Observatorio semanal de género: Mujeres e infancias latinoamericanas en grave peligro El Observatorio MuMaLá reveló las cifras de femicidios y trans/travesticidios en lo que va del año: registró 160 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Los casos del día a día comprueban las cifras, mientras se registra una avanzada de sectores de derecha en toda América Latina.
En Bolivia, peligra la ESI, ante una campaña de desinformación de grupos conservadores que buscan deslegitimar su potencia transformadora. Hacia el sur del continente, en la zona andina argentina, profesionales que luchan por los derechos de las infancias denuncian persecuciones.
En el ámbito judicial, se hace evidente la inoperancia de los funcionarios: la familia de Natalia Melmann -víctima de femicidio hace más de 20 años- mantiene la lucha por la condena de un cuarto responsable, y uno de los abogados intervinientes en la investigación por el femicidio de Anahí Benítez revela que la adolescente podría haber sido salvado de no ser por un pequeño y bizarro error de las fiscales.
160 muertes a manos de varones violentos en lo que va del 2023
Desde el Observatorio MuMaLá "Mujeres, Disidencias, Derechos" dieron a conocer un nuevo informe de su Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios y otras muertes violentas. Según este estudio, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2023, se cometieron 160 muertes violentas de mujeres, travestis - trans, de las cuales 105 fueron femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios.
A su vez, 85 fueron directos; 6 vinculados de niñas/mujeres; 13 vinculados de niños/varones; y 1 trans/travesticidio. En tanto, se registraron 192 intentos de femicidios. En el informe agregan que se relevaron 22 muertes violentas, asociadas al género, relacionadas a economías delictivas y a delitos comunes; además de 3 suicidios femicidas y 30 muertes violentas estan en investigación.
Entre los datos que destaca el Observatorio se encuentra que 97 niñxs y adolescentes se quedaron sin madre.
Respecto a las provincias con tasas más altas de femicidios en abril, encabezan la lista Chaco, Corrientes, La Rioja, Salta y Santiago del Estero. Cabe señalar que la tasa nacional indica que se cometieron 0,4 femicidios cada 100.000 mujeres.
54% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas; 17% de las víctimas había denunciado a su agresor (entre ellas, el 76,5 % tenía orden de restricción y el 23,5%, además, botón de alarma). La edad promedio de las víctimas fue 37 años.
A su vez, 69% de los femicidios fueron en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida. En el 13% de los casos la víctima estuvo desaparecida. En cuanto a los femicidas, el 22% se suicidó, el 5 % lo intentó; el 9% tenía antecedentes penales de violencia de género; y el 6% abusó sexualmente de la víctima.
Bolivia podría quedarse sin ESI
En línea con la avanzada conservadora en América Latina, en Bolivia peligra la presencia de la Educación Sexual Integral en la currícula escolar, fuertemente cuestionada por sectores de derecha, quienes vienen desplegando una campaña de desinformación al respecto.
Frente a la necesidad de implementar la ESI para prevenir violencias y fortalecer el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la campaña de sectores conservadores intenta mostrar el contenido de esta materia de manera tergiversada, haciendo énfasis en el peligro de la pornografía y la sexualización de las infancias
En el otro frente, "todos los días vemos historias desgarradoras de feminicidios y violaciones que nos llenan de impotencia", reclama Tania Sánchez, integrante de la Coordinadora de la Mujer y el Pacto Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Como Tania, miles de voces se escuchan en varios territorios pidiendo "Ni Un Paso Atrás" en la inclusión de la ESI.
De enero a abril de la actual gestión la fiscalía general del Estado recibió más de 13 mil casos de vulneración de derechos (en una población de 12 millones aprox.), en el marco de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La mayoría de los delitos responde a violencia intrafamiliar y violencia sexual, con un alto número de víctimas menores de edad.
Confirman el ADN de un exsargento en el cuerpo de Natalia Melmann, adolescente asesinada en 2001
En el marco del segundo juicio al exsargento Ricardo Panadero -cuarto policía de la Bonaerense acusado por el crimen de Natalia Melmann-, un perito declaró que el análisis de un vello público hallado en el cuerpo de la víctima mostró un 97% de compatibilidad con el perfil genético del imputado. La adolescente fue secuestrada, violada y asesinada en febrero del 2001 en Miramar. Tres responsables ya fueron hallados culpables, en tanto Panadero había sido absuelto.
