Lozano: "El tema de la deuda no se solucionó"El economista e integrante del directorio del Banco Nación sostuvo que "se despejó el horizonte del corto plazo" en materia de endeudamiento, y remarcó que "falta la negociación con el Fondo Monetario" para ver "cómo" se puede aprovechar "ese oxígeno".
Claudio Lozano, economista y director del Banco Nación, indicó que el acuerdo del gobierno con los acreedores de deuda en moneda extranjera, "no solucionó el problema de la deuda" y aclaró que "la lógica del endeudamiento perpetuo donde tomamos deuda nueva para pagar deuda vieja, mientras además pagamos intereses anualmente, es la que sigue presidiendo este tipo de negociaciones".
El economista remarcó que "se despejó el horizonte de corto plazo, ya que quedan solo 6.000 millones de dólares de vencimientos en estos cuatro años" aunque advirtió que "todavía falta, para ver cómo vamos a poder aprovechar ese oxígeno, la negociación con el fondo monetario internacional".
"Para poder articular poder adquisitivo, consumo popular, uso de la capacidad ociosa, y financiamiento de capital de trabajo, el Estado argentino tiene que tener autonomía e independencia a la hora de definir la política económica y no tener el chaleco de fuerza que suelen ser las recomendaciones del fondo", expresó Lozano en diálogo con Va Con Firma.
Consultado por el caso Vincentin, el integrante de Unidad Popular afirmó que "el propio gobierno y el presidente, en el momento de derogar el decreto" que disponía su intervención "dijeron que el compromiso" es poner "todas las herramientas del Estado para la investigación y desentrañar el fraude de Vicentin".
Explicó que "hay un montón de iniciativas de carácter judicial que van a ayudar a poner blanco sobre negro la situación concreta del comportamiento que este grupo empresario ha tenido" y agregó que "si avanzan las herramientas del Estado en el campo judicial va a haber elementos de sobra para volver a discutir esto de mejor manera"; además de aclarar que "habrá que ver si no es necesario volver a tomar la decisión de intervenir".
-¿Cómo analiza el acuerdo del gobierno con los acreedores externos?
-Si esto quiere presentarse como la solución al problema el endeudamiento, acá no se solucionó el tema de la deuda. La mochila de la deuda sigue intacta, y esto es porque objetivamente una deuda que se tomó sin evaluar su capacidad de repago, por definición, no tiene solución financiera; merece un tratamiento integral de carácter político, constitucional, jurídico, que cuestione la lógica que tuvo el endeudamiento y consecuentemente a los acreedores. Como esto no se hizo, como de alguna manera la auditoría parlamentaria, la investigación de la deuda pública sigue sin ser un instrumento que la Argentina democrática utilice para fortalecer su capacidad de negociación, el resultado sigue siendo el mismo. Lo que se hace es posponer los vencimientos, que es lo que se ha hecho, consecuentemente se ha logrado despejar el período 2020 2024; en ese período teníamos una concentración de vencimientos de aproximadamente 63 mil millones de dólares, en la práctica se ha reducido a 6 mil millones, por lo que el oxígeno que se ha logrado en el corto plazo es importante. A partir del 2025 las cosas se complejizan, los vencimientos que la Argentina tiene la obligan a volver a salir al mercado financiero pero no para tomar deuda para financiar el desarrollo sino para tomar deuda que permita cancelar esa parte de la deuda que la Argentina no tiene como cancelar. La lógica del endeudamiento perpetuo donde tomamos deuda nueva para pagar deuda vieja mientras además pagamos intereses anualmente es la que sigue presidiendo este tipo de negociaciones. No se resuelve el tema, la mochila es la misma, ni siquiera hay quita de capital, lo que hay es una reducción de intereses en un contexto donde, a pesar de la reducción de la tasa de interés que la Argentina paga, es visiblemente superior a la tasa internacional que es cero. En este contexto la Argentina compromete una tasa superior al 3, que es inferior a la tasa promedio del 6 que teníamos para la deuda, pero es muy superior a la media internacional. Con lo cual no se resuelve el tema.
-A esto se le suma la negociación con el Fondo Monetario.
