La iniciativa recibió 241 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención. Actualiza la ley 23.798 de 1990, al proponer un abordaje integral desde la salud colectiva y brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación. Pese al intento de desprestigio de los sectores más conservadores que votaron en contra, aludiendo a un agrandamiento del Estado y "jubilaciones de privilegio", el reclamo es urgente: se calcula que por día mueren 13 personas por causas relacionadas con el VIH, mientras los tratamientos llegan tarde y a muy pocos.
El proceso de construcción de la ley inició en abril de 2014. Casi una década más tarde, logró media sanción en Diputados y ahora deberá pasar por el Senado para convertirse en una realidad. "No hay más tiempo, Senado ya" se escuchaba en la calles tras el dictamen favorable de Diputados.
"Nuestro activismo se basa en la muerte de quienes amamos, en la pérdida de derechos, en la invisibilización. Toda ley es una deuda histórica. ‘Militamos para que no falte nadie más', le dije a una amiga. Y no pude parar de llorar. Hubo 8 votos en contra, 8 personas, 8 fuerzas políticas que nos prefieren muertxs. Y detrás de ellos mucha gente que los avala. No olvidamos" expresó el escritor, periodista y activista VIH+, Lucas ‘Fauno' Gutiérrez.
El proyecto, presentado por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas, se debatía esta tarde con la presencia de referentes de organizaciones LGBTIQ+.
Se trata de una iniciativa parlamentaria que propone reemplazar la ley 23.798, norma sancionada hace 30 años, el 16 de agosto de 1990, que declaró de interés nacional la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, proponiendo acciones para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación, en primer lugar la educación de la población.
Con el transcurrir de los años y la irrupción de los movimientos feministas y LGBTQ+ en la agenda pública, se hizo evidente la falta de intervenciones interdisciplinarias que garanticen el acceso igualitario de los tratamientos así como una visión desprejuiciada en torno a las personas que son VIH positivo. Al igual que otras leyes fundamentales en materia de derechos, la reforma de la Ley se volvió una deuda impostergable.
Salud precaria en pandemia
La pandemia agudizó la situación sanitaria de grupos minoritarios y estigmatizados. El aislamiento por COVID-19, junto a la saturación de las instituciones de salud, impidieron para muchos continuar con los debidos tratamientos, especialmente por la pérdida de empleos. Se interrumpieron los controles y análisis de rutina, lo que profundizó la vulnerabilidad de quienes deberían ser beneficiados por la vieja Ley.
Según la Encuesta sobre Acceso a la Salud de las Personas con VIH y Poblaciones Clave durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en Argentina, de la Asociación Ciclo Positivo, el 42% de las personas con VIH de todo el país que contestaron dicha encuesta tuvieron algún tipo de barrera para acceder a la atención médica durante el aislamiento.
Gran parte de ellos y ellas, porque su médico no estaba atendiendo o estaba enfocado en otras tareas (56%), o por falta de información sobre permisos para circular (37%) o miedo de concurrir al sistema de salud (27%). Además, solo una de cada tres personas que tuvo intenciones de realizarse un test de VIH durante el ASPO pudo llevarlo a cabo.
Los puntos clave de la reforma
La ley propone diversas modificaciones que apuntan a ampliar los derechos de salud de las personas con VIH y otras patologías desde un enfoque integral y con perspectiva de género.
Una de las principales modificaciones es la incorporación de las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (siendo estas las patologías transmisibles con mayor prevalencia en nuestro país), a todo el texto de la norma, declarando de interés público y nacional los medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos para el tratamiento de las mismas, ya que no habían sido contempladas en la ley anterior.
Busca asegurar la implementación de políticas públicas activas que den respuesta a la comunidad, enfatizando la sostenibilidad de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos para VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS, así como la asequibilidad de los tratamientos. De esta forma, esperan que los sistemas de salud puedan brindar a los pacientes todos los materiales para la prevención, al tratamiento y la asistencia, como preservativos, lubricantes, medicamentos, vacunas y productos médicos, leche de fórmula, reactivos, entre otros.
La reforma exige que se brinde cobertura universal y gratuita a todos los pacientes: agentes del servicio público de salud y entidades de medicina prepaga deberán brindar asistencia integral a las personas afectadas por el VIH, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y las ITS.
Por otra parte, exige que los pacientes sean acompañados de manera permanente, especialmente durante la prueba para el diagnóstico de las patologías, momento en que debe estar presente una fuerte tarea de asesoramiento, trabajo que podrán llevar a cabo personas con VIH y Hepatitis. Deberá ser realizada en un marco que garantice la correcta vinculación de la persona diagnosticada con los sistemas de salud.
Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
El proyecto también establece la creación de la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales e ITS, órgano que estará encargado de definir de manera periódica las políticas en esa materia asesorando a la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación.
Por qué es necesaria
La Ley actual, N° 23.798 fue sancionada el 16 de agosto de 1990, y si bien significó un avance en materia de derechos, hoy es insuficiente para cumplir con las demandas que exige una sociedad cada vez más consciente.
Según datos del Boletín sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual del Ministerio de Salud, en Argentina hay alrededor de 136 mil personas que tienen el virus El 67% de las personas que conoce su diagnóstico se atiende en el subsistema público de salud y 60 mil están se encuentran en tratamiento antirretroviral en el mismo.
Por año se producen un promedio de 4.800 nuevos casos, diagnosticándose 2,3 varones con VIH por cada mujer con el virus. En cuanto a la oportunidad del diagnóstico, el 30,2% se realiza en una etapa avanzada de la infección: en el 26% de las mujeres y en el 32,1% de los varones.
