La batalla por la minería en Chubut continúa en varios terrenos. Los movimientos sociales dan pelea en las calles mientras los sectores mineros no ceden en busca de la aprobación de la zonificación enviada por Mariano Arcioni. La Legislatura será el escenario decisivo, ya que allí se dirimirá la habilitación o la prohibición minera en la provincia. Mientras se demora el postergado tratamiento de la zonificación propuesta por el Poder Ejecutivo, se acortan los plazos para que pueda debatirse en sesión el proyecto de Iniciativa Popular con el que los ambientalistas buscan bloquear el avance extractivista en Chubut. El Extremo Sur accedió a documentos con los que el empresariado minero procura influir decisivamente sobre los diputados provinciales para rechazar la IP.
La falta de licencia social y la existencia de un consistente movimiento ambientalista que tiene 18 años de existencia tras triunfar en el plebiscito de Esquel y extenderse a todo el territorio chubutense constituyen las principales razones por las cuales la minería no ha logrado instalarse en Chubut pese a los intentos realizados desde hace casi dos décadas.
Hoy se reabre la confrontación, con sectores en contra y favor de la actividad minera metalífera en la provincia.
Las calles han sido ganadas por los ambientalistas, mientras que el sector prominero se despliega con mayor comodidad y aceptación en despachos y oficinas del sector político.
En medio de escraches y sesiones virtuales que esquivan la presencialidad gracias al Covid, la Legislatura no mostró hasta ahora una definición clara ni los votos necesarios para aprobar el proyecto de Arcioni.
Es evidente que la Legislatura es el foco donde ambos sectores seguirán centralizando sus esfuerzos para conquistar sus objetivos.
El proyecto de zonificación minera que abarca los departamentos de Gastre y Telsen sigue trabado en la Cámara de Diputados. Ya tiene dictamen de comisión, pero no ha conseguido dar el salto a una sesión que lo apruebe o lo rechace.
Distintas fuentes indican que el Poder Ejecutivo haría un nuevo intento a corto plazo para avanzar hacia esa sesión que transforme en ley el proyecto varado en la Legislatura. Por ahora no hay fecha confirmada.
Tras el convulsionado paso del presidente Alberto Fernández por la Comarca Andina luego de los incendios, la opción de recalentar el ambiente con el tratamiento de la zonificación quedó nuevamente postergado.
El otro proyecto
El de la habilitación minera no es el único proyecto que espera tratamiento legislativo, ya que también aguarda su debate en la Cámara la Iniciativa Popular (PL 219/2020) presentada por los vecinos que se oponen al todo avance minero y que fue acompañado por 30.916 firmas recogidas el año pasado en plena pandemia.
Los costos políticos de aprobar la zonificación minera y rechazar al mismo tiempo la IP 2020 no serían menores para el oficialismo y cualquiera de las múltiples versiones opositoras existentes con representación legislativa.
Se trata de un conflictivo año electoral en el que todavía falta la confirmación definitiva sobre la realización de las PASO, que dependerá de los impactos de la segunda ola de la pandemia del Coronavirus. Esas elecciones definirán en Chubut dos de las dos diputaciones y las tres senadurías nacionales; todas de vital importancia para el albertismo/kirchnerismo en el Congreso de la Nación.
Cumplir con las definiciones nacionales para hacer avanzar la minería o responder a la falta de licencia social que muestra un sector mayoritario del pueblo chubutense es un desafío al que se enfrentan legisladores y partidos políticos en Chubut.
La aspiración ambientalista sigue lejos
Con la IP 2020, presentada a mediados de octubre del año pasado, el ambientalismo pretende bloquear definitivamente la minería en Chubut y ampliar las prohibiciones mineras establecidas con la ex Ley 5001.
Por ahora el proyecto de IP no tiene visos de tratamiento, pero el sector empresarial liderado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ya puso en marcha la maquinaria para "recomendar", "aconsejar", "convencer" y "presionar" a los legisladores chubutenses que deberán votarlo.
La Legislatura tiene un plazo máximo de seis meses para tratar el proyecto de ley de la IP 2020. De lo contrario, quedaría en el olvido como sucedió con la anterior presentación.
Según la presentación, el tratamiento legislativo es "obligatorio" y no hay chances de introducirle modificaciones, por lo que en caso de debatirse los diputados provinciales deberían definirse a favor o en contra de la iniciativa; avalada por más de 30 mil firmas.
Los plazos vencerán entre los meses de julio o agosto, pero no habría que descartar que el Poder Ejecutivo decida habilitar el tratamiento de la IP confiando en un resultado negativo en la votación de los legisladores.
En caso de recibir un revés, el gobernador tendría en sus manos la facultad de derogar la ley, algo que a esta altura no parece una opción descabellada ante la imposibilidad de esquivar el tema.
La CAEM y un análisis controversial
Anticipándose a la posibilidad de que la IP llegue a una sesión, la CAEM envió a los legisladores provinciales dos largos documentos a los que accedió de manera exclusiva El Extremo Sur. Allí analiza el proyecto presentado por Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh), lo cuestiona fuertemente y busca encauzar voluntades legislativas en contra del mismo.
La CAEM se refiere en forma despectiva al articulado y las argumentaciones de la IP e incluso parece tratar de "convencer" a los legisladores a través del absurdo y la denigración de los argumentos contrarios a sus intereses.