-Es el segundo problema, porque se despejó el horizonte de corto plazo, ya que quedan solo 6.000 millones de dólares de vencimientos en estos cuatro años. Esto quiere decir que la presión del endeudamiento sobre las cuentas públicas es menor y consecuentemente esto libera recursos y a la vez la presión para que los dólares que la Argentina consiga por su saldo comercial se destinen al pago de deuda también es menor. Por ende, hay un oxígeno de corto plazo, que es el que habría que utilizar para poner en marcha el proceso de recuperación y de reactivación de la economía Argentina. Pero todavía falta, para ver cómo vamos a poder aprovechar ese oxígeno, la negociación con el fondo monetario internacional.
-¿Cómo ve ese proceso de negociación?
-Sabemos que sus recomendaciones en materia de política económica suelen ser bastante negativas, porque en general atan las herramientas de la política fiscal y de la política monetaria y pueden ser perjudiciales para una reactivación, que necesita más poder adquisitivo y para eso se necesita al Estado, necesita financiamiento de capital de trabajo y para eso se necesita política monetaria, con el objetivo de utilizar la capacidad ociosa existente. Para poder articular poder adquisitivo, consumo popular, uso de la capacidad ociosa, y financiamiento de capital de trabajo, el Estado argentino tiene que tener autonomía e independencia a la hora de definir la política económica y no tener el chaleco de fuerza que suelen ser las recomendaciones del fondo. Así que las posibilidades de aprovechar el oxígeno que se logra con esta negociación depende de los términos que tenga la negociación con el fondo, donde es de esperar que el gobierno tenga una posición de firmeza, primero para lograr que el fondo posponga sus vencimientos porque es el principal acreedor de la deuda pública de la Argentina en estos años. Lo que terminamos acá es la deuda con los bonistas bajo legislación extranjera, supuestamente esto se proyecta para los que están bajo legislación local, pero sigue siendo el fondo el acreedor principal que pide que cancelemos 44.900 millones de dólares en tres años. Por lo tanto, ahí hay un núcleo fuerte y esa postergación de los pagos tiene que venir asociada a garantizar que el fondo no pida a cambio de esto el sostenimiento de políticas que ya le han hecho demasiado mal a la Argentina y además se trata de un organismo que es el principal responsable junto con el gobierno anterior de la crisis argentina.
-¿Le parece que se puede lograr un acuerdo con el FMI sin estos condicionamientos teniendo en cuenta las irregularidades en el otorgamiento del préstamo?
-Creo que las irregularidades que tiene el acuerdo con el fondo, que está absolutamente flojo de papeles, tanto en lo que se hizo acá en la Argentina como lo que hizo el propio fondo que prestó violando su propio estatuto. Lo que queda claro es que condiciones políticas para que la Argentina se plante y no acepte condicionalidades que no corresponden, existen. Esto dependerá de la decisión política del gobierno y de la posibilidad del gobierno de amalgamar una base de articulación social y política dentro de la Argentina que le permita dar esta discusión en condiciones ventajosas. Para esto hay que sacarse de encima cierta historia de tratar de buscar como articulación social de la gestión gubernamental a los conocidos de siempre, a los factores de poder tradicional. Si voy a sentar en mi mesa para sostener mi política a la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, a la Mesa de Enlace o a la Sociedad Rural, y a la CGT que articuló su estrategia con el macrismo; si siento al poder económico y a los sindicatos que han sido parte del proceso vivido, entre otras cosas, estoy sentando grupos empresarios que están comprometidos con el endeudamiento porque tienen bonos de deuda pública de la Argentina en su propia cartera y quieren cobrarlos. Y si no siento al conjunto de las organizaciones populares que integran también la experiencia electoral del Frente de Todos, para que haya pluralidad de voces, si no siento a los pequeños y medianos empresarios y a los movimientos territoriales, si no siento en la mesa de la discusión para armar un consenso a todos los actores y solo siento a aquellos que expresan al poder económico de la Argentina, es muy difícil negociar, porque estoy apresado en una jaula donde los que están rodeándome son los mismos que de alguna manera son socios y articulan permanentemente con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, en este sentido, la dinámica política que imprima el gobierno nacional, la capacidad de vertebrar un espacio de articulación que sea fiel a los matices y riquezas que el Frente de Todos tiene, es una cuestión trascendente a la hora de establecer negociaciones en condiciones de firmeza política, que son las que necesitamos para poder afrontar un momento tan difícil como el que estamos. Aparte no solo hay irregularidades en el proceso de endeudamiento, en el modo en que se comportó el fondo con la Argentina, que ha sido hasta reconocido por los propios integrantes del departamento de estado norteamericano, sino que la situación mundial y local, el efecto pandemia, también debe ser utilizado para decir por qué razón no se puede seguir apretando una comunidad que tiene 45% de la población bajo la línea de la pobreza, 15% de tasa de desempleo y una situación social donde incluso el hambre en este país pletórico en alimentos sigue creciendo. Me parece que es un contexto social sumamente difícil que obliga a una decisión política realmente firme y a una inteligencia política a la hora de la convocatoria para sostener una negociación diferente.
-¿Cómo vio el cierre que hizo el gobierno del tema Vicentin con la anulación del decreto de intervención?
-Primero no hay un cierre, porque todas las razones que se esgrimieron al momento que se decidió la intervención siguen presentes. Acá hay un grupo empresario que ha producido un vaciamiento, que ha puesto en marcha un concurso que lleva a una situación de quiebra fraudulenta, claramente Vicentin desdobló el grupo empresario, trasladó la empresa madre Holding al Uruguay y consecuentemente dejó en Argentina la deuda. Y buena parte de su patrimonio queda fuera del concurso, por lo tanto, acá de lo que se trata es de unificar y mostrar el respaldo patrimonial que Vicentin tiene para afrontar las deudas que tiene con los trabajadores, con los 1.895 productores y con la banca pública. Las razones que dieron origen a la intervención siguen presentes, los trabajadores viven la incertidumbre, los productores y las 98 cooperativas siguen defraudadas, la banca pública no recuperó sus créditos y la posibilidad de que haya una amenaza de extranjerización o de concentración aún mayor del comercio exterior de granos de la Argentina a partir de que alguno de los operadores de este mercado compre buena parte de las estructuras de Vicentin, son los problemas que enunció el presidente cuando decidió la intervención. Así que todo sigue como estaba.
-¿Cuál es la situación actual con respecto a Vicentin?
-Lo que está ahora en curso, porque el propio gobierno y el presidente en el momento de derogar el decreto lo dijeron, es el compromiso de poner todas las herramientas del Estado para la investigación y desentrañar el fraude de Vicentin. El Banco Nación viene haciendo lo suyo en el marco del concurso, buscando unificar el patrimonio completo del grupo para que responda frente a la deuda; también hay una causa penal que está en manos del juez Ercolini y donde el fiscal Pollicita ha allanado las instalaciones de Vicentin y ha planteado al inhibición de bienes tanto para el directorio de la empresa como para el directorio del Banco Nación anterior; hay también en marcha una presentación judicial por parte de la administración federal de impuestos, porque Vicentin tiene situaciones cuasi delictivas en la materia; tenemos en marcha otras investigaciones por parte de la Unidad de Información Financiera, que es también querellante en la causa penal que opera en Comodoro Py; hay causas presentadas en el juzgado comercial y en el juzgado penal de Rosario y de la provincia de Santa Fe; está el juicio que los acreedores extranjeros llevan adelante en Nueva York con un Discovery buscando saber adónde fue el dinero e investigando las cuentas de los accionistas particulares de Vincentin en las guaridas fiscales de Bermudas, de Panamá y demás; y hay causas en Suiza para investigar el vínculo de Vincentin con el grupo suizo Glencore. Es decir, hay un montón de iniciativas de carácter judicial que van a ayudar a poner blanco sobre negro la situación concreta del comportamiento que este grupo empresario ha tenido y en ese marco habrá que ver si no es necesario volver a tomar la decisión de intervenir. Porque acá lo que pasó es que el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional quedaron enredados en el pago chico de Reconquista donde Vicentin tiene un control institucional muy importante, el propio juez del concurso es un juez que apaña las irregularidades de la empresa a punto tal de que sigue permitiendo que no haya presentado ni siquiera el balance correspondiente al 2019, no lo presentó ni en la asamblea de accionistas de octubre del año pasado, tampoco al comenzar el concurso en febrero, y no lo ha presentado hasta ahora; y le ha dado 40 días judiciales más. No hay concurso que se pueda llevar adelante sin un balance correspondiente al año que se está discutiendo. Así que creo que van a existir condiciones para volver a dar el debate, porque lo que hubo fue un aprovechamiento por parte de los medios hegemónicos y del poder económico más concentrado que se sintió preocupado frente al hecho de que el Estado pudiera tomar control sobre un herramienta del comercio exterior de granos, dado que el Estado argentino no tiene ninguna para controlarlo y es un mercado fuertemente opaco y oscuro donde la subfacturación de exportaciones y la fuga de capitales están al orden del día. En ese marco se pusieron en marcha una serie de muletillas absolutamente mentirosas como decir que la intervención del Ejecutivo implicaba violentar la seguridad jurídica cuando acá el único que violentó la seguridad jurídica dejando 2.600 acreedores colgados del pincel es Vicentin. Decían que se violentaba la propiedad privada cuando en realidad los productores detentan propiedad privada, las cooperativas también, los bancos también, en este sentido, el único que avasalló la propiedad privada es Vincentin. Se dijo que iba a haber una mala imagen de la Argentina en el exterior y que esto iba a complicar la negociación de la deuda cuando Vicentin le debe 500 millones de dólares a bancos extranjeros y el principal acreedor de Vincetin de los extranjeros es el Banco Mundial, y con el Banco Mundial a la cabeza están llevando adelante una causa en Nueva York para investigar qué hizo Vicentin con el dinero. Son los primeros que sospechan que Vicentin hizo fraude. La cantidad de falacias que se han dicho para tratar de evitar una discusión seria sobre un tema que hay que resolver, que involucra a 130.000 personas de las provincias de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires y de Entre Ríos, que involucra a la economía del norte de la provincia, que afecta a un área estratégica como el comercio de granos de nuestro país; merecía y merece una intervención del Estado para resolverlo. De otra manera la solución no va a ser buena. Si avanzan las herramientas del Estado en el campo judicial creo que va a haber elementos de sobra para volver a discutir esto de mejor manera.
Fuente: Va Con Firma
El economista e integrante del directorio del Banco Nación sostuvo que "se despejó el horizonte del corto plazo" en materia de endeudamiento, y remarcó que "falta la negociación con el Fondo Monetario" para ver "cómo" se puede aprovechar "ese oxígeno".
Claudio Lozano, economista y director del Banco Nación, indicó que el acuerdo del gobierno con los acreedores de deuda en moneda extranjera, "no solucionó el problema de la deuda" y aclaró que "la lógica del endeudamiento perpetuo donde tomamos deuda nueva para pagar deuda vieja, mientras además pagamos intereses anualmente, es la que sigue presidiendo este tipo de negociaciones".
El economista remarcó que "se despejó el horizonte de corto plazo, ya que quedan solo 6.000 millones de dólares de vencimientos en estos cuatro años" aunque advirtió que "todavía falta, para ver cómo vamos a poder aprovechar ese oxígeno, la negociación con el fondo monetario internacional".
"Para poder articular poder adquisitivo, consumo popular, uso de la capacidad ociosa, y financiamiento de capital de trabajo, el Estado argentino tiene que tener autonomía e independencia a la hora de definir la política económica y no tener el chaleco de fuerza que suelen ser las recomendaciones del fondo", expresó Lozano en diálogo con Va Con Firma.
Consultado por el caso Vincentin, el integrante de Unidad Popular afirmó que "el propio gobierno y el presidente, en el momento de derogar el decreto" que disponía su intervención "dijeron que el compromiso" es poner "todas las herramientas del Estado para la investigación y desentrañar el fraude de Vicentin".
Explicó que "hay un montón de iniciativas de carácter judicial que van a ayudar a poner blanco sobre negro la situación concreta del comportamiento que este grupo empresario ha tenido" y agregó que "si avanzan las herramientas del Estado en el campo judicial va a haber elementos de sobra para volver a discutir esto de mejor manera"; además de aclarar que "habrá que ver si no es necesario volver a tomar la decisión de intervenir".
-¿Cómo analiza el acuerdo del gobierno con los acreedores externos?
