Géneros

Observatorio semanal de género: Radiografía de una justicia machista

Selección por Lola Sánchez

La justicia brasilera absolvió a Juan Darthés por el delito de abuso sexual contra Thelma Fardín. La actriz adelantó que apelarán el veredicto y sentenció: "Absolución no significa inocencia". Por otro lado, el cuarto responsable por el femicidio de Natalia Melmann, Ricardo Panadero, fue condenado, pero 22 años tarde, mientras la familia insiste en que se realicen pruebas sobre un quinto ADN hallado en el cuerpo de la adolescente.

El 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial contra LGBT Odio, poniendo de manifiesto las múltiples expresiones de violencia que todavía sufren personas de este colectivo en todo el mundo, un escenario que no escapa a América Latina. El mismo día, se llevó a cabo en Argentina la primera marcha contra la violencia obstétrica bajo el lema "Mi parto, mi decisión".

En Salta, la comunidad civil y profesional se manifestó en contra del proyecto del senador Emiliano Durand, el cual propone que los niños, niñas y adolescentes puedan ser revinculados con familiares incluso si éstos fueron denunciados por abuso sexual u otro tipo de violencia contra los menores.

La violencia más invisibilizada copa las calles

La campaña "Mi parto, mi decisión" organizó la primera marcha federal para tratar la problemática de violencia obstétrica en instituciones privadas y públicas. Si bien es una modalidad de violencia contemplada en la normativa jurídica vigente, es una de las expresiones machistas más invisibilizadas.

Por primera vez, se realizó una marcha contra la violencia ginecobstétrica y neonatal en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias del país, en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado. La manifestación reclama la aplicación efectiva de la ley de parto respetado en todas las instituciones del país.

De acuerdo a un relevamiento realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina (OVO) de 2015, aún con la Ley de Parto Respetado vigente el 90% de las mujeres y personas gestantes sufre violencia obstétrica en Argentina.

"Creo que logramos ampliar la agenda de trabajo, ampliamos el discurso y construimos un abordaje. La campaña nace para visibilizar especialmente lo que sucede en la esfera del nacimiento, pero después advertimos que también había que hablar de lo que sucede en todo el proceso de la atención ginecoobstétrica", explicó Luján Arcidiacono, coordinadora de la Campaña Mi parto, Mi decisión.

Uno de los avances más importantes a nivel institucional fue la reglamentación de la Ley 25.929, pero las activistas remarcan que todavía faltan recursos en materia presupuestaria y de diagramación política, así como un cambio cultural profundo. Denunciar violencia obstétrica es ingresar en un circuito de revictimización e invisibilización, en tanto no haya avances significativos y capacitación del personal de Salud.

Lo central es comenzar a elaborar estadísticas y darle nombre a una violencia que estuvo silenciada durante décadas: "Cuando empezamos a alzar la voz muchas personas se dieron cuenta que lo que vivieron tenía un nombre y que necesitaban respuestas e información. Cada día recibimos comunicaciones de personas que han sufrido situaciones terribles y que se contactan con nosotras porque no saben con quién ni a dónde", concluye Arcidiacono.

Una condena que llega tarde

Tras 22 años del secuestro, violación y femicidio de la adolescente Natalia Melmann, se condenó al cuarto responsable, luego de haber sido absuelto en un primer juicio por una mala interpretación del resultado del ADN.

Panadero fue condenado a perpetua por unanimidad por el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Mar del Plata, constituido por los jueces Néstor Conti, Mariana Irianni y Juan Galarreta. Fue declarado coautor de los delitos de "privación ilegítima con empleo de violencia, abuso sexual calificado por la intervención de dos o más personas y homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más personas y por haberse consumado para lograr la impunidad".

En la sentencia se hizo especial hincapié en el reconocimiento de la prueba de ADN, impulsado por la querella, presentada por los abogados Federico Paruolo y Yamil Castro Bianchi, y acompañada por la fiscalía a cargo de Ana María Caro. En 2002, Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez, fueron condenados a perpetua. La detección del ADN y la aparición de un testigo nuevo permitieron llevar a juicio a Panadero en 2018, pero una mala interpretación del peritaje concluyó que no había coincidencias entre Panadero y el material genético hallado en el cuerpo de Natalia.

"Esta condena, a la familia no nos cambia, pero sí cambia la historia: el abuso de las fuerzas policiales no se puede volver a repetir", dijo al salir de los tribunales Gustavo Melmann, padre de Natalia. Laura Calampuca, su madre, expresó: "Gracias a la lucha y la perseverancia es como defendemos los derechos, principios y valores que nos guían. Nunca recuperaremos a nuestra Nati, está repartida en todas y todos los que fueron testigos, víctimas, familias destrozadas por el dolor de la pérdida, pero entre todos hemos logrado tener un asesino menos en nuestra ciudad".