En su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de la ciudad de Mar del Plata, Gustavo Penacino, perito bioquímico por parte de la acusación que representa a la familia de la víctima, dijo que existen "33 veces más posibilidades" de que la muestra analizada pertenezca al imputado que a otra persona.
Penacino expresó además que el tribunal a cargo del primer juicio a Panadero -en julio del 2018- realizó una interpretación incorrecta de este "índice de incriminación", al contemplar "el 33 como un porcentaje".
Luego de revisar los estudios elaborados en la causa por la Asesoría Pericial de La Plata, se estableció que estadísticamente "es 33 veces más probable" que el exsargento imputado "sea el individuo que aportó la muestra, que la población general", y ese índice se traduce en un "97,05 por ciento de compatibilidad" con su perfil genético.
Este dato será clave en este nuevo juicio que buscará probar la participación de Panadero en el crimen de Natalia Melmann. El primer juicio fue anulado en 2019 por el Tribunal de Casación Penal Bonaerense.
La defensa, encabezada por el abogado Lautaro Resúa, cuestionó ese elemento al momento de interrogar al testigo, y recordó que otro perito oficial que intervino en la causa había calificado como "muy alto" el margen de error del 3%.
Psicólogos de Bariloche denuncian hostigamiento por su lucha contra el abuso sexual infantil
Desde el colectivo de Profesionales en Lucha contra al Backlash denuncian el hostigamiento sistemático a la psicóloga Mariana Pedrini, oriunda de Bariloche, por el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de la Zona Andina, dándole
curso a denuncias infundadas por parte de denunciados por abuso sexual intrafamiliar contra niños y niñas. Para el colectivo, supone un "brutal ataque" destinado a desarticular los logros conseguidos en materia de derechos, una situación común para los profesionales que atienden y defienden a las víctimas de abuso sexual.
El hostigamiento se remonta al 2019 e inicia con una denuncia del progenitor de uno de sus pacientes, acusado de abuso sexual infantil. Tras el incidente, desaparecieron todas las historias clínicas de los pacientes que atendía en el Hospital Zonal. Sin tener sumario ni causa probada se rescinde su contrato en el Hospital quedándose sin trabajo de ningún tipo porque el cargo de dedicación exclusiva no permitía que tuviera consultorio ni otra actividad asistencial, en un momento en que la profesional estaba concursando para planta permanente. Le siguió otra denuncia, esta vez de un abuelo acusado de abuso, lo cual provocó una suspensión de matrícula.
"Desde el colectivo Profesionales en Lucha contra el Backlash alertamos a la comunidad y ponemos en evidencia las estrategias que son llevadas a cabo actualmente contra los defensores de la infancia, dejando una vez más, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual totalmente desprotegidos", expresa el comunicado emotivo por el colectivo.
"Es inadmisible que los colegios de profesionales den curso a denuncias contra sus propios colegas realizadas por agresores sexuales, en su mayoría padres/abuelos que han sido alejados de sus hijxs por causas judiciales, por denuncias de incesto paterno filial las cuales no persiguen otro fin más que desprestigiar y perseguir a las y los
profesionales que trabajan en la temática. Como consecuencia en la ciudad de Bariloche no hay profesionales especializados en abuso sexual infantil", remarcan.
Paraguay: un acusado de violación fue electo senador
Se trata de Rafael "Mbururu" Esquivel, quien está en la penitenciaría regional de Ciudad del Este bajo prisión preventiva. Está preso desde hace ocho meses y enfrentar cargos por abuso sexual infantil y estupro a una menor, entre otros delitos. Fue el segundo candidato más votado por la lista de Cruzada Nacional.
Esquivel fue detenido e imputado en agosto del año pasado, acusado de liderar e instigar un ataque a una propiedad ubicada en Itakyry y de agresión física y sexual a los integrantes de una familia paraguaya de agricultores.
El juez electoral Modesto Núñez dijo a medios de comunicación que se analizará el caso para determinar si puede o no asumir: "Uno solo puede dejar de ser candidato cuando hay una condena firme, porque se presume la inocencia".
Por su parte, el ministro del TSJE, Jorge Bogarín, dijo en conferencia de prensa que el 24 de mayo se tendrá el cómputo definitivo y evitó entrar en detalles sobre el caso. "Se va a hacer el procedimiento que dice la ley, no quiero referirme todavía a eso, porque, además de las funciones administrativas, como ministros también tenemos funciones jurisdiccionales, y si opino, podría ser causal de recusación", contestó.
