina desciende: 46,51% versus un 53,49% compuesto por varones. Aunque con algunas variaciones, la composición se ha mantenido relativamente estable en todo el país en los últimos 15 años.
Como en otros ámbitos laborales, la presencia de mujeres se reduce mientras asciende la jerarquía. Entre los 111 juristas que conformaron la Corte Suprema Justicia de la Nación en sus 181 años de historia, solo tres fueron mujeres. En el caso de Chubut, recién en 2021 el Superior Tribunal de Justicia tuvo por primera vez en su historia a mujeres.
Un informe elaborado por Fundar analizó los procesos de selección de jueces y juezas del Consejo de la Magistratura para indagar sobre una problemática transversal a todo el sistema judicial argentino: la baja proporción de mujeres en los concursos y los obstáculos para ocupar cargos de mayor jerarquía, fenómeno denominado "techo de cristal".
Los datos muestran que existe una primera gran barrera: la inscripción. "De las personas que concursan, sólo un 23% son mujeres. Sin embargo, una vez que se presentan, avanzan con mejores resultados que los varones y el porcentaje de participación femenina va aumentando en cada paso. ¿Por qué entonces son tan pocas las que concursan?", expresa el documento.
Y enfatiza que a pesar de que el proceso de selección se presenta como un proceso "neutral y meritocrático", la realidad es que sus características "tienen un impacto diferencial en mujeres y varones". Entre los posibles motivos, destacan la falta de perspectiva de género de la normativa de los concursos, la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional y la autoexigencia a la hora de presentarse.
"Los concursos fueron diseñados con la experiencia masculina en mente y son ciegos a las situaciones que enfrentan las mujeres. Sobrevaloran aspectos como la producción jurídica, escribir libros o artículos, o acceder a cursos de capacitación y especialización, por sobre la idoneidad y la capacidad en la resoluciones judiciales", concluye el informe.
¿Falta de paridad en Chubut?
En 2021, en el marco de la renovación de 4 de los 6 integrantes del STJ provincial, distintas organizaciones gremiales y de Derechos Humanos reclamaron el cumplimiento de la perspectiva de género en el proceso de selección, enfatizando que en 63 años de existencia el órgano nunca había incorporado mujeres.
La demanda por paridad, lejos de una cuestión aislada, estaba en el centro del debate: desde el primer Ni Una Menos en 2015, la exigencia por una sociedad más igualitaria y la lucha contra las violencias se había convertido en el centro de múltiples políticas públicas. En 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lo que permitió afianzar en las provincias argentinas el proceso de institucionalización de las políticas de género. El mismo año se aprobó la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en materia de género en los tres poderes del Estado. A la fecha, el poder que muestra más resistencia a la capacitación es, precisamente, el judicial.
Desde 2016 Chubut cuenta, además, con la Ley Nº 12 de Igualdad Política de Género, que establece la obligación de garantizar la paridad en las listas de elecciones a cargos legislativos provinciales y municipales.
En el ámbito judicial, a través de la Ley Nº 152 se reglamenta la designación de ministros y se dispone que, en la medida de lo posible, se deberá respetar la paridad de género.
En este marco, Amnistía Internacional, CLADEM, ELA, FEIM, Mujeres x Mujeres y Ojo Paritario presentaron en 2021 una carta al gobernador de ese entonces, Mariano Arcioni, para garantizar la representación de género en el STJ. En medio de la discusión por la paridad, la propuesta del mandatario contemplaba dos hombres y sólo una mujer.
"El Poder Ejecutivo tiene la obligación de garantizar un proceso transparente, independiente y calificado en la designación de dichos integrantes y tiene la oportunidad histórica de avanzar hacia la igualdad de género en el poder judicial", afirmaron. La carta contó con firmas de distintas organizaciones como las regionales de APDH, CTA de los Trabajadores, HIJOS Puerto Madryn, Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut y la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia, entre otras.