Unidxs en la diversidad: Se conmemoró el día Mundial contra el LGBT Odio

El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial contra el LGBT Odio. La fecha se conmemoró por primera vez en 2005 para recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad del manual de clasificación de enfermedades mentales. A casi 20 años de este hecho, para muchas personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ la violencia es moneda diaria. La fecha se posiciona como un momento clave para recordar a los Estados la importancia de implementar políticas públicas destinadas a erradicar estas violencias.

Cada año se elige un tema central para desarrollar las acciones. Este año el lema es "Siempre juntxs: Unidxs en la diversidad".

Pese a los avances en materia normativa, todavía hay Estados miembros de la ONU que no brindan seguridad jurídica para el colectivo LGBTQ+, prohíben expresiones y discursos relacionados a la diversidad sexual y castigan con pena de muerte o cárcel actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo

En América Latina, las violencias contra la comunidad LGBTQ+ sigue siendo una de las grandes deudas en materia de Derechos Humanos, vulneraciones que se conjugan con otras problemáticas como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, el género o las identidades racializadas.

Absolución no significa inocencia: apelarán el veredicto que benefició a Darthés

El juicio contra Juan Darthés comenzó en 2021, tres años después de que la actriz presentara la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua. Lo hechos sucedieron en 2009 cuando Thelma Fardín tenía 16 años.

Darthés fue absuelto en primera instancia del delito de violación contra Thelma Fardin en la Justicia de Brasil, según informó uno de sus abogados defensores. Quedó probado el hecho del abuso sexual pero el delito prescribió.

"Hemos ganado. Vamos a conseguir que la justicia tenga perspectiva de género en Brasil y en todos los paises, que no nos callen por esta sentencia. No voy a bajar los brazos. No dejen de denunciar abusos, no nos pueden aleccionar con esta sentencia", expresó Fardín en una rueda de prensa el pasado 13 de mayo.

La actriz ya adelantó que apelarán el veredicto: "La Justicia propone un juego perverso en una cancha absolutamente inclinada. Estoy cansada, pero esto no terminó y no me van a quebrar".

Un paso atrás en la defensa de las infancias

Emiliano Durand, senador por Salta, estuvo en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas por proponer un proyecto que obligaría a revincular a niños y niñas con sus abusadores.

El proyecto le daría atribuciones y obligaciones al poder judicial para realizar un registro de progenitores, tutores o guardadores que, teniendo a su cargo el cuidado personal de niños, niñas y adolescentes, "impidan el ejercicio del derecho a la comunicación o contacto del otro progenitor no conviviente o de la persona que tiene tales derechos". De aprobarse, permitiría que niños y niñas puedan ser revinculados a familiares que los hayan abusado o violentado de alguna forma, desoyendo la normativa vigente que protege los derechos de los menores.

La organización Madres Protectores y otros 85 organismos defensores de los derechos de los niños salieron a cruzar al senador y exigen que no se avance con el proyecto. De acuerdo a lo relatado por las organizaciones, en caso de sancionarse la ley "allanaría el camino para que las situaciones de maltrato y abuso contra las infancias se sigan reproduciendo porque se obliga a una revinculación y no se ven los antecedentes que hay detrás de estos pedidos de muchos padres que son violentos".

También se presentaron repudios por parte de organismos de profesionales, como el Colegio de Abogados de Salta, que advirtió sobre los peligros de esta legislación para las infancias.

Explicaron que la aprobación del proyecto de Durand iría en contra del artículo 9 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual establece que se debe proteger a los menores de "trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante".

Por su parte, la ciudadanía se movilizó y expresó un repudio masivo al proyecto. Durand se defendió argumentando que el Registro de Obstructores de Lazos Familiares "servirá para proteger a la persona más indefensa en toda esta ruptura y en toda esta relación que se puede dar en una pareja que ya no convive más. Por todo eso evitar que los niños paguen las desavenencias de los adultos, es el espíritu del Registro".

En el discurso de Durn los especialistas advirtieron semejanzas con el Síndrome de Alienación Parental, un supuesto síndrome originado en Estados Unidos en 1985 que sostiene que los relatos de abuso de los menores son expresiones insaturadas por alguno de los progenitores -mayormente la madre- para desprestigiar a la ex pareja. Dicho "síndrome" fue desmentido por especialistas, aunque actualmente suele ser utilizado como argumento para invalidar denuncias por abuso y castigar a las madres protectoras.

En este sentido, el colectivo de activistas sostiene que se trata de una medida que "criminaliza a las madres protectores, encubre situaciones de abuso y habilita a la revinculación forzosa de niños con sus agresores".