La negligencia de las autoridades que condena a las víctimas
En el marco de la investigación del femicidio de Anahí Benítez, un dato evidencia la incapacidad de las autoridades a cargo para salvar la vida de la joven: por un error en el pedido de localización a la empresa de telefonía, Anahí fue hallada tarde.
De acuerdo a la información desplegada en la investigación, se llegó a la conclusión de que las fiscales especializadas en Género, Verónica Pérez, de la UFIJ 3 de Esteban Echeverría, y Fabiola Juanatey, de la UFIJ2 de Banfield, que intervinieron desde el inicio en el caso de Anahí Benítez, tuvieron en sus manos la información suficiente como para haber encontrado a la adolescente dos días antes de que fuera asesinada el 3 de agosto de 2017, mediante el pedido de localización a las empresas de telefonía celular.
Las fiscales habrían errado el rango temporal y un dígito del número de carcaza del teléfono de Anahí, por lo que la información recabada a partir de ese pedido habría sido completamente inútil. Al advertir el error, enviaron un nuevo pedido el 4 de agosto, pero ya era tarde, puesto que Anahí había sido asesinada un día antes. El 31 de julio, un chip de esa empresa había reemplazado al original en la carcaza del celular de Anahí.
El dato fue proporcionado por el abogado defensor de Marcos Bazán, Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina durante su exposición ante los jueces del Tribunal Oral 7.
"Para colmo de males, existió otro hecho tan aberrante y tan grave que las fiscales intervinientes debían disimular, ocultar bajo los frondosos pliegues de la patraña del 'hippie de los hongos': Lamento tener que hacer referencia a esto que jamás debió haber ocurrido y le pido a los jueces que hagan un último esfuerzo para oír bien", expresó Garrido.
"El 1 de agosto de 2017, la fiscalía de instrucción requirió mediante oficio a la DAJUDECO (Dirección de Observaciones Judiciales de la Corte Suprema) que efectuara la geolocalización del IMEI 355519073676300 y se informara si impactó una nueva tarjeta SIM del 31 de julio al 1 de julio de 2017."
Como advirtió Garrido, el "período es confuso ya que debió referirse al 1 de agosto de 2017 y no al 1 de julio. Esto hizo que el período de interés quedara fuera del requerimiento, ya que la interpretación más razonable de los destinatarios seguramente fue que el periodo requerido abarcaba del 31 de julio de 2016 al 1 de julio de 2017". Subrayó que, de haber enviado los datos correctamente, ese mismo día habrían tenido la detección del cambio de chip y la ubicación.
El cambio se produjo al día siguiente, el 4 de agosto, cuando alguien desconocido de la fiscalía advirtió el error y dejó "un cartelón": "Allí se lee -contó el abogado- '355519073676306 IMEI CORRECTO'. Sin embargo, la persona que verificó cuál era el número de IMEI correcto no dejó una constancia documentando la existencia de la averiguación, con quién se realizó y de dónde surgía el número correcto de IMEI. Es decir que no se cumplió con lo que es usual en el ámbito judicial: documentar las informaciones que se van recopilando".
El 4 de agosto, a las 17.13, "apenas cuatro horas después" del fax enviado por la fiscal Pérez, recibió en su mail la respuesta de Claro en la que le informaba del primer impacto el 31 de julio, es decir, la verificación del cambio de chip en la carcaza del celular de Anahí. El envío permaneció en el correo de la fiscal desde el 4 de agosto pero, "sorprendentemente recién se solicitó la intervención del número que había impactado el día 10 de agosto a las 16.35 horas."
Garrido se refirió a una situación "de una gravedad inusitada": "La fiscalía no pudo dar con la pista adecuada en tiempo oportuno por la negligencia en confeccionar sus solicitudes. Debe tenerse presente que las empresas requeridas contestaron el mismo día 1 de agosto lo que se les pedía pero, claro, seguramente con un error sobre las fechas requeridas o bien sobre un IMEI que no era el correcto. La fiscalía pudo probablemente haber evitado el femicidio de Anahí si hubiera obrado con la debida diligencia. Ello no ocurrió".
"Insólitamente pidieron la intervención de ese número recién el día 10 de agosto. Evidentemente, las fiscales habían estado distraídas diseñando y concretando toda esta patraña contra Marcos Bazán", sostuvo el abogado, en relación al argumento de que Bazán es inocente y fue utilizado como "perejil" en la causa.
