Géneros

La Ley Bases amenaza de lleno los derechos laborales y jubilatorios de millones de mujeres

Por Lola Sánchez

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados, en las próximas horas se prevé la continuación de un álgido debate en el Senado en relación a la Ley Bases, el proyecto presentado por el oficialismo que prevé serias modificaciones en varios aspectos clave como los derechos laborales, el empleo público, las jubilaciones y la privatización de empresas. La Ley Bases busca ser un reemplazo de la fallida Ley Ómnibus rechazada en febrero. Sin embargo, tendría un impacto transversal mucho mayor en materia de género.

La Ley Ómnibus ya amenazaba varias conquistas de los feminismos y prometía un panorama poco esperanzador para las mujeres y disidencias, con referencias directas a la eliminación o reducción de la Ley de Paridad, La Ley Micaela y la Ley de los Mil Días, entre otras. Ahora, la Ley Bases busca impactar de lleno en las condiciones de vida de este sector, con medidas que afectan directamente los derechos laborales y jubilatorios. El debate de fondo sigue siendo la visibilización de las tareas domésticas de millones de mujeres, que con las modificaciones que pretende el proyecto de ley, retrocederá significativamente.

Más precarizadas, con menos posibilidades y años de trabajo formal, la jubilación parece a primera vista un objetivo poco accesible para muchas mujeres; una situación que comenzó a ser discutida hace poco menos de una década, en la medida en que los movimientos feministas pusieron en agenda la situación del empleo con perspectiva de género. La moratoria previsional permitió que muchas mujeres que dedicaron gran parte de su vida a las tareas domésticas y el cuidado de niños, niñas y adultos mayores -lo que perjudicó sus pretensiones laborales e incidió directamente en sus ingresos-, pudieran jubilarse como cualquier otro trabajador reconocido. La medida no sólo buscó ampliar esta posibilidad para un sector muchas veces vulnerado, sino que apostó por el reconocimiento de tareas históricamente feminizadas e invisibilizadas, que sin embargo generan grandes aportes a la economía de un país.

Otro aspecto central de la Ley Bases, y uno de los más resistidos, es el paquete de reformas laborales, que a la par de la derogación de la moratoria, implica una profundización de las condiciones laborales desiguales que sufren las mujeres, quienes encabezan las tasas de informalidad y desocupación.

Derogación de la moratoria: qué pasará con las mujeres sin aportes

El esquema actual de moratoria previsional tiene vigencia desde el 2014 (Ley 26.970), y ha permitido que más de tres millones de varones y mujeres que no tenían posibilidades para jubilarse pudieran hacerlo, pagando los años faltantes de aportes. En este escenario, las mujeres pueden iniciar los trámites al cumplir los 60 años y acceder a una jubilación aunque no cumplan con la cantidad de años que establece la ley. En 2021, además, se implementó un reconocimiento a las tareas de cuidado de hijas e hijas, por lo que aquellas mujeres que se dedicaron a esas tareas en desmedro de un empleo formal, pueden garantizar su retiro.

De acuerdo a un informe del CEPA, en 2021 se registraban unas 1,5 millones de personas en edad jubilatoria que no contaban con los 30 años de aportes. De ese número, 906.876 contaban con aportes, pero no los suficientes para iniciar el trámite jubilatorio y 680.724 directamente no contaban con aporte alguno para poder acceder a la prestación.

En esta última cifra aparecía una notable brecha de género: 522.991 eran mujeres, es decir, 46,1% de quienes están próximas a cumplir la edad jubilatoria, y 157.733 hombres, 17,67% del total de casos de varones.

Por otro lado, el informe subrayó que "sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria presentan más de 20 años de aportes y podrían estar eventualmente en condiciones de jubilarse. Dentro de este grupo, los que superan los 25 años de aportes (es decir, quienes podrían jubilarse ni bien cumplan la edad jubilatoria) se reduce a sólo 7 mujeres de cada 100 y 16 hombres de cada 100".

El primer artículo del título IX de la Ley Bases establece, precisamente la derogación de la moratoria previsional, una iniciativa que fue promulgada a principios del 2023 mediante la Ley 27.705, para sostener los esquemas de moratoria que estaban establecidos previamente.

Actualmente, se calcula que el 74% de las prestaciones otorgadas por moratoria están destinadas a mujeres, por lo que el contenido de la Ley Bases amenazaría el derecho de un número significativo de trabajadoras de llegar a jubilarse.

Para Renata Hiller -Secretaria de Género de Comodoro Rivadavia y ex directora de ANSES- estos ítems van a hacer de la jubilación "no un derecho, sino un privilegio de las personas que durante su vida activa tuvieron el acceso al mercado de trabajo formal, así hay que entenderlo la jubilación que está entendida como un derecho pasa a ser un privilegio en relación a darle continuidad a aquellas mejores condiciones que se tuvieron durante la vida activa y que se perpetúa durante la vida pasiva".

