El fiscal Fernando Rivarola se hizo tristemente célebre en la jornada de ayer con su definición de "desahogo sexual" con la que catalogó la violación que protagonizaron los integrantes de "la manada" en Chubut.
En su historia reciente, el fiscal provincial cargó sobre sus espaldas las acusaciones en la causa de espionaje efectuado en Esquel contra militantes sociales del No a la Mina y los miembros de la comunidad mapuche.
El duro golpe al movimiento Ni una menos, en el mismo día de su quinto aniversario, tiene correlato con sentencias anteriores de la Justicia bajo el concepto de "desahogo sexual" como el que utilizó el fiscal Rivarola.
El concepto "desahogo sexual" no es algo que el fiscal Rivarola haya inventado sino que aparece en muchos artículos y sentencias. No sorprende que un fiscal pacte una pena más baja con el acusado en causas por abuso sexual. Falta mucha perspectiva de género en el mundo judicial. https://t.co/lt8n9CHtBzpic.twitter.com/LBDum6pbhP
— Sol Rodriguez Garnica %uD83D%uDC9A (@SolRGarnica) June 3, 2020
Las denuncias contra Rivarola en las redes sociales.
Este es el artículo completo escrito por Pablo Quintana y publicado por EES el 20 de febrero de 2017.
El juez federal Guido Otranto entiende que los fiscales provinciales son autores del delito de relacionarse de manera prohibida por el artículo 15 bis de la 25.520 con un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE.
El procesamiento de dos fiscales provinciales -Fernando Rivarola y María Bottini- y de los policías Claudio Alfredo Rodríguez -encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones- y de quien fuera jefe de la División Investigaciones de Esquel, Adrián Alejandro Muñoz, constituye un punto de inflexión que pone en evidencia irregularidades flagrantes en la Justicia de Chubut y en la ex SIDE; y un pobre desempeño de casi todos los integrantes del Consejo de la Magistratura.
Por esta misma causa hay un agente de inteligencia de la AFI (cuyo nombre aún permanece en el anonimato) que ya fue procesado por realizar esas tareas de espionaje prohibidas por la Ley.
Vuelta Del Río, en la mira
El 28 de mayo de 2015 el espía se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel para dejar información sobre la investigación que tres fiscales generales estaban realizando sobre la recuperación territorial en Vuelta del Río y la comunidad mapuche que protagoniza un litigio con la corporación Benetton.
La recuperación territorial mapuche se había iniciado dos meses antes, y la fiscalía inició una causa por usurpación a la que luego se sumó el propio holding Benetton, hasta pretender aplicar la ley antiterrorista contra los integrantes de los Pueblos Originarios. La causa estaba motorizada por los tres fiscales: Révori, Bottini y Rivarola.
Los funcionarios judiciales tuvieron en su poder durante tres meses fichas de vecinos, entre los que figuran abogados, periodistas, docentes, entre otros, hasta que en el marco de una audiencia la Defensa Pública denunció este hecho.
Fuera de la ley
El artículo 15 bis de la 25.520 establece que "Toda relación o actuación entre la Agencia Federal de Inteligencia, y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, vinculados a las actividades reguladas por la presente ley sólo podrán ser ejercidas por el Director General o el Subdirector General o por el funcionario a quien se autorice expresamente a realizar dicha actividad. El incumplimiento de este artículo conllevará la nulidad de lo actuado y hará pasible de responsabilidad disciplinaria, penal y civil a todos quienes incurrieran en dicho".
De la actuación del espía se desprende que no hubo orden judicial alguna y tampoco diligencia emanada de las autoridades que por entonces comandaban los destinos de la Agencia Federal de Inteligencia.
Muñoz, uno de los efectivos policiales procesados, fue quien declaró que el espía acudió a su oficina en el marco de la investigación relativa a la recuperación territorial en la zona de Leleque. Si bien aclaró que no lo conocía, reconoció que trabajaba de manera coordinada con la ex Secretaría de Inteligencia.
El papelón del Consejo de la Magistratura
En mayo del año pasado el Consejo de la Magistratura de Chubut había resuelto archivar la denuncia que las víctimas del espionaje habían elevado contra los fiscales de Esquel, Rivarola, Revori y Bottini.
El cuerpo colegiado presidido por el esquelense Horacio Crea, que responde al Chusoto, resolvió por mayoría no dar lugar al planteo. Siete consejeros votaron por el archivo de la causa, cuatro habían planteado con criterio esperar una resolución de la Justicia Federal y solo uno se inclinó por enviar a los fiscales a jury de enjuiciamiento.
El procesamiento de los fiscales se suma a una serie de episodios marcados por la negligencia y la desprolijidad. El escándalo envuelve la causa por la recuperación territorial y vuelve a poner el foco en el accionar de la Justicia.