El documento cita los datos aportados por el Mapa de Género el Sistema Judicial Argentino correspondientes al 2021 y remarcaba que si bien en los Tribunales Superiores más de la mitad de los cargos son ocupados por varones, en Chubut "el 100% de los cargos está y ha estado ocupado por varones, lo cual ilustra la falta de representatividad de las mujeres en los órganos de máxima decisión del poder judicial de la provincia".
"Así Chubut es una de las 4 provincias que no cuenta con mujeres en el máximo tribunal, junto a La Rioja, Formosa y Corrientes. En particular, tras 63 años de la conformación de la máxima magistratura de la Provincia de Chubut, nunca una mujer ha ocupado un cargo de ministra en el Tribunal Superior de Justicia. Aun cuando el 60% del Poder Judicial de la Provincia está integrado por mujeres, ese porcentaje desciende al 42,1% en los cargos de jueces. Y en el caso de los cargos más altos del Superior tribunal, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa Pública son ocupados exclusivamente por varones", agregaban.
"Finalmente, la perspectiva de género debe estar presente como un principio rector en los procesos de selección de candidaturas, así como en las políticas de acceso a la justicia. La mayor diversidad en la conformación de los puestos jerárquicos del poder judicial contribuye a una mayor representatividad en la resolución de asuntos públicos y de conflictos que pongan en juego derechos constitucionales (...) Reconfigurar la conformación del Superior Tribunal de Justicia para habilitar la participación de la mujer en pie de igualdad contribuiría positivamente en el acceso a justicia sin discriminación", cerraba la carta.
En el mismo sentido se expresó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia: "Solicitamos que a fin de asegurar un acceso igualitario a los cargos por parte de las mujeres y con el objetivo de revertir la situación de discriminación estructural que aqueja al Poder Judicial de la provincia de Chubut en materia de género, retire las postulaciones presentadas de los candidatos varones y tome las medidas necesarias para garantizar una conformación que represente la diversidad de género existente, y cese el estado de cosas discriminatorio en perjuicio del acceso de las mujeres a los cargos superiores del Poder Judicial de la Provincia".
"No podemos ser ilusos, sabemos que existen alianzas entre los partidos políticos, y que a la hora de proponer a los candidatos estos acuerdos entran en vigencia", expresó en ese momento Cecilia Sarasate, del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia.
"Hasta ahora no ha habido mujeres en el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia. Vemos que la paridad de género ha avanzado a nivel político, a nivel legislativo, pero no ha hecho lo propio dentro del Poder Judicial. Si bien en los juzgados de menor jerarquía hay mujeres, todavía no tenemos acceso al mayor órgano de la justicia. Tenemos muchísimas mujeres capacitadas para poder integrarlo, abogadas en ejercicio que han demostrado tener una gran solvencia. Llama la atención que una mujer tenga que probar idoneidad", afirmó.
Finalmente, asumieron como nuevos ministros Daniel Báez, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos y Camila Banfi Saavedra. De esta forma, el STJ de Chubut tuvo por primera vez en su historia mujeres ocupando la máxima jerarquía. La paridad, sin embargo, todavía queda lejos: considerando que el órgano está compuesto por 6 miembros, la presencia femenina representa el 30%, situación que se repite a lo largo de todo el país.
Sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz cuentan con mayoría femenina en el órgano máximo de Justicia, con un 60%. Le siguen Catamarca, que cumple con la paridad al tener la mitad de miembros varones y la otra mitad mujeres. Corrientes y Formosa, al contrario, no tienen mujeres en los tribunales superiores. En el resto de las provincias, el porcentaje de mujeres oscila entre el 16% y el 45%.
Nuevo reclamo por la paridad
En Chubut, el reclamo por la paridad volvió a estar en agenda en 2024, frente a la necesidad de cubrir una vacante del STJ. La eventual elección de una mujer permitiría a la provincia garantizar finalmente la paridad.
En esa oportunidad, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) hizo público un comunicado en el que exigía el cumplimiento de la Ley 152, que en la medida de lo posible debe respetar la paridad de género y la diversidad regional, "siendo esta la regla".