El Observatorio MuMaLá reveló las cifras de femicidios y trans/travesticidios en lo que va del año: registró 160 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Los casos del día a día comprueban las cifras, mientras se registra una avanzada de sectores de derecha en toda América Latina.
En Bolivia, peligra la ESI, ante una campaña de desinformación de grupos conservadores que buscan deslegitimar su potencia transformadora. Hacia el sur del continente, en la zona andina argentina, profesionales que luchan por los derechos de las infancias denuncian persecuciones.
En el ámbito judicial, se hace evidente la inoperancia de los funcionarios: la familia de Natalia Melmann -víctima de femicidio hace más de 20 años- mantiene la lucha por la condena de un cuarto responsable, y uno de los abogados intervinientes en la investigación por el femicidio de Anahí Benítez revela que la adolescente podría haber sido salvado de no ser por un pequeño y bizarro error de las fiscales.
160 muertes a manos de varones violentos en lo que va del 2023
Desde el Observatorio MuMaLá "Mujeres, Disidencias, Derechos" dieron a conocer un nuevo informe de su Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios y otras muertes violentas. Según este estudio, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2023, se cometieron 160 muertes violentas de mujeres, travestis - trans, de las cuales 105 fueron femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios.
A su vez, 85 fueron directos; 6 vinculados de niñas/mujeres; 13 vinculados de niños/varones; y 1 trans/travesticidio. En tanto, se registraron 192 intentos de femicidios. En el informe agregan que se relevaron 22 muertes violentas, asociadas al género, relacionadas a economías delictivas y a delitos comunes; además de 3 suicidios femicidas y 30 muertes violentas estan en investigación.
Entre los datos que destaca el Observatorio se encuentra que 97 niñxs y adolescentes se quedaron sin madre.
Respecto a las provincias con tasas más altas de femicidios en abril, encabezan la lista Chaco, Corrientes, La Rioja, Salta y Santiago del Estero. Cabe señalar que la tasa nacional indica que se cometieron 0,4 femicidios cada 100.000 mujeres.
54% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas; 17% de las víctimas había denunciado a su agresor (entre ellas, el 76,5 % tenía orden de restricción y el 23,5%, además, botón de alarma). La edad promedio de las víctimas fue 37 años.
A su vez, 69% de los femicidios fueron en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida. En el 13% de los casos la víctima estuvo desaparecida. En cuanto a los femicidas, el 22% se suicidó, el 5 % lo intentó; el 9% tenía antecedentes penales de violencia de género; y el 6% abusó sexualmente de la víctima.
Bolivia podría quedarse sin ESI
En línea con la avanzada conservadora en América Latina, en Bolivia peligra la presencia de la Educación Sexual Integral en la currícula escolar, fuertemente cuestionada por sectores de derecha, quienes vienen desplegando una campaña de desinformación al respecto.
Frente a la necesidad de implementar la ESI para prevenir violencias y fortalecer el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la campaña de sectores conservadores intenta mostrar el contenido de esta materia de manera tergiversada, haciendo énfasis en el peligro de la pornografía y la sexualización de las infancias
En el otro frente, "todos los días vemos historias desgarradoras de feminicidios y violaciones que nos llenan de impotencia", reclama Tania Sánchez, integrante de la Coordinadora de la Mujer y el Pacto Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Como Tania, miles de voces se escuchan en varios territorios pidiendo "Ni Un Paso Atrás" en la inclusión de la ESI.
De enero a abril de la actual gestión la fiscalía general del Estado recibió más de 13 mil casos de vulneración de derechos (en una población de 12 millones aprox.), en el marco de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La mayoría de los delitos responde a violencia intrafamiliar y violencia sexual, con un alto número de víctimas menores de edad.
Confirman el ADN de un exsargento en el cuerpo de Natalia Melmann, adolescente asesinada en 2001
En el marco del segundo juicio al exsargento Ricardo Panadero -cuarto policía de la Bonaerense acusado por el crimen de Natalia Melmann-, un perito declaró que el análisis de un vello público hallado en el cuerpo de la víctima mostró un 97% de compatibilidad con el perfil genético del imputado. La adolescente fue secuestrada, violada y asesinada en febrero del 2001 en Miramar. Tres responsables ya fueron hallados culpables, en tanto Panadero había sido absuelto.