Las falencias del sistema provocan que la mayoría desconozca su diagnóstico o no pueda acceder a los tratamientos: se calcula que casi el 20% desconoce su diagnóstico. La falta de recursos y el estigma profundizan la imposibilidad de acceder a tiempo a un tratamiento acorde.
La tasa de mortalidad por patologías asociadas al VIH, si bien tuvo muy importantes cambios en los últimos 10 años, viene registrando un leve descenso ubicándose en 3,01 cada 100 mil habitantes en 2018.
La principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin uso del preservativo (98%). Entre los varones cis, el 60% se infecta durante prácticas sexuales con otros varones y casi el 40% durante relaciones sexuales con mujeres. Es decir, también falta la correcta implementación de la Educación Sexual Integral. Otra deuda histórica y otra batalla discursiva contra la derecha.
Al concluir la votación, la presidenta de la Comisión de Diversidad y Mujeres, Mónica Macha explicó que "al cambiar el enfoque biomédico no solo se garantiza la medicación, sino que lo más importante es que se garantizarán otros aspectos que tienen que ver con la calidad de vida y la salud integral de las personas". Además agrega: "Y no sólo eso, también resguarda a las personas que conviven con VIH de distintas instancias de discriminacion", en clara referencia a uno de los ejes principales de esta nueva ley como la prohibición del test de VIH, Hepatitis, TBC e ITS en los exámenes médicos preocupacionales.
Fue la primera vez que se logró apoyo conjunto e intersectorial tras casi 9 años de trabajo y 4 proyectos presentados. Firmaron como co-autores 61 diputados de los distintos bloques y además el proyecto contó con el apoyo del Poder Ejecutivo, a través de distintos organismos del estado como el Ministerio de Salud, el de Mujeres, Géneros y Diversidades, el INADI y la ANSES.
"En 4 décadas de esta pandemia, hemos aprendido que el virus no solamente vive en la sangre, sino también en la sociedad. Que el virus ataca el organismo, al físico, pero también genera estigma y discriminación social, y eso ataca a todos los ámbitos de la vida de la persona" dijo Matías Muñoz, abogado y presidente de la Asociación Ciclo Positivo.
La oposición de la derecha y el miedo al "lobby"
Los ocho votos negativos pertenecen a las fuerzas liberales y de Juntos por el Cambio. Se trata de José Luis Espert, Carolina Píparo (Avanza Libertad), Javier Milei, Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Francisco Sánchez y Paula Omodeo (Juntos por el Cambio).
Los argumentos desplegados apuntaron a un "aumento del gasto público" y la implementación de "jubilaciones de privilegio". Este último punto fue cuestionado por especialistas y activistas, quienes precisaron que está científicamente comprobado el proceso inflamatorio del organismo llamado "síndrome de inmunosenescencia", que implica un envejecimiento prematuro y con mayores comorbilidades.
"Con @JMilei votamos NO a mantener lobbys. En vez de garantizar derechos aumentan los privilegios, se crea 1 observatorio de VIH dentro del INADI, o sea seguimos con la fiesta del gasto, pago a la militancia y cargos públicos a gente como Donda. Con mi voto NO. Solo 8 dijimos NO", escribió en sus redes sociales, Villaruel, quien trajo a debate el fantasma del lobby, un recurso utilizado por otros políticos de derecha en toda América.
Con @JMilei votamos NO a mantener lobbys. En vez de garantizar derechos aumentan los privilegios, se crea 1 observatorio de VIH dentro del INADI, o sea seguimos con la fiesta del gasto, pago a la militancia y cargos públicos a gente como Donda. Con mi voto NO. Solo 8 dijimos NO. pic.twitter.com/exIV2r8X25
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 5, 2022
El ex candidato a presidente de Chile y referente de ultraderecha Antonio Kast habló en el debate presidencial sobre un "lobby gay" como argumento en contra de la ampliación de derechos para la población LGBTQ+. Al mismo tiempo, los partidarios de Jair Bolsonaro en Brasil también apuntan a la teoría de un supuesto lobby progresista. Se trata de una figura utilizada en todo el continente para desprestigiar las luchas colectivas por los Derechos Humanos.
El legislador de Libertad Avanza, Ramiro Marra, le contestó a Gabriel Solano vía twitter y usó la misma lógica: "Solano ¿leíste la ley? La ley que mencionas ya existe desde 1990, la diferencia es que ahora busca agregar un ente observador, es decir, más sarasa de empleo público. Además de eso, promueven una jubilación a los 50 años y pensión vitalicia. El país no está para eso".
Mientras alrededor de 13 personas fallecen por día a causa de complicaciones por el VIH, usuarios en redes sociales celebraban los votos liberales que impedían "fortalecer el INADI de los K".
Por su parte, Francisco Sánchez también justificó su voto negativo: "Detrás de la supuesta búsqueda de defender a personas vulnerables, crean más estructura en el Estado, es decir más gastos que salen de los bolsillos del que labura. Por esto voté en contra de la nueva ley de HIV. Yo y otros 7".
Detrás de la supuesta búsqueda de defender a personas vulnerables, crean más estructura en el Estado, es decir más gastos que salen de los bolsillos del que labura. Por esto voté en contra la nueva ley de HIV. Yo y otros 7.
José Luis Espert opinó "no hace falta romper mercados y obligar a empresas a atender gratis, prohibir despidos y crear jubilaciones especiales para cuidar a los que padecieron VIH", sino que se debe brindar "información, profilaxis y un sistema de salud que funcione".