Ya existe una grieta en Chubut por el tema minero. No parece productivo ni razonable echar leña al fuego, potenciar enojos y reacciones desmedidas de quienes no piensan como el empresariado de la minería.
La postura de la CAEM generará posiblemente enojos de mayores proporciones y corre el riesgo de ahondar aún más el rechazo social.
Los argumentos y críticas del empresariado
Un arranque con advertencias: "Los efectos que podrá tener el PL 219/2020 sobre la seguridad jurídica, planes de inversión y producción, proveedores y fundamentalmente fuentes laborales ante la posibilidad de que sea sancionado y que obligue a las empresas a tomar medidas precautorias respectivas", afirma el documento en tono de advertencia a los legisladores sobre las consecuencias que traería la aprobación de la IP 2020.
Prohibir el aluminio: Para la CAEM, la IP no solamente busca prohibir la actividad minera en la provincia, sino que presagia una prohibición a la industria del aluminio que desarrolla en Puerto Madryn. En apariencia es una sospecha bastante infundada y sin argumentaciones sólidas.
Anti fracking: El análisis de CAEM también presupone que se avanza sobre el desarrollo de la técnica del fracking para extraer hidrocarburos no convencionales en Chubut, pero lo hace basándose exclusivamente en la imposibilidad de transformar o transportar arenas de cuarzo que se utilizan en la industria petrolera. La argumentación no parece sostenible.
Desarmonización ambiental y anticonstitucionalidad: Para los empresarios de la minería la IP presentada por los ambientalistas con el respaldo de 30 mil firmas es "violatoria" de la Constitución Nacional porque "no se compadece con el concepto de desarrollo sustentable" e interpretan que se "desvirtúa cualquier intento de armonizar la protección del ambiente con el desarrollo económico de las comunidades". Aquí surge una confesión de parte en cuanto a lo que significa para el empresariado la explotación minera y el cuidado del ambiente, considerando que estaría justificado contaminar siempre y cuando haya desarrollo. Por otra parte, exigen limitaciones "justas y razonables" cuando se trata de la protección ambiental.
Sesgo benefactor: En este tramo la CAEM enumera innumerables "beneficios" de la minería en materia tributaria para la provincia y especialmente las supuestas "ventajas" que el desembarco minero traería aparejadas para las comunidades involucradas. Resalta el dogma neoliberal vinculado a la teoría del derrame al asegurar que la minería generaría "salarios donde sólo existía asistencialismo, disfrutar de una vida plena que sólo permite el trabajo remunerado". Si bien es cierto que el trabajo posibilita mejorar la calidad de vida, en ningún tramo del proyecto minero se menciona la garantía de un salario digno, de viviendas adecuadas y todo el listado de necesidades satisfechas de las que se hace alarde. Desde una concepción humanista de la vida resulta al menos exagerado afirmar que el trabajo genera una recompensa tan amplia como la "plenitud".
Usando "poquita" agua y con nada de contaminación: Tras catalogar de "poca seriedad" la afirmación de que se consume mucha agua y energía en el funcionamiento de una explotación minera, el documento asegura que no existe demostración alguna sobre esta afirmación. La CAEM "invita" a los legisladores a recorrer la mina que elijan para demostrarles que no se contamina. La aseveración de que "no existe una sola evidencia de contaminación" en las 15 minas existentes en el país resulta falaz ante el listado de caso de contaminación ampliamente conocidos. Alcanza con mencionar el caso de Alumbrera Ltda., que explota un yacimiento en el centro-oeste de Argentina, quien perdió un histórico juicio por contaminación a partir de una demanda presentada por dos residentes locales que vieron afectadas sus tierras en Alpachiri, en la provincia de Tucumán.
"Desenmascarando mitos": Para la CAEM, solamente el 1% del agua que se usa en el país -en base a un informe de la ONG Green Cross, que auspicia los proyectos mineros- se utiliza para la explotación de minerales metalíferos.
Psiquis en plenitud: Para el empresariado la megaminería no causa ningún daño a la psiquis en los pueblos donde se desarrolla la actividad y catalogan de "aseveración que raya con lo sobrenatural" a la incluida en el texto de la IP presentado a la Legislatura. Por el contrario, aseguran que impide la caza furtiva protegiendo especies en extinción y no dudan en afirmar que la minería es "la única actividad que puede lograr sustentabilidad y sostenibilidad" para el Chubut.
"Lobbistas" y "fabuladores" antimineros: Invirtiendo la carga de la prueba, la CAEM acusa a los sectores ambientalistas de "lobbistas" por haber presentado un proyecto de ley "sin saber de lo que están hablando". Además, catalogan de "fábula" a las argumentaciones utilizadas en la IP y afirman que todo es un "invento". Suman aportes a los legisladores para demostrar que la contaminación "nunca existió", más aún en el caso de la Alumbrera. Citan al infectólogo Daniel Stambuliam asegurando que "no existe evidencia de contaminación ambiental".
"Proceso participativo y superador": Tras esa acumulación de análisis controversiales destinados a contrarrestar los argumentos de la IP, la CAEM vuelve a afirmar que el proyecto es "inconstitucional" y hace un llamamiento al "debate superador de posturas antagónicas"; garantizando un proceso "participativo" que incluya "la consulta a las comunidades de los pueblos originarios". Eso, sin dejar de subrayar que el proyecto de la IP "constituye una violación al derecho de propiedad, de trabajar, de contratar y de ejercer una industria lícita".