-Si esto quiere presentarse como la solución al problema el endeudamiento, acá no se solucionó el tema de la deuda. La mochila de la deuda sigue intacta, y esto es porque objetivamente una deuda que se tomó sin evaluar su capacidad de repago, por definición, no tiene solución financiera; merece un tratamiento integral de carácter político, constitucional, jurídico, que cuestione la lógica que tuvo el endeudamiento y consecuentemente a los acreedores. Como esto no se hizo, como de alguna manera la auditoría parlamentaria, la investigación de la deuda pública sigue sin ser un instrumento que la Argentina democrática utilice para fortalecer su capacidad de negociación, el resultado sigue siendo el mismo. Lo que se hace es posponer los vencimientos, que es lo que se ha hecho, consecuentemente se ha logrado despejar el período 2020 2024; en ese período teníamos una concentración de vencimientos de aproximadamente 63 mil millones de dólares, en la práctica se ha reducido a 6 mil millones, por lo que el oxígeno que se ha logrado en el corto plazo es importante. A partir del 2025 las cosas se complejizan, los vencimientos que la Argentina tiene la obligan a volver a salir al mercado financiero pero no para tomar deuda para financiar el desarrollo sino para tomar deuda que permita cancelar esa parte de la deuda que la Argentina no tiene como cancelar. La lógica del endeudamiento perpetuo donde tomamos deuda nueva para pagar deuda vieja mientras además pagamos intereses anualmente es la que sigue presidiendo este tipo de negociaciones. No se resuelve el tema, la mochila es la misma, ni siquiera hay quita de capital, lo que hay es una reducción de intereses en un contexto donde, a pesar de la reducción de la tasa de interés que la Argentina paga, es visiblemente superior a la tasa internacional que es cero. En este contexto la Argentina compromete una tasa superior al 3, que es inferior a la tasa promedio del 6 que teníamos para la deuda, pero es muy superior a la media internacional. Con lo cual no se resuelve el tema.
-A esto se le suma la negociación con el Fondo Monetario.
-Es el segundo problema, porque se despejó el horizonte de corto plazo, ya que quedan solo 6.000 millones de dólares de vencimientos en estos cuatro años. Esto quiere decir que la presión del endeudamiento sobre las cuentas públicas es menor y consecuentemente esto libera recursos y a la vez la presión para que los dólares que la Argentina consiga por su saldo comercial se destinen al pago de deuda también es menor. Por ende, hay un oxígeno de corto plazo, que es el que habría que utilizar para poner en marcha el proceso de recuperación y de reactivación de la economía Argentina. Pero todavía falta, para ver cómo vamos a poder aprovechar ese oxígeno, la negociación con el fondo monetario internacional.
-¿Cómo ve ese proceso de negociación?
-Sabemos que sus recomendaciones en materia de política económica suelen ser bastante negativas, porque en general atan las herramientas de la política fiscal y de la política monetaria y pueden ser perjudiciales para una reactivación, que necesita más poder adquisitivo y para eso se necesita al Estado, necesita financiamiento de capital de trabajo y para eso se necesita política monetaria, con el objetivo de utilizar la capacidad ociosa existente. Para poder articular poder adquisitivo, consumo popular, uso de la capacidad ociosa, y financiamiento de capital de trabajo, el Estado argentino tiene que tener autonomía e independencia a la hora de definir la política económica y no tener el chaleco de fuerza que suelen ser las recomendaciones del fondo. Así que las posibilidades de aprovechar el oxígeno que se logra con esta negociación depende de los términos que tenga la negociación con el fondo, donde es de esperar que el gobierno tenga una posición de firmeza, primero para lograr que el fondo posponga sus vencimientos porque es el principal acreedor de la deuda pública de la Argentina en estos años. Lo que terminamos acá es la deuda con los bonistas bajo legislación extranjera, supuestamente esto se proyecta para los que están bajo legislación local, pero sigue siendo el fondo el acreedor principal que pide que cancelemos 44.900 millones de dólares en tres años. Por lo tanto, ahí hay un núcleo fuerte y esa postergación de los pagos tiene que venir asociada a garantizar que el fondo no pida a cambio de esto el sostenimiento de políticas que ya le han hecho demasiado mal a la Argentina y además se trata de un organismo que es el principal responsable junto con el gobierno anterior de la crisis argentina.