"En ningún caso puede interpretarse que la frase ‘en la medida de lo posible' haya sido incluida suponiendo que no hubiese mujeres con capacidad, pues entender la norma provincial de ese modo significaría aceptar que la ley es discriminatoria en tanto parte de un estereotipo que indica que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres para acceder a los cargos públicos", cuestionaron desde la organización. Y remarcaron la "oportunidad histórica" de que en la provincia se garantice por primera vez la paridad, por lo que recomendaron "descartar la candidatura de varones, de personas que no sean habitantes de la provincia y sin capacitación en derechos humanos".
A pesar de las demandas, asumió en la vacante Javier Raidan, por lo que se mantuvo el 30% de presencia femenina. De esta forma, la conformación del STJ provincial quedó de la siguiente manera: Javier Raidan como presidente, Camila Banfi, vicepresidenta, Ricardo Napolitani, vicepresidente, Silvia Bustos, Mario Vivas y Andrés Giacomone como ministros.
El mismo debate se produjo a nivel nacional el año pasado ante la vacante de dos lugares en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. En esa ocasión, más allá de las negociaciones políticas y la polémica por la designación de dos jueces por decreto, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina realizó una propuesta formal para la incorporación de dos mujeres a la Corte. La demanda, sin embargo, no prosperó y a la fecha el máximo tribunal nacional no cuenta con representación femenina.
Ley Micaela: el poder que más resiste a la capacitación
La paridad de género en los espacios del Poder Judicial es un reclamo fundamental que ha tomado fuerza en la última década. A la par, subyace la demanda colectiva de una Justicia con perspectiva de género. La falta de capacitación en la materia se hace evidente en fallos repudiados como la absolución de los acusados por el femicidio de Lucía Pérez, un crimen que movilizó el primer paro de mujeres en la Argentina. Cabe recordar que los tres acusados fueron condenados por la venta de droga y no por el femicidio, aunque años más tarde los jueces que tomaron la decisión fueron sometidos a jury.
En la provincia, la absolución de los imputados por la violación grupal en Playa Unión suscitó la misma indignación, no sólo por el fallo sino por el accionar del fiscal Fernando Rivarola, quien en medio del proceso afirmó que se trató de un "desahogo sexual".
La Ley Micaela, sancionada en 2019, plantea la capacitación en materia de género para los tres poderes del Estado, entendiendo que sus funcionarios deben respetar los derechos de mujeres y diversidades como un compromiso asumido tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales.
A partir de un pedido de información pública, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia logró conocer el nivel de cumplimiento de capacitación en el Poder Judicial. En cada uno de los ámbitos judiciales (Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa) el panorama es similar: los varones son mayoría en los puestos de mayor jerarquía. Sin embargo, a la hora de mirar los niveles de capacitación por género, proporcionalmente son las mujeres quienes más se capacitan.
En 2022 se publicó el Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales. El informe muestra cifras relativas a la capacitación considerablemente bajas, una tendencia general en casi todas las provincias.
Chubut, por ejemplo, se ubica entre las provincias con menor porcentaje de personal judicial capacitado, apenas del 36%, aunque está por encima de otras jurisdicciones como Chaco (35%), Mendoza (22%), Tucumán (20%) y Catamarca (12%). Entre las provincias con porcentajes más altos, se ubica Córdoba a la cabeza (88%), seguida de Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego (56%), Misiones (52%) y Santa Fe (45%).
Cabe remarcar que el informe registra los porcentajes de capacitación únicamente de las provincias que respondieron al pedido de información pública, lo que también representa una señal de deficiencia del sistema judicial argentino en relación a la transparencia.
Los bajos índices de capacitación inciden en la falta de perspectiva de género en los fallos judiciales. El informe hace referencia a fallos repudiables de los últimos años que evidencian la deuda pendiente de la Justicia argentina en materia de género. Citan, por ejemplo, el caso santafesino del juez Rodolfo Mingarini que en 2021 ordenó la liberación de un imputado de abuso sexual fundamentado en su decisión de utilizar un preservativo durante la agresión sexual, o la decisión del juez penal de Tucumán, Francisco Pisa, quien tenía bajo su competencia las denuncias de Paola Tacacho, quien solicitó durante años la protección en contra de quien terminó siendo su femicida.
