El gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Economía, Oscar Antonena, oficializaron el llamado a licitación de lo que será la "privatización" de la recaudación de impuestos provinciales en Chubut. La convocatoria establece que se delegará el cobro de impuestos durante seis años y el presupuesto oficial establecido destinado a la empresa recaudatoria será de 15.840 millones de pesos. Los trabajadores del sector marcharán el martes en Playa Unión rechazando el proceso iniciado por el Poder Ejecutivo.
Tras un largo y sinuoso camino que originalmente buscó entregar la recaudación de impuestos provinciales de Chubut a través de una adjudicación directa a la empresa Karstec S.A., finalmente la administración arcionista publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a una licitación pública para que una empresa privada se haga cargo de la recaudación de impuestos que corresponden al Estado provincial.
Tal como publicó El cohete a la Luna en marzo, "El equipo político-técnico de Antonena avanzó durante un año y medio con un análisis de mejoramiento y modernización de la recaudación que realiza la DGR con la consultora Karstec S.A., firma inscripta en Corrientes con contratos en esa provincia y Córdoba. En principio hubo acuerdo político en el grupo gobernante para que ese contrato se realizara a través del Banco del Chubut, estrategia que fracasó, según se deduce del escueto texto de la Resolución 96, fechada el 7 de marzo y publicada en el Boletín Oficial".
La periodista Susana Lara ya había anticipado en dicha publicación que "Como plan B, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) lanzará la licitación pública, que no necesariamente estará direccionada a favor de Karstec, como se preveía en el irregular expediente administrativo de su contratación para un estudio preliminar. Sobre la base de ese estudio, el Banco del Chubut S.A. debía llamar a una licitación pública internacional para la modernización y unificación de la liquidación y cobro de los impuestos que hoy ejecutan la DGR, la Dirección de Catastro e Información Territorial y la Subsecretaría de Pesca".
Casi 30% de los ingresos
Los impuestos de recaudación propia en Chubut representaron en 2022 un 26% de todos ingresos de la provincia y ahora su gestión quedaría recaudatoriamente en manos de alguna empresa nacional o internacional del sector privado. En el arranque de este 2023 durante enero significaron el 30,8% de todo lo recaudado por la provincia y en febrero el 28,7%.
La argumentación oficial se basa en la "eficiencia" de una compañía privada a la hora de cobrar los impuestos que le corresponden al Estado provincial, despreciando la capacidad recaudatoria del propio gobierno y los organismos estatales encargados de este proceso, que cuentan con personal especializado y larga trayectoria.
Incapacidad o falta de decisión política
A primera vista no se trata de una "incapacidad" del aparato del Rstado provincial para recaudar impuestos, sino que el problema principal radica en la falta de decisión de las distintas gestiones políticas para ponerse firmes a la hora de garantizar la recaudación existente en la actualidad o incrementar los tributos con la finalidad de aumentar los ingresos genuinos de Chubut.
La desidia política quedó al desnudo con las largas décadas de condonación del pago del impuesto Inmobiliario Rural para los grandes tenedores de tierras y productores agropecuarios de la provincia; pero también se reflejó con vergonzosa claridad con la derogación del Fondo Ambiental Provincial que fue derrumbado por el propio Ejecutivo a imagen y semejanza de lo que exigían los empresarios pesqueros.
Transparencia cero
A estos descalabros se les debe agregar la absoluta ausencia de información oficial, la que se restringió impunemente desde diciembre del 2022 cuando ardió la Casa de Gobierno en Rawson. Desde aquel momento no hay información oficial y pública sobre las ejecuciones presupuestarias y apenas se publican números sueltos sobre los ingresos mensuales.
No se informa sobre los gastos y menos aún sobre los pagos de deuda, junto a otros tantos rubros que conforman la "información pública" que el gobierno debería garantizar mensualmente para el análisis de cualquier ciudadano.
La "transparencia" es una máxima que la actual administración arcionista no profesa. Ni siquiera los pedidos de informes sobre las ejecuciones presupuestarias que fueron pedidas desde la Legislatura han sido respondidos.
El último dato oficial disponible -la página web sigue caída desde hace 16 meses- corresponde a los ejecutados del tercer trimestre del 2021; y los únicos datos obtenidos fueron por gestiones periodísticas, ya que oficialmente no se brinda información.
Este nuevo paso privatista en la recaudación será una mochila de plomo para las próximas dos gestiones de gobierno que asuman en Chubut, pero también le demandará al Estado un gasto de 15.840 millones de pesos. Esa suma es superior a la masa salarial que la provincia pagó por sueldos y jubilaciones estatales en el mes de marzo.