"En Argentina, si lo pensamos desde el género, se va a jubilar 1 de cada 10 mujeres, si pensamos en los varones, 1 de cada 6 o 7. Y en el global, 3 de cada 10 personas" agregó. La alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que propuso en su momento el macrismo, lo que implica "una prestación de segunda, que significa apenas un 80% de lo que es la jubilación mínima".

"No es un derecho adquirido, es decir, una vez que esa persona que tiene la Atención Universal fallece eso no genera derecho a pensión y en el caso de las mujeres en adicional es que como esta PUAM está pensada de acuerdo a la jubilación de los varones las mujeres que hoy tienen 60 años y que necesitan poder jubilarse se van a encontrar que tienen que esperar cinco años más hasta poder acceder a la PUAM", subrayó.

"Estos fueron los argumentos, no de hace cinco años, sino en febrero del año pasado, que ya se había sancionado la última ley de moratoria y no es que fue una ley que se sancionó entre gallos y medianoche, fue una ley que se discutió primero en Senado, que tuvo medias sancion en el año 2022 y que después la oposición se negó a tratar sistemáticamente durante meses y meses, es decir, no daban quórum para que esa discusión pudiera darse porque realmente votar en contra además era muy complicado, votar que estas en contra de que las personas que trabajaron en negro toda su vida sean castigadas sin poder jubilarse era difícil, entonces lo que hacía era directamente abroquelarse y no dar quorum", recordó.

Y agrega que "cuando finalmente se puede tratar en la cámara y en febrero del 2023 se aprueba esa ley de moratoria, estaban sobre la mesa todos estos argumentos que tienen que ver con entender la relación entre mercado de trabajo y el sistema previsional".

Mujeres y mercado laboral: las brechas que no se achican

La necesidad de esta medida y la falta de años de aporte de las mujeres en el actual sistema laboral no se explica por el hecho de que no hayan trabajado, sino que en su mayoría lo hacen de manera informal, precarizada o bien son quienes sostienen el "trabajo no pago": las tareas domésticas y de cuidado, que representan una cifra en horas de trabajo mucho mayores que un empleo convencional y no están debidamente reconocidas. Y que aportan, igualmente, a la economía de un país.

Uno de los últimos cálculos del Ministerio de Economía señalaba que el trabajo de cuidado de familias y hogares representa el 16% del PBI (2022), siendo la actividad que más aportó, seguida por el comercio y la industria. De ahí el reclamo histórico por el reconocimiento -simbólico y material- de este aporte, que recae fundamentalmente en las mujeres.

Escribía Silva Federici en "Revolución en punto cero": "(...) La condición no remunerada del trabajo doméstico ha sido el arma más poderosa en el fortalecimiento de la extendida asunción de que el trabajo doméstico no es un trabajo, anticipándose al negarle este carácter a que las mujeres se rebelen contra él, excepto en el ámbito privado del dormitorio-cocina que toda la sociedad acuerda ridiculizar, minimizando de esta manera aún más a las protagonistas de la lucha. Se nos ve como brujas gruñonas, no como trabajadoras en lucha".

En la misma línea, el acceso de mujeres y disidencias al mercado de trabajo está marcado por la informalidad, el desempleo y, fundamentalmente, la imposibilidad de conciliar la vida profesional y personal.

En materia laboral, la Ley Bases implica algunos cambios que tienden a la flexibilización y eliminación de derechos laborales que se creían consagrados. Plantea la creación de un fondo de cese laboral -como alternativa a las indemnizaciones-, aumenta el periodo de prueba a seis meses -e incluso períodos más largos en compañìas con mayor nùmero de trabajadores-, eximición de sanciones a empleadores que no tengan trabajadores registrados y abre la posibilidad de contratación de trabajadores independientes en un marco de una relación autónoma -y más precarizada.

Si bien no son cuestiones que expresamente se pronuncian en contra de los avances en materia de género -como sí se planteaba en algunos ítems de la Ley Ómnibus-, afectan de manera profundizada a las mujeres, que constituyen hoy un sector vulnerado en el mercado laboral.

Según datos del Observatorio de las Violencias y las Desigualdades por Razones de Género del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, todavía existen marcadas brechas laborales entre varones y mujeres. De acuerdo a los datos del primer trimestre del 2023, la tasa de actividad de los varones es del 70,9% sobre un 52,2% correspondiente a las mujeres; es decir, una participación menor en el mundo laboral remunerado.

La tasa de desocupación es mayor en mujeres que en varones (7,8% versus 6,1%), al igual que la tasa de subocupación horaria (11,7% versus 7,6%).

Lo mismo sucede con la tasa de informalidad, con un 39,9% en las mujeres y un 34,6% en varones, lo que implica que las primeras están "más expuestas a trabajos precarios, sin acceso a la seguridad social -aportes jubilatorios, obra social, entre otros- ni al resto de los derechos laborales" (Informe "La participación de las mujeres en el trabajo, el ingreso y la producción. Primer trimestre de 2023"), sumