Géneros

A dos años de una ley emblemática: "Si el Estado hubiera prevenido, todas las Micaelas seguirían vivas"

Por Lola Sánchez.

En abril de 2017 se supo que Micaela García -una joven de 21 años que estaba desaparecida- había sido hallada muerta en Gualeguay, Entre Ríos. Fue violada y asesinada a la salida de un boliche. Por el crimen fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner (30). Inicialmente se acusó a su jefe, Néstor Pavón, de encubridor, ya que se probó que el hombre sabía del crimen, pero además ayudó a su empleado a escapar a Buenos Aires, le dio dinero, limpió el auto en el que trasladaron a la víctima y colaboró para ocultarlo de la Justicia. El Extremo Sur dialogó con Araceli Ferreyra -ex diputada de Corrientes- y Majo Poncino, quienes compartían espacios de militancia con Micaela en el Movimiento Evita.

Pese a que se producen numerosos femicidios en nuestro país, el caso de Micaela impactó especialmente en la sociedad y en sus dirigentes, poniendo el foco en el Estado como eslabón fundamental en la prevención de la violencia de género. Permitió desmontar el mito de que la violencia es algo inevitable, que puede "merecerse", y que "solamente le sucede a ciertas mujeres".

Su femicida, Wagner, tendría que haber estado tras las rejas la madrugada que secuestró a la joven de 21 años, pero la ausencia de los funcionarios estatales y policiales permitió que un hombre con más de dos denuncias por abuso sexual caminara con total impunidad. Su caso evidenció una verdad escalofriante: si el Estado hubiese actuado, hoy Micaela estaría viva.

En diciembre de 2020 se cumplieron dos años de la sanción de la norma conocida como "Ley Micaela", con 171 votos a favor y 1 en contra. A propósito del aniversario y en un contexto de crecientes femicidios, El Extremo Sur dialogó con Araceli Ferreyra -ex diputada de Corrientes- y Majo Poncino -ex trabajadora de la Cámara de Diputados y dirigente política santafesina-. Las legisladoras compartían el espacio de militancia con Micaela en el Movimiento Evita, y ambas fueron clave para la redacción del proyecto que fue aprobado. Ambas describieron el proceso de sanción, los disparadores, y el profundo dolor que atravesó al movimiento cuando se supo la impunidad con la que Micaela fue asesinada.

¿Quién era Micaela García?

Hoy todos conocemos su nombre por una Ley que hizo historia en la Argentina, pero ¿quién era Micaela García? Sus compañeros y compañeras de militancia, así como familiares y amigos, la recuerdan como "La Negra", con gran afecto, poniendo énfasis en la pasión de su activismo.

"Micaela era una militante que le llevaba dignidad a los barrios más humildes", comentó Majo Poncino, quien la tenía siempre presente en los encuentros y asambleas entre provincias, "formaba parte del Colectivo Ni Una menos, era responsable de la Juventud del Movimiento Evita, una estudiante de educación física, una dirigenta".

Araceli Ferreyra recordó que "militaba mucho en los barrios y en las villas y antes de ser asesinada había estado haciendo un mural que tenía que ver con las mujeres perseguidas por haber pintado paredes durante el 8M del 2016; el mural decía ‘las paredes se vuelven a pintar, las pibas muertas no vuelven', sin pensar que ella iba a ser una de esas pibas que no volvió".

Tal vez por su militancia imparable o por su corta edad, el femicidio de Micaela conmovió a todo el país. Tanto Poncino como Ferreyra coinciden en el golpe que esto significó para las compañeras del Movimiento Evita, porque era una de ellas. Y puso en evidencia que, sin importar la formación o los cuidados, todas las mujeres pueden ser víctimas de femicidio, no como un suceso aislado sino como consecuencia de una construcción patriarcal que impacta directamente en la salud y la vida de las mujeres.

"Fue impactante, doloroso, conmocionante, sobre todo por su militancia, porque tocaban a una de las nuestras, era una militante como cualquiera de nosotras", expresó Majo. "Esto nos permitió poder desentramar y visibilizar al mismo tiempo que la violencia machista nos puede tocar a todas, desde la piba militante que está al frente en el movimiento político a la última compañera de la fila".

Además, subrayó la importancia de las redes de organización de compañeras, militantes y vecinos, quienes trabajaron en la búsqueda de la joven desaparecida mientras el Estado hacía caso omiso. "Ante la organización y el avance de los feminismos, aumenta la reticencia del entramado patriarcal. En este caso se generó toda una red y organización en su búsqueda, para rastrillar la ciudad, colaborar con la causa, con la familia, la buscaba la ciudad, el país entero", detalló Poncino.

"No dejamos de tener femicidios en nuestro país, pero pudimos visibilizar el entramado patriarcal presente en el territorio, en lugares chicos tanto como en ciudades. Hay toda una idiosincrasia cultural en esos territorios donde siempre se piensa ‘no, acá no puede pasar'. Y bueno, allí sucedió".

La ex diputada Ferreyra manifestó que a pesar de la alegría que generó la aprobación de la ley, también sintió bronca "al pensar a La Negra como nombre de una Ley; fue un avance importante, todo lo que Micaela soñaba se convirtió en política pública, pero seguimos con mujeres asesinadas", se lamentó.

Hoy Micaela es un símbolo de lucha de los movimientos feministas, al tiempo que continúa apuntando a los funcionarios estatales que aún se niegan a entender el valor de la vida de las mujeres.

La construcción de una Ley

Ferreyra explicó el proceso legislativo que atravesó la Ley, aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, una gestión reconocida por no estar ampliamente comprometida con las problemáticas de género. La alianza estratégica entre mujeres de diversos bloques fue una de las claves para impulsar el proyecto.

"El Gobierno de Macri no tenía un compromiso con la agenda feminista", señaló la ex diputada, "trataban de usarnos para tapar escándalos". En este sentido, recuerda la apertura al debate legislativo del aborto en 2018, como "resultado del escándalo de las manifestaciones contra la reforma previsional". Puntualizó la sororidad entre sus compañeras, "el tema era entender que más allá de ser oficialismo u oposición, tenemos que aprovechar nuestras fuerzas, eso también juego en contra del ejercicio político tradicional. Cuando se aprobó la Ley Micaela, nos decían que estábamos siendo funcionales al macrismo", confesó. Reveló que la aprobación de la Ley Micaela se realizó en el marco de un escándalo que incluía a Juan Darthés, el actor denunciado por acoso y abuso sexual.

"Para diciembre de 2018 ya cerraba el período de sesiones extraordinarias; nuestro equipo ya había elaborado el dictamen de comisiones, por lo que pedimos al Ejecutivo que incluyera el temario en extraordinarias", detalló Majo Poncino.

Sin embargo, la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés y el movimiento que se generó a partir de su confesión puso sobre la mesa el debate en torno a la violencia de género. Para ese entonces, Darthés formaba parte de un spot estatal del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina contra la violencia de género (https://www.youtube.com/watch?v=8YDo2hbRk8A).

Un actor denunciado por violación en una campaña contra la violencia desató las críticas contra la gestión macrista, y tanto Poncino como Ferreyra consideran que esta fue una de las razones por las cuales la ley fue aprobada por mayoría a pesar de no existir una voluntad política fuerte para luchar contra las violencias. "Eso le da un mayor impulso al tratamiento de la Ley", comentó Poncino. "El 18 de diciembre de 2018 se vota en Diputados y el 19 en Senadores, y así se convierte en Ley".

Ferreyra consideró que la sororidad política permitió "construir agenda y ponernos por encima de ese juego tradicional de oficialismo y oposición". Además, celebró el cambio de gestión en materia de género. "Hoy tenemos un Ministerio, tenemos mejores herramientas, se avanzó fuertemente con el proceso de capacitación, especialmente con el poder legislativo y ejecutivo".

El Estado llega siempre tarde

Uno de los logros de la Ley Micaela fue quebrar la idea de un Estado abstracto y sin rostro, al demostrar que tanto las falencias como los aciertos son el ejercicio de hombres y mujeres, funcionarios de diferentes estratos que deben estar preparados para cumplir su rol.

¿Qué sucede cuando estos funcionarios no están a la altura? "La falta de escucha del Estado nos cuesta la vida", expresó Araceli Ferreyra. Esto se demostró claramente en el reciente femicidio de Florencia Romano, en la provincia de Mendoza, cuando un vecino denunció los gritos de la joven al 911, obteniendo como respuesta una operadora que -

al pensar que se trataba de una "broma"- cortó la llamada. La gran pregunta es qué hubiera sido de esas jóvenes, como Micaela o como Florencia, si el Estado hubiese estado presente.

"En las últimas décadas nuestro país avanzó hacia el camino de la igualdad jurídica, pero eso no alcanza, sobre todo en los últimos cuatro años no vimos una voluntad política de interpelar al Estado para hacerse responsable e involucrarse en este flagelo que es la violencia de género", afirmó Majo Poncino.

"Esta Ley responsabiliza al Estado, le pide que intensifique las acciones requeridas para avanzar hacia la igualdad de género y la erradicación de la violencia machista", agregó.

Ferreyra denuncia que el Estado no siempre tiene la voluntad de buscar a las mujeres y niñas desaparecidas. "Hay una negativa a la búsqueda inicial, demoras, bajo la idea de que ‘se debe haber ido con el novio'. Es un clásico". La falta de organización ante la desaparición de Micaela obligó a las militantes y a los vecinos a coordinar cuadrículas y armar grupos de búsqueda. "Al final el Gobierno de Entre Ríos escuchó y empezó la búsqueda, después de horas terribles buscando en yuyales, desagües, ranchos abandonados, descampados", detalló.

En segunda instancia salió a la luz que el imputado, Sebastián Wagner, contaba con dos denuncias por abuso sexual al momento del hecho, y que las pericias psicológicas no habían aprobado su libertad condicional. Otro hecho se sumó al repudio de las fuerzas de Seguridad al revelarse que el viernes previo a la desaparición de Micaela, una familia había denunciado a Wagner por intentar abusar de su hija de 12 años. El policía a cargo no tomó la denuncia y les pidió que regresaran el lunes, dado que había nadie disponible para oficiar el trámite. Durante ese fin de semana, Wagner secuestró, violó y asesinó a Micaela García.

"Nos dimos cuenta que había que trabajar hacia adentro del Estado, para que escuche. No sólo no nos escucharon cuando buscábamos a La Negra; no nos escucharon antes, lo que hubiera permitido que hoy Micaela siguiera viva", denunció Ferreyra.

"Si le hubieran tomado la denuncia en ese momento, con los antecedentes de Wagner, tal vez lo agarraban a tiempo y hoy Micaela seguiría con vida. Que el Estado no nos escuche nos cuesta la salud y la vida a las mujeres", agregó, como parte de la motivación para trabajar en el Proyecto de Ley.

"Así empezamos con la capacitación, como una política de prevención, porque si se hubiera prevenido hoy La Negra y todas las Micaelas quizás estarías vivas", remarcó. "Responde a una necesidad de formación de los tres poderes del Estado democrático, para desarmar los números de violencia y poder brindar atenciones adecuadas a las mujeres".

¿La respuesta está en la sangre?

"No se resuelve la violencia con más violencia", afirmó Poncino ante la idea generalizada de la justicia por mano propia. El caso de Micaela, como tantos otros, ha generado en la sociedad un deseo primitivo de venganza y ajusticiamiento, especialmente ante la falta de penas duras contra los abusadores y femicidas, quienes con frecuencia caminan en libertad por las calles, como lo hizo Wagner.

La idea responde a un debate que se ha intensificado en el último tiempo, bajo la pregunta de cuál es la verdadera solución frente a una cultura femicida y un Estado paralizado o a veces cómplice. Muchos optan por la pena de muerte o la justicia por mano propia. ¿Esta es una solución válida bajo la óptica del feminismo?

En su momento, la antropóloga Rita Segato -con una larga trayectoria en el estudio del comportamiento de los presos por crímenes de género- opinó sobre el femicidio de la joven entrerriana. En diálogo con Página12 dijo que "La violación no es un delito como todos los otros. Es un crimen del poder", por lo que penas más fuertes o incluso la muerte a los violadores no solucionaría en absoluto la problemática. "La prueba es Estados Unidos, donde tienen las penas más severas y tasas de violación altísimas", ejemplificó.

"Lo que sucedió con Micaela, con Lucía Pérez en Mar del Plata, son ataques a la sociedad y a la vida en el cuerpo de la mujer. Es un error, que el pensamiento feminista eliminó hace muchísimo tiempo, la idea de que el violador es un ser anómalo (...) No es con más cárcel, mucho menos con su castración química, que vamos a solucionar el problema. La violación no es un hecho genital, es un hecho de poder. Puede realizarse de forma genital y de muchas otras formas. Si no cambia la atmósfera en que vivimos el problema no va a desaparecer", explicó la antropóloga.

Es en esta dirección que tanto Poncino como Ferreyra trabajaron en la redacción de una Ley que permita la prevención y la capacitación, en lugar de elegir la salida punitivista.

"Lamentablemente Wagner tendría que haber seguido preso y hoy Micaela estaría viva. Y eso es parte de la responsabilidad del poder judicial, un Estado ausente", comentó Poncino. "Lo que estamos diciendo con la Ley Micaela es justamente que el Estado no puede llegar tarde, no podemos resolver o pensar cuáles son las soluciones cuando el delito ya se cometió, tenemos que prevenir todo ese proceso, de nada sirve profundizar sobre una mirada punitivista".

Enfatizó que "no resuelve con mano dura, como muchos en su momento instaron la acción punitivista; se resuelve con prevención, promoción, información, con acceso a los derechos y los recursos".

Sostiene que la verdadera cuestión no está en la cárcel sino en el Estado: "Hay una concatenación de elementos que hace que el Estado llegue tarde al femicidio. Miles de mujeres son asesinadas con muchas denuncias realizadas. ¿Por qué nos enteramos cuando se comete el femicidio que la mujer había denunciado 10 veces? ¿Qué paso ahí con el Estado?", problematiza.

Poder Judicial, el gran ausente

Uno de los compromisos asumidos tras la aprobación de la Ley es el relevamiento de datos que den cuenta del número de funcionarios capacitados en los tres poderes.

Según el informe presentado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2020 se capacitaron 106 organismos del Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional, con un total de 60 sensibilizaciones y 2797 máximas autoridades capacitadas, con un número que seguirá en constante crecimiento.

Sin embargo, los índices de capacitaciones en el Poder Judicial -un eslabón clave, sin dudas-, son bajas. El informe sostiene que "no se han podido concretar instancias de capacitación a las altas autoridades del Poder Judicial".

La reticencia de este poder a la sensibilización es una problemática que las legisladoras ya han advertido. "De hecho, el Poder Judicial es el primer que empezó con el tema de la capacitación, hoy tenemos una Corte totalmente devaluada", sostuvo Ferreyra. "La justicia con casos cada vez más escandalosos, como el caso de Lucía Pérez, el "desahogo sexual" de la manada en Chubut; ahora nos enteramos que validaron la excarcelación de Néstor Pavón".

La Justicia actuó no solo impunemente sino legitimando su propio sistema penitenciario. Hay un entramado judicial y machista muy violento donde hay un carácter de disciplinamiento sobre nosotras. Le tocó a Micaela, y pudimos visibilizar que no solo fue ella. La violencia existió siempre, hoy dejó de ser privada para ser un debate público", opinó Poncino.

"De los tres poderes el que más se resiste y sobre todo las altas jerarquías es el poder judicial, la Corte que tenemos actualmente a nivel nacional es parte de la ausencia, de la resistencia a cambiar esos hábitos y conductas, ¿qué tipo de justicia queremos? Esa es la pregunta", sostuvo. "La impunidad del poder en sí mismo, es parte del disciplinamiento hacia la sociedad, implícitamente, más allá de la interpretación de la Ley", concluyó.

Más que una ley

Las transformaciones luego de tragedias vienen con un sabor amargo, como la decisión de la Corte Suprema de pedir un nuevo juicio para el femicidio de Lucía Pérez, lucha que llevó adelante su madre y marcará un precedente para futuros fallos. De la misma manera, el nombre de Micaela se enlaza a una Ley que recuerda la lucha, pero también su pérdida.

Actualmente, toda la Argentina adhiere a la ley, lo que conforma un punto de partida para cambios territoriales, que con resistencias se abren paso lentamente en el hermetismo machista de los poderes provinciales. La Ley Micaela supo problematizar las relaciones de poder patriarcales que conformaron el Estado y su comunidad. No se trata de imponer contenidos o ideologías, sino de interpelar a cada sector social, proponiendo un cambio cultural e histórico.

Araceli Ferreyra sostiene que el trabajo no termina. "Los contenidos se van a ir complejizando a medida que pase el tiempo", asegura, con una impronta de lucha que según ella misma reconoce "no es mérito únicamente de los y las legisladoras, sino resultado de un inmenso trabajo colectivo".

Considera que la ley significó mucho más que una ampliación normativa: "Más importante que haber sacado la ley, es el movimiento que se ha generado, el movimiento feminista. La ley no provoca un cambio cultural, lo que provoca el cambio es que terminan siendo asumidas por la propia sociedad, ahí se da el salto cualitativo".