-¿Le parece que se puede lograr un acuerdo con el FMI sin estos condicionamientos teniendo en cuenta las irregularidades en el otorgamiento del préstamo?
-Creo que las irregularidades que tiene el acuerdo con el fondo, que está absolutamente flojo de papeles, tanto en lo que se hizo acá en la Argentina como lo que hizo el propio fondo que prestó violando su propio estatuto. Lo que queda claro es que condiciones políticas para que la Argentina se plante y no acepte condicionalidades que no corresponden, existen. Esto dependerá de la decisión política del gobierno y de la posibilidad del gobierno de amalgamar una base de articulación social y política dentro de la Argentina que le permita dar esta discusión en condiciones ventajosas. Para esto hay que sacarse de encima cierta historia de tratar de buscar como articulación social de la gestión gubernamental a los conocidos de siempre, a los factores de poder tradicional. Si voy a sentar en mi mesa para sostener mi política a la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, a la Mesa de Enlace o a la Sociedad Rural, y a la CGT que articuló su estrategia con el macrismo; si siento al poder económico y a los sindicatos que han sido parte del proceso vivido, entre otras cosas, estoy sentando grupos empresarios que están comprometidos con el endeudamiento porque tienen bonos de deuda pública de la Argentina en su propia cartera y quieren cobrarlos. Y si no siento al conjunto de las organizaciones populares que integran también la experiencia electoral del Frente de Todos, para que haya pluralidad de voces, si no siento a los pequeños y medianos empresarios y a los movimientos territoriales, si no siento en la mesa de la discusión para armar un consenso a todos los actores y solo siento a aquellos que expresan al poder económico de la Argentina, es muy difícil negociar, porque estoy apresado en una jaula donde los que están rodeándome son los mismos que de alguna manera son socios y articulan permanentemente con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, en este sentido, la dinámica política que imprima el gobierno nacional, la capacidad de vertebrar un espacio de articulación que sea fiel a los matices y riquezas que el Frente de Todos tiene, es una cuestión trascendente a la hora de establecer negociaciones en condiciones de firmeza política, que son las que necesitamos para poder afrontar un momento tan difícil como el que estamos. Aparte no solo hay irregularidades en el proceso de endeudamiento, en el modo en que se comportó el fondo con la Argentina, que ha sido hasta reconocido por los propios integrantes del departamento de estado norteamericano, sino que la situación mundial y local, el efecto pandemia, también debe ser utilizado para decir por qué razón no se puede seguir apretando una comunidad que tiene 45% de la población bajo la línea de la pobreza, 15% de tasa de desempleo y una situación social donde incluso el hambre en este país pletórico en alimentos sigue creciendo. Me parece que es un contexto social sumamente difícil que obliga a una decisión política realmente firme y a una inteligencia política a la hora de la convocatoria para sostener una negociación diferente.
-¿Cómo vio el cierre que hizo el gobierno del tema Vicentin con la anulación del decreto de intervención?
-Primero no hay un cierre, porque todas las razones que se esgrimieron al momento que se decidió la intervención siguen presentes. Acá hay un grupo empresario que ha producido un vaciamiento, que ha puesto en marcha un concurso que lleva a una situación de quiebra fraudulenta, claramente Vicentin desdobló el grupo empresario, trasladó la empresa madre Holding al Uruguay y consecuentemente dejó en Argentina la deuda. Y buena parte de su patrimonio queda fuera del concurso, por lo tanto, acá de lo que se trata es de unificar y mostrar el respaldo patrimonial que Vicentin tiene para afrontar las deudas que tiene con los trabajadores, con los 1.895 productores y con la banca pública. Las razones que dieron origen a la intervención siguen presentes, los trabajadores viven la incertidumbre, los productores y las 98 cooperativas siguen defraudadas, la banca pública no recuperó sus créditos y la posibilidad de que haya una amenaza de extranjerización o de concentración aún mayor del comercio exterior de granos de la Argentina a partir de que alguno de los operadores de este mercado compre buena parte de las estructuras de Vicentin, son los problemas que enunció el presidente cuando decidió la intervención. Así que todo sigue como estaba.