Entre los ejemplos, también hacen referencia a la decisión de las juezas chubutenses María Laura Martini, Marcela Alejandra Pérez y Ana Karina Breckle que en 2022 absolvieron a los acusados por la violación grupal a una adolescente en Playa Unión bajo el argumento de que no logró probarse en el expediente un estado de ebriedad significativo como para no poder consentir el acto, revictimizando así a la denunciante.
A pesar de los avances, en Chubut la paridad en la justicia es deuda pendiente. Los fallos con perspectiva de género y los casos en que las mujeres logran ocupar espacios de poder parecen no ser la norma sino la excepción.
Durante los escándalos en los poderes judiciales de distintas partes del país -o cuando las circunstancias ameritan la renovación de los jueces de los tribunales superiores- vuelve a aparecer la demanda por la paridad. La menor proporción de mujeres en los cargos más altos y una falta de perspectiva de género en los fallos constituyen una problemática generalizada en Argentina. Chubut avanzó con normativas en materia de género en la última década, aunque su cumplimiento no siempre es efectivo. En 2021, organizaciones por los derechos de las mujeres demandaron de manera colectiva que en la renovación del Superior Tribunal de Justicia se tuviese en cuenta a las mujeres. Así, Camila Banfi y Silvia Bustos pasaron a integrar el órgano junto a cuatro pares varones. Sin embargo, la provincia está lejos de garantizar la paridad completa: las magistradas son apenas las primeras mujeres en integrar el STJ provincial en casi 70 años de historia.
A primera vista, el sistema judicial argentino muestra paridad: según los datos del año pasado del Mapa de Género, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, las mujeres representan el 57% del plantel total de la Justicia. No obstante, ocupan apenas el 30% de los cargos de mayor jerarquía (ministras/os, procuradoras/es generales, defensoras/es generales). Y a pesar de estar en promedio más capacitadas, del total de quienes se presentan a concursos para ser juez/a solo el 23% son mujeres.
El informe destaca que "si se considera la sumatoria de quienes accedieron a un cargo de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a, incluyendo a quienes se desempeñaban como máximas autoridades, la proporción de mujeres es de 46%, aún por debajo de la paridad de género". Por el contrario, las mujeres son mayoría en el funcionariado (61%).
El panorama es similar en la Defensoría General de la Nación, la Procuración General y el plantel de la Justicia Nacional y Federal: la presencia de mujeres en general supera el 50% pero no alcanza la paridad cuando se miran los cargos más altos.
En la distribución de género en los distintos cargos del sistema judicial de Chubut, el funcionariado está compuesto en casi un 70% por mujeres. Los varones representan apenas el 30%. En la misma línea, los puestos administrativos tienen mayoría femenina: 65,76% versus 34,24% masculino. Sin embargo, al mirar los cargos de la Magistratura, la presencia femenina desciende: 46,51% versus un 53,49% compuesto por varones. Aunque con algunas variaciones, la composición se ha mantenido relativamente estable en todo el país en los últimos 15 años.
Como en otros ámbitos laborales, la presencia de mujeres se reduce mientras asciende la jerarquía. Entre los 111 juristas que conformaron la Corte Suprema Justicia de la Nación en sus 181 años de historia, solo tres fueron mujeres. En el caso de Chubut, recién en 2021 el Superior Tribunal de Justicia tuvo por primera vez en su historia a mujeres.
Un informe elaborado por Fundar analizó los procesos de selección de jueces y juezas del Consejo de la Magistratura para indagar sobre una problemática transversal a todo el sistema judicial argentino: la baja proporción de mujeres en los concursos y los obstáculos para ocupar cargos de mayor jerarquía, fenómeno denominado "techo de cristal".
