Patagonia

La oposición denuncia "desmanejo de los fondos", sobreprecios y rechazo a un organismo de control

Por Lola Sánchez.

Ni los vecinos ni los dirigentes políticos en su mayoría han podido acceder a información precisa sobre cómo se distribuyó el presupuesto total que se envió a la Municipalidad de Lago Puelo -la que más fondos recibió- desde la Nación y la Provincia. Los habitantes de la Comarca denuncian que la situación de servicios públicos es igual o incluso peor que antes de los incendios. El tendido eléctrico permanece en pésimas condiciones, y el mismo intendente de Lago Puelo reconoció recientemente que no alcanzaron a cumplir con la construcción de las 250 viviendas precarias o módulos previstos. Numerosas familias deben vivir de la ayuda de conocidos y familiares, de alquileres o carecen de servicios básicos.

El Extremo Sur dialogó con la concejal de Lago Puelo Cristina Jara (UCR), quien apuntó contra funcionarios municipales por el presunto desmanejo de fondos, la entrega de viviendas a "amigos del poder" y la falta de información pública. Espera que la investigación sobre el uso de los fondos para la Emergencia Ígnea avance, pero

Destaca que "Detrás hay familias, hay gente con nombre y apellido a los cuales uno mira los ojos todos los días, eso duele. Que Don Atilio duerme en un auto en una estación, que doña Rosa pide agua hace veinte años, que doña Alejandra está haciendo un baño para su familia porque tiene letrina. Eso es lo que uno ve con impotencia, son situaciones con nombres e historias familiares detrás, más allá de la cuestión administrativa y de la política. Uno no puede no ponerse triste cunado ve que hay cosas que llevan años esperando respuesta, ni para los damnificados ni para los vecinos. El pueblo sigue funcionando y lo que vemos es que está cada vez más gris, más roto; los turistas nos decían esta temporada que además se ve sucio. Eso habla de una gestión", concluye.

La denuncia de la oposición: Denuncia Abuso-Malversación

"Condiciones paupérrimas"

"La verdad es que desconocemos cómo ha sido el manejo de los fondos. A simple vista se nota que no se han aplicado como se había planeado. Nación envió fondos para construir 250 soluciones habitacionales en forma de módulos, unas construcciones en verdad muy precarias, con condiciones paupérrimas", describió Jara. "En el discurso inaugural de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el mismo intendente reconoció que no pudieron culminar un año después con el compromiso de las 250 construcciones. Es decir, no se ha podido cumplir con lo básico".

"Hay gente que ha tenido recursos a partir de donaciones, asociaciones intermedias, civiles, vecinos y amigos, que en algunos casos colaboraron para reconstruir viviendas. Esas familias están en condiciones más sólidas, en comparación de aquellas otras que no teniendo los recursos ni el apoyo han estado esperando las promesas del Estado", denunció. "Ya han pasado un invierno en condiciones realmente precarias por alquileres pagados por el Estado, pero no se puede estar en esta situación eternamente, no hay presupuesto que resista. Los módulos debían construirse en un plazo no mayor a seis meses; pasó un año y siguen igual. Hay una situación importante de desfasaje".

Jara subraya que desde la oposición presentaron una primera denuncia por incumplimiento de la Ordenanza -aprobada por unanimidad- que establecía la creación de un Organismo de Control para los fondos de la Emergencia Ígnea. En principio fue vetada por Sánchez, quien argumentó: "Este grupo especial que se pretende conformar generaría una erogación sumamente importante que también saldría de los fondos previstos para la emergencia ígnea. En cambio, junto con mis funcionarios preferimos destinar todos esos recursos en atención de los vecinos afectados por los incendios y las múltiples situaciones que se viven desde el 9 de marzo". Finalmente fue aprobada con apoyo de todo el arco político, pero no ha sido puesta en vigencia.

"El intendente decidió no ponerlo en funciones. Con esto obviamente genera un nivel de desconfianza muy grande, los mismos vecinos afectados normalmente son los que se acercan a contar que es lo que han percibido como ayuda del Estado. En el mayor de los casos nos hemos encontrado con que en verdad no hubo ayuda del Estado o que se ha distribuido de manera poco eficaz. No han tenido en cuenta el nivel de paridad de la familia; lo que se ha tenido en cuenta es el grado de amistad con el poder Ejecutivo", señaló Jara.

Otro de los puntos expuestos en la última denuncia -presentada el pasado 2 de marzo-, señala la existencia de sobreprecios en las compras de herramientas y materiales, así como un manejo de los fondos que indicaría actividades ilícitas.

Presuntos sobreprecios y discrecionalidad

"Hubo algunos sobreprecios y facturaciones destinadas a una empresa muy pequeña, que tenía una facturación muy chica para poder hacer compras millonarias, cuando se sabe que por Ley esas compras se hacen por licitación, no por compra directa", indicó Jara. "En este caso, la facturación está únicamente dirigida a una empresa con obvia intención de favorecer a un empresario amigo". A raíz de la denuncia, la Fiscalía solicitó las facturas y se encontró con movimientos sospechosos que ahora están siendo investigados.

La Justicia, por su parte, lleva a cabo allanamientos en las localidades de El Bolsón y Lago Puelo en tanto avanza la investigación (https://www.mpfchubut.gov.ar/centro-de-noticias/esquel/allanamientos-en-lago-puelo-y-el-bolson ).

Los denunciantes también están rastreando un informe que analiza las condiciones de los módulos habitacionales, el cual arrojaría un nivel muy alto de precariedad y la incapacidad de cumplir con las necesidades básicas de una familia. "Hemos solicitado toda la información pertinente, pero difícil encontrarse con la documentación", dijo la concejal. Una vez que la primera denuncia fue presentada, "la información empezó a cerrarse cada vez más". Hasta el momento, no hubo apertura al diálogo ni una respuesta oficial por parte de la intendencia.

"En la última denuncia, encontramos que había facturación a un corralón de la zona que superaba los 3 millones de pesos, fondos que no estaban por completo en la cuenta que se disponía para este tipo de compras", agregó Jara. "Se hicieron dos resoluciones que habilitan a hacer el traspaso de fondos de la cuenta de un banco a otro para pagar esa factura, algo que está prohibido por Ley. Hay montos mínimos, montos máximos y hay cuestiones que se hacen solo si lo autoriza el Concejo, este movimiento que ocurrió el pasado 15 de febrero no estuvo autorizado".

"Ante la inminencia de una actitud ilícita como funcionarios públicos todo lo que nos cabía hacer era presentar la denuncia correspondiente", destacó. Fue presentada en conjunto con los concejales Roberto Santiago y Luciano Gambino, con el patricionio del Dr. Hugo Cancino. "Llevamos al menos siete meses pidiendo la organización del organigrama municipal; no sabemos quiénes son los funcionarios municipales. Si hay cambios y movimientos en las distintas áreas, no nos enteramos salvo por medios o por rumores, pero nunca por información oficial".