Esta semana, diez personas trans se manifestaron frente al Poder Judicial de Paraguay para exigir la aprobación del cambio de nombre, a través de la campaña "Soy Real: Mi nombre debe ser legal". La misma es impulsada por Amnistía Internacional Paraguay, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y la Asociación Panambi. Las denunciantes provienen de distintos puntos del país y trabajan colectivamente desde hace años por la reivindicación de sus derechos.
En diciembre de 2016, Mariana Sepúlveda e Yren Rotela presentaron ante un juzgado de Asunción el pedido de cambio de nombre en sus documentos. A cinco años de iniciar este proceso, todavía no tienen una sentencia favorable. En mayo del 2017 la jueza en lo Civil y Comercial Julia Rosa Alonso hizo lugar a la demanda de cambio de nombre de Yren, convirtiéndose en la primera mujer trans en obtener el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia para cambiar su nombre en la cédula de identidad.
Soy real #MiNombreDebeSerLegal ¡Muy pronto podrás conocer, a profundidad, las historias de vida de cada solicitante de la rectificación de nombre! %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F
"Venimos luchando por el acceso a los derechos humanos para todas las personas. Las personas trans en Paraguay somos víctimas de violencia, discriminación, exclusión y sistemática violación de todos nuestros derechos humanos. Muchas personas trans han sido asesinadas, excluidas de sus hogares, sin acceso a la justicia, a la vivienda, a la educación", dijo Kimberly en diálogo con Agencia Presentes.
La falta de acceso de la comunidad trans a la educación y el mercado de trabajo, con una expectativa de vida que no supera los 40 años y el trabajo sexual como el principal modelo impuesto de supervivencia, son problemáticas que afectan a la población trans en toda América Latina. Es por ello que en Paraguay luchan por el cambio de nombre como el primer paso para el reconocimiento de su existencia y el acceso a derechos fundamentales.
"El Estado se niega a respetar y reconocernos"
"Las personas trans, como ciudadanas y ciudadanos en la República del Paraguay, defendiendo nuestra autonomía, nuestra libertad y nuestra esencia, estamos firmes y en unidad para dar lucha a las desigualdades y las injusticias sociales. Nosotres no somos un peligro, sino que estamos en peligro", explicó Kimberly a Presentes.
Iris Leticia Brítez, de la organización Actuando, de Pedro Juan Caballero, expresó: "Mientras que el Estado nos niegue este derecho, seguirá siendo el responsable directo de todas las formas de violencia que recibimos las personas trans a lo largo de nuestras vidas. El acceso al cambio de nombre es la forma principal y fundamental para que las personas trans podamos tener mayor dignidad por parte del estado y la sociedad".
Las denunciantes y las organizaciones de derechos humanos se trasladaron del Palacio de Justicia hasta la Fiscalía General del Estado, en Asunción. Allí la fiscala Sandra Quiñónez las iba a recibir para dar su parecer sobre el cambio de nombre. Sin embargo, luego de una hora de espera, no las recibió.
"El reconocimiento y respeto de nuestro nombre es parte fundamental para nuestro desarrollo humano. Esto aportará a que el Estado Paraguayo pueda garantizar el derecho a la identidad tal cual lo expresa el artículo 25 de la constitución. Mientras tanto, el Estado se niega a respetar y reconocer nuestro cambio de nombre y proteger nuestras vidas, las personas trans seguiremos siendo obligadas a sobrevivir en espacios y ambientes hostiles", detalló Iris.