Los datos muestran que existe una primera gran barrera: la inscripción. "De las personas que concursan, sólo un 23% son mujeres. Sin embargo, una vez que se presentan, avanzan con mejores resultados que los varones y el porcentaje de participación femenina va aumentando en cada paso. ¿Por qué entonces son tan pocas las que concursan?", expresa el documento.
Y enfatiza que a pesar de que el proceso de selección se presenta como un proceso "neutral y meritocrático", la realidad es que sus características "tienen un impacto diferencial en mujeres y varones". Entre los posibles motivos, destacan la falta de perspectiva de género de la normativa de los concursos, la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional y la autoexigencia a la hora de presentarse.
"Los concursos fueron diseñados con la experiencia masculina en mente y son ciegos a las situaciones que enfrentan las mujeres. Sobrevaloran aspectos como la producción jurídica, escribir libros o artículos, o acceder a cursos de capacitación y especialización, por sobre la idoneidad y la capacidad en la resoluciones judiciales", concluye el informe.
¿Falta de paridad en Chubut?
En 2021, en el marco de la renovación de 4 de los 6 integrantes del STJ provincial, distintas organizaciones gremiales y de Derechos Humanos reclamaron el cumplimiento de la perspectiva de género en el proceso de selección, enfatizando que en 63 años de existencia el órgano nunca había incorporado mujeres.
La demanda por paridad, lejos de una cuestión aislada, estaba en el centro del debate: desde el primer Ni Una Menos en 2015, la exigencia por una sociedad más igualitaria y la lucha contra las violencias se había convertido en el centro de múltiples políticas públicas. En 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lo que permitió afianzar en las provincias argentinas el proceso de institucionalización de las políticas de género. El mismo año se aprobó la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en materia de género en los tres poderes del Estado. A la fecha, el poder que muestra más resistencia a la capacitación es, precisamente, el judicial.
Desde 2016 Chubut cuenta, además, con la Ley Nº 12 de Igualdad Política de Género, que establece la obligación de garantizar la paridad en las listas de elecciones a cargos legislativos provinciales y municipales.
En el ámbito judicial, a través de la Ley Nº 152 se reglamenta la designación de ministros y se dispone que, en la medida de lo posible, se deberá respetar la paridad de género.
En este marco, Amnistía Internacional, CLADEM, ELA, FEIM, Mujeres x Mujeres y Ojo Paritario presentaron en 2021 una carta al gobernador de ese entonces, Mariano Arcioni, para garantizar la representación de género en el STJ. En medio de la discusión por la paridad, la propuesta del mandatario contemplaba dos hombres y sólo una mujer.
"El Poder Ejecutivo tiene la obligación de garantizar un proceso transparente, independiente y calificado en la designación de dichos integrantes y tiene la oportunidad histórica de avanzar hacia la igualdad de género en el poder judicial", afirmaron. La carta contó con firmas de distintas organizaciones como las regionales de APDH, CTA de los Trabajadores, HIJOS Puerto Madryn, Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut y la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia, entre otras.
El documento cita los datos aportados por el Mapa de Género el Sistema Judicial Argentino correspondientes al 2021 y remarcaba que si bien en los Tribunales Superiores más de la mitad de los cargos son ocupados por varones, en Chubut "el 100% de los cargos está y ha estado ocupado por varones, lo cual ilustra la falta de representatividad de las mujeres en los órganos de máxima decisión del poder judicial de la provincia".
"Así Chubut es una de las 4 provincias que no cuenta con mujeres en el máximo tribunal, junto a La Rioja, Formosa y Corrientes. En particular, tras 63 años de la conformación de la máxima magistratura de la Provincia de Chubut, nunca una mujer ha ocupado un cargo de ministra en el Tribunal Superior de Justicia. Aun cuando el 60% del Poder Judicial de la Provincia está integrado por mujeres, ese porcentaje desciende al 42,1% en los cargos de jueces. Y en el caso de los cargos más altos del Superior tribunal, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa Pública son ocupados exclusivamente por varones", agregaban.