En su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de la ciudad de Mar del Plata, Gustavo Penacino, perito bioquímico por parte de la acusación que representa a la familia de la víctima, dijo que existen "33 veces más posibilidades" de que la muestra analizada pertenezca al imputado que a otra persona.
Penacino expresó además que el tribunal a cargo del primer juicio a Panadero -en julio del 2018- realizó una interpretación incorrecta de este "índice de incriminación", al contemplar "el 33 como un porcentaje".
Luego de revisar los estudios elaborados en la causa por la Asesoría Pericial de La Plata, se estableció que estadísticamente "es 33 veces más probable" que el exsargento imputado "sea el individuo que aportó la muestra, que la población general", y ese índice se traduce en un "97,05 por ciento de compatibilidad" con su perfil genético.
Este dato será clave en este nuevo juicio que buscará probar la participación de Panadero en el crimen de Natalia Melmann. El primer juicio fue anulado en 2019 por el Tribunal de Casación Penal Bonaerense.
La defensa, encabezada por el abogado Lautaro Resúa, cuestionó ese elemento al momento de interrogar al testigo, y recordó que otro perito oficial que intervino en la causa había calificado como "muy alto" el margen de error del 3%.
Psicólogos de Bariloche denuncian hostigamiento por su lucha contra el abuso sexual infantil
Desde el colectivo de Profesionales en Lucha contra al Backlash denuncian el hostigamiento sistemático a la psicóloga Mariana Pedrini, oriunda de Bariloche, por el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de la Zona Andina, dándole
curso a denuncias infundadas por parte de denunciados por abuso sexual intrafamiliar contra niños y niñas. Para el colectivo, supone un "brutal ataque" destinado a desarticular los logros conseguidos en materia de derechos, una situación común para los profesionales que atienden y defienden a las víctimas de abuso sexual.
El hostigamiento se remonta al 2019 e inicia con una denuncia del progenitor de uno de sus pacientes, acusado de abuso sexual infantil. Tras el incidente, desaparecieron todas las historias clínicas de los pacientes que atendía en el Hospital Zonal. Sin tener sumario ni causa probada se rescinde su contrato en el Hospital quedándose sin trabajo de ningún tipo porque el cargo de dedicación exclusiva no permitía que tuviera consultorio ni otra actividad asistencial, en un momento en que la profesional estaba concursando para planta permanente. Le siguió otra denuncia, esta vez de un abuelo acusado de abuso, lo cual provocó una suspensión de matrícula.
"Desde el colectivo Profesionales en Lucha contra el Backlash alertamos a la comunidad y ponemos en evidencia las estrategias que son llevadas a cabo actualmente contra los defensores de la infancia, dejando una vez más, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual totalmente desprotegidos", expresa el comunicado emotivo por el colectivo.
"Es inadmisible que los colegios de profesionales den curso a denuncias contra sus propios colegas realizadas por agresores sexuales, en su mayoría padres/abuelos que han sido alejados de sus hijxs por causas judiciales, por denuncias de incesto paterno filial las cuales no persiguen otro fin más que desprestigiar y perseguir a las y los
profesionales que trabajan en la temática. Como consecuencia en la ciudad de Bariloche no hay profesionales especializados en abuso sexual infantil", remarcan.
Paraguay: un acusado de violación fue electo senador
Se trata de Rafael "Mbururu" Esquivel, quien está en la penitenciaría regional de Ciudad del Este bajo prisión preventiva. Está preso desde hace ocho meses y enfrentar cargos por abuso sexual infantil y estupro a una menor, entre otros delitos. Fue el segundo candidato más votado por la lista de Cruzada Nacional.
Esquivel fue detenido e imputado en agosto del año pasado, acusado de liderar e instigar un ataque a una propiedad ubicada en Itakyry y de agresión física y sexual a los integrantes de una familia paraguaya de agricultores.
El juez electoral Modesto Núñez dijo a medios de comunicación que se analizará el caso para determinar si puede o no asumir: "Uno solo puede dejar de ser candidato cuando hay una condena firme, porque se presume la inocencia".
Por su parte, el ministro del TSJE, Jorge Bogarín, dijo en conferencia de prensa que el 24 de mayo se tendrá el cómputo definitivo y evitó entrar en detalles sobre el caso. "Se va a hacer el procedimiento que dice la ley, no quiero referirme todavía a eso, porque, además de las funciones administrativas, como ministros también tenemos funciones jurisdiccionales, y si opino, podría ser causal de recusación", contestó.