-¿Cuál es la situación actual con respecto a Vicentin?
-Lo que está ahora en curso, porque el propio gobierno y el presidente en el momento de derogar el decreto lo dijeron, es el compromiso de poner todas las herramientas del Estado para la investigación y desentrañar el fraude de Vicentin. El Banco Nación viene haciendo lo suyo en el marco del concurso, buscando unificar el patrimonio completo del grupo para que responda frente a la deuda; también hay una causa penal que está en manos del juez Ercolini y donde el fiscal Pollicita ha allanado las instalaciones de Vicentin y ha planteado al inhibición de bienes tanto para el directorio de la empresa como para el directorio del Banco Nación anterior; hay también en marcha una presentación judicial por parte de la administración federal de impuestos, porque Vicentin tiene situaciones cuasi delictivas en la materia; tenemos en marcha otras investigaciones por parte de la Unidad de Información Financiera, que es también querellante en la causa penal que opera en Comodoro Py; hay causas presentadas en el juzgado comercial y en el juzgado penal de Rosario y de la provincia de Santa Fe; está el juicio que los acreedores extranjeros llevan adelante en Nueva York con un Discovery buscando saber adónde fue el dinero e investigando las cuentas de los accionistas particulares de Vincentin en las guaridas fiscales de Bermudas, de Panamá y demás; y hay causas en Suiza para investigar el vínculo de Vincentin con el grupo suizo Glencore. Es decir, hay un montón de iniciativas de carácter judicial que van a ayudar a poner blanco sobre negro la situación concreta del comportamiento que este grupo empresario ha tenido y en ese marco habrá que ver si no es necesario volver a tomar la decisión de intervenir. Porque acá lo que pasó es que el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional quedaron enredados en el pago chico de Reconquista donde Vicentin tiene un control institucional muy importante, el propio juez del concurso es un juez que apaña las irregularidades de la empresa a punto tal de que sigue permitiendo que no haya presentado ni siquiera el balance correspondiente al 2019, no lo presentó ni en la asamblea de accionistas de octubre del año pasado, tampoco al comenzar el concurso en febrero, y no lo ha presentado hasta ahora; y le ha dado 40 días judiciales más. No hay concurso que se pueda llevar adelante sin un balance correspondiente al año que se está discutiendo. Así que creo que van a existir condiciones para volver a dar el debate, porque lo que hubo fue un aprovechamiento por parte de los medios hegemónicos y del poder económico más concentrado que se sintió preocupado frente al hecho de que el Estado pudiera tomar control sobre un herramienta del comercio exterior de granos, dado que el Estado argentino no tiene ninguna para controlarlo y es un mercado fuertemente opaco y oscuro donde la subfacturación de exportaciones y la fuga de capitales están al orden del día. En ese marco se pusieron en marcha una serie de muletillas absolutamente mentirosas como decir que la intervención del Ejecutivo implicaba violentar la seguridad jurídica cuando acá el único que violentó la seguridad jurídica dejando 2.600 acreedores colgados del pincel es Vicentin. Decían que se violentaba la propiedad privada cuando en realidad los productores detentan propiedad privada, las cooperativas también, los bancos también, en este sentido, el único que avasalló la propiedad privada es Vincentin. Se dijo que iba a haber una mala imagen de la Argentina en el exterior y que esto iba a complicar la negociación de la deuda cuando Vicentin le debe 500 millones de dólares a bancos extranjeros y el principal acreedor de Vincetin de los extranjeros es el Banco Mundial, y con el Banco Mundial a la cabeza están llevando adelante una causa en Nueva York para investigar qué hizo Vicentin con el dinero. Son los primeros que sospechan que Vicentin hizo fraude. La cantidad de falacias que se han dicho para tratar de evitar una discusión seria sobre un tema que hay que resolver, que involucra a 130.000 personas de las provincias de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires y de Entre Ríos, que involucra a la economía del norte de la provincia, que afecta a un área estratégica como el comercio de granos de nuestro país; merecía y merece una intervención del Estado para resolverlo. De otra manera la solución no va a ser buena. Si avanzan las herramientas del Estado en el campo judicial creo que va a haber elementos de sobra para volver a discutir esto de mejor manera.
Fuente: Va Con Firma