"Finalmente, la perspectiva de género debe estar presente como un principio rector en los procesos de selección de candidaturas, así como en las políticas de acceso a la justicia. La mayor diversidad en la conformación de los puestos jerárquicos del poder judicial contribuye a una mayor representatividad en la resolución de asuntos públicos y de conflictos que pongan en juego derechos constitucionales (...) Reconfigurar la conformación del Superior Tribunal de Justicia para habilitar la participación de la mujer en pie de igualdad contribuiría positivamente en el acceso a justicia sin discriminación", cerraba la carta.
En el mismo sentido se expresó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia: "Solicitamos que a fin de asegurar un acceso igualitario a los cargos por parte de las mujeres y con el objetivo de revertir la situación de discriminación estructural que aqueja al Poder Judicial de la provincia de Chubut en materia de género, retire las postulaciones presentadas de los candidatos varones y tome las medidas necesarias para garantizar una conformación que represente la diversidad de género existente, y cese el estado de cosas discriminatorio en perjuicio del acceso de las mujeres a los cargos superiores del Poder Judicial de la Provincia".
"No podemos ser ilusos, sabemos que existen alianzas entre los partidos políticos, y que a la hora de proponer a los candidatos estos acuerdos entran en vigencia", expresó en ese momento Cecilia Sarasate, del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia.
"Hasta ahora no ha habido mujeres en el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia. Vemos que la paridad de género ha avanzado a nivel político, a nivel legislativo, pero no ha hecho lo propio dentro del Poder Judicial. Si bien en los juzgados de menor jerarquía hay mujeres, todavía no tenemos acceso al mayor órgano de la justicia. Tenemos muchísimas mujeres capacitadas para poder integrarlo, abogadas en ejercicio que han demostrado tener una gran solvencia. Llama la atención que una mujer tenga que probar idoneidad", afirmó.
Finalmente, asumieron como nuevos ministros Daniel Báez, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos y Camila Banfi Saavedra. De esta forma, el STJ de Chubut tuvo por primera vez en su historia mujeres ocupando la máxima jerarquía. La paridad, sin embargo, todavía queda lejos: considerando que el órgano está compuesto por 6 miembros, la presencia femenina representa el 30%, situación que se repite a lo largo de todo el país.
Sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz cuentan con mayoría femenina en el órgano máximo de Justicia, con un 60%. Le siguen Catamarca, que cumple con la paridad al tener la mitad de miembros varones y la otra mitad mujeres. Corrientes y Formosa, al contrario, no tienen mujeres en los tribunales superiores. En el resto de las provincias, el porcentaje de mujeres oscila entre el 16% y el 45%.
Nuevo reclamo por la paridad
En Chubut, el reclamo por la paridad volvió a estar en agenda en 2024, frente a la necesidad de cubrir una vacante del STJ. La eventual elección de una mujer permitiría a la provincia garantizar finalmente la paridad.
En esa oportunidad, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) hizo público un comunicado en el que exigía el cumplimiento de la Ley 152, que en la medida de lo posible debe respetar la paridad de género y la diversidad regional, "siendo esta la regla".
"En ningún caso puede interpretarse que la frase ‘en la medida de lo posible' haya sido incluida suponiendo que no hubiese mujeres con capacidad, pues entender la norma provincial de ese modo significaría aceptar que la ley es discriminatoria en tanto parte de un estereotipo que indica que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres para acceder a los cargos públicos", cuestionaron desde la organización. Y remarcaron la "oportunidad histórica" de que en la provincia se garantice por primera vez la paridad, por lo que recomendaron "descartar la candidatura de varones, de personas que no sean habitantes de la provincia y sin capacitación en derechos humanos".
A pesar de las demandas, asumió en la vacante Javier Raidan, por lo que se mantuvo el 30% de presencia femenina. De esta forma, la conformación del STJ provincial quedó de la siguiente manera: Javier Raidan como presidente, Camila Banfi, vicepresidenta, Ricardo Napolitani, vicepresidente, Silvia Bustos, Mario Vivas y Andrés Giacomone como ministros.