La negligencia de las autoridades que condena a las víctimas
En el marco de la investigación del femicidio de Anahí Benítez, un dato evidencia la incapacidad de las autoridades a cargo para salvar la vida de la joven: por un error en el pedido de localización a la empresa de telefonía, Anahí fue hallada tarde.
De acuerdo a la información desplegada en la investigación, se llegó a la conclusión de que las fiscales especializadas en Género, Verónica Pérez, de la UFIJ 3 de Esteban Echeverría, y Fabiola Juanatey, de la UFIJ2 de Banfield, que intervinieron desde el inicio en el caso de Anahí Benítez, tuvieron en sus manos la información suficiente como para haber encontrado a la adolescente dos días antes de que fuera asesinada el 3 de agosto de 2017, mediante el pedido de localización a las empresas de telefonía celular.
Las fiscales habrían errado el rango temporal y un dígito del número de carcaza del teléfono de Anahí, por lo que la información recabada a partir de ese pedido habría sido completamente inútil. Al advertir el error, enviaron un nuevo pedido el 4 de agosto, pero ya era tarde, puesto que Anahí había sido asesinada un día antes. El 31 de julio, un chip de esa empresa había reemplazado al original en la carcaza del celular de Anahí.
El dato fue proporcionado por el abogado defensor de Marcos Bazán, Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina durante su exposición ante los jueces del Tribunal Oral 7.
"Para colmo de males, existió otro hecho tan aberrante y tan grave que las fiscales intervinientes debían disimular, ocultar bajo los frondosos pliegues de la patraña del 'hippie de los hongos': Lamento tener que hacer referencia a esto que jamás debió haber ocurrido y le pido a los jueces que hagan un último esfuerzo para oír bien", expresó Garrido.
"El 1 de agosto de 2017, la fiscalía de instrucción requirió mediante oficio a la DAJUDECO (Dirección de Observaciones Judiciales de la Corte Suprema) que efectuara la geolocalización del IMEI 355519073676300 y se informara si impactó una nueva tarjeta SIM del 31 de julio al 1 de julio de 2017."
Como advirtió Garrido, el "período es confuso ya que debió referirse al 1 de agosto de 2017 y no al 1 de julio. Esto hizo que el período de interés quedara fuera del requerimiento, ya que la interpretación más razonable de los destinatarios seguramente fue que el periodo requerido abarcaba del 31 de julio de 2016 al 1 de julio de 2017". Subrayó que, de haber enviado los datos correctamente, ese mismo día habrían tenido la detección del cambio de chip y la ubicación.
El cambio se produjo al día siguiente, el 4 de agosto, cuando alguien desconocido de la fiscalía advirtió el error y dejó "un cartelón": "Allí se lee -contó el abogado- '355519073676306 IMEI CORRECTO'. Sin embargo, la persona que verificó cuál era el número de IMEI correcto no dejó una constancia documentando la existencia de la averiguación, con quién se realizó y de dónde surgía el número correcto de IMEI. Es decir que no se cumplió con lo que es usual en el ámbito judicial: documentar las informaciones que se van recopilando".
El 4 de agosto, a las 17.13, "apenas cuatro horas después" del fax enviado por la fiscal Pérez, recibió en su mail la respuesta de Claro en la que le informaba del primer impacto el 31 de julio, es decir, la verificación del cambio de chip en la carcaza del celular de Anahí. El envío permaneció en el correo de la fiscal desde el 4 de agosto pero, "sorprendentemente recién se solicitó la intervención del número que había impactado el día 10 de agosto a las 16.35 horas."
Garrido se refirió a una situación "de una gravedad inusitada": "La fiscalía no pudo dar con la pista adecuada en tiempo oportuno por la negligencia en confeccionar sus solicitudes. Debe tenerse presente que las empresas requeridas contestaron el mismo día 1 de agosto lo que se les pedía pero, claro, seguramente con un error sobre las fechas requeridas o bien sobre un IMEI que no era el correcto. La fiscalía pudo probablemente haber evitado el femicidio de Anahí si hubiera obrado con la debida diligencia. Ello no ocurrió".
"Insólitamente pidieron la intervención de ese número recién el día 10 de agosto. Evidentemente, las fiscales habían estado distraídas diseñando y concretando toda esta patraña contra Marcos Bazán", sostuvo el abogado, en relación al argumento de que Bazán es inocente y fue utilizado como "perejil" en la causa.
