Se trata de ocupaciones territoriales sobre las que no se habla en los grandes medios y el Estado no controla. Personas que buscan poseer terrenos en Bariloche, sin necesidad habitacional. El caso de la Península San Pedro.
Una serie de irregularidades detectadas en planos de catastro provincial levantó la sospecha de un grupo de vecinos de Península San Pedro. Denuncian apeos ilegales, ocupaciones vip y hasta una disputa territorial que involucraría a un miembro de la junta vecinal Villa Campanario y a un empresario dueño de un bar.
Una primera anomalía registrada por los vecinos es la unificación de parcelas pertenecientes a la denominación catastral 19-1-C-333. Donde antes hubo dos nomenclaturas (22 y 23), ahora sólo hay una (22B).
Hay otras cuatro parcelas contiguas, que llevan los números 16, 17, 18 y 19, que en los planos figuran a nombre de diferentes personas. Tienen una particularidad muy curiosa: entre ellas y la 22B no hay alambrados divisorios. Al visitarlas, uno supone que todas constituyen un único e inmenso terreno de 6600 metros cuadrados.
Es inquietante también el caso de la parcela 25, porque fue adquirida en 1993 a través de un boleto de compra venta de dudosa legalidad (ver imagen). En 2018, el presunto propietario cedió derecho y acciones posesorias a favor de un hombre con la intervención de un escribano que certificó las firmas rubricadas, pero no la legalidad de la operación. No hay registro de un título de propiedad a nombre de nadie.
El grupo de vecinos de península, cuya identidad decidimos preservar, advierte que se estaría ejerciendo un uso ilegítimo del Usucapión, el instrumento que ofrece la ley para poseer un terreno con fines habitacionales (no comerciales). El dato que lo demuestra, según ellos, es que el Usucapión con fines habitacionales no exige boletos de compra venta, como los presentados en el caso de la parcela 25.
También denuncian el impacto ambiental, y presentan pruebas de ello: el Servicio Forestal Andino, que depende del Ministerio de Agricultura de Río Negro, constató en febrero y agosto pasado infracciones por apeo en la parcela 25. En septiembre, el Servicio Forestal autorizó al poseedor de cesiones y derechos, a realizar una limpieza que, en realidad, terminó en el uso de retroexcavadoras, algo prohibido en la ley provincial 1500 de preservación forestal.