El mismo debate se produjo a nivel nacional el año pasado ante la vacante de dos lugares en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. En esa ocasión, más allá de las negociaciones políticas y la polémica por la designación de dos jueces por decreto, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina realizó una propuesta formal para la incorporación de dos mujeres a la Corte. La demanda, sin embargo, no prosperó y a la fecha el máximo tribunal nacional no cuenta con representación femenina.
Ley Micaela: el poder que más resiste a la capacitación
La paridad de género en los espacios del Poder Judicial es un reclamo fundamental que ha tomado fuerza en la última década. A la par, subyace la demanda colectiva de una Justicia con perspectiva de género. La falta de capacitación en la materia se hace evidente en fallos repudiados como la absolución de los acusados por el femicidio de Lucía Pérez, un crimen que movilizó el primer paro de mujeres en la Argentina. Cabe recordar que los tres acusados fueron condenados por la venta de droga y no por el femicidio, aunque años más tarde los jueces que tomaron la decisión fueron sometidos a jury.
En la provincia, la absolución de los imputados por la violación grupal en Playa Unión suscitó la misma indignación, no sólo por el fallo sino por el accionar del fiscal Fernando Rivarola, quien en medio del proceso afirmó que se trató de un "desahogo sexual".
La Ley Micaela, sancionada en 2019, plantea la capacitación en materia de género para los tres poderes del Estado, entendiendo que sus funcionarios deben respetar los derechos de mujeres y diversidades como un compromiso asumido tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales.
A partir de un pedido de información pública, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia logró conocer el nivel de cumplimiento de capacitación en el Poder Judicial. En cada uno de los ámbitos judiciales (Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa) el panorama es similar: los varones son mayoría en los puestos de mayor jerarquía. Sin embargo, a la hora de mirar los niveles de capacitación por género, proporcionalmente son las mujeres quienes más se capacitan.
En 2022 se publicó el Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales. El informe muestra cifras relativas a la capacitación considerablemente bajas, una tendencia general en casi todas las provincias.
Chubut, por ejemplo, se ubica entre las provincias con menor porcentaje de personal judicial capacitado, apenas del 36%, aunque está por encima de otras jurisdicciones como Chaco (35%), Mendoza (22%), Tucumán (20%) y Catamarca (12%). Entre las provincias con porcentajes más altos, se ubica Córdoba a la cabeza (88%), seguida de Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego (56%), Misiones (52%) y Santa Fe (45%).
Cabe remarcar que el informe registra los porcentajes de capacitación únicamente de las provincias que respondieron al pedido de información pública, lo que también representa una señal de deficiencia del sistema judicial argentino en relación a la transparencia.
Los bajos índices de capacitación inciden en la falta de perspectiva de género en los fallos judiciales. El informe hace referencia a fallos repudiables de los últimos años que evidencian la deuda pendiente de la Justicia argentina en materia de género. Citan, por ejemplo, el caso santafesino del juez Rodolfo Mingarini que en 2021 ordenó la liberación de un imputado de abuso sexual fundamentado en su decisión de utilizar un preservativo durante la agresión sexual, o la decisión del juez penal de Tucumán, Francisco Pisa, quien tenía bajo su competencia las denuncias de Paola Tacacho, quien solicitó durante años la protección en contra de quien terminó siendo su femicida.
Entre los ejemplos, también hacen referencia a la decisión de las juezas chubutenses María Laura Martini, Marcela Alejandra Pérez y Ana Karina Breckle que en 2022 absolvieron a los acusados por la violación grupal a una adolescente en Playa Unión bajo el argumento de que no logró probarse en el expediente un estado de ebriedad significativo como para no poder consentir el acto, revictimizando así a la denunciante.
A pesar de los avances, en Chubut la paridad en la justicia es deuda pendiente. Los fallos con perspectiva de género y los casos en que las mujeres logran ocupar espacios de poder parecen no ser la norma sino la excepción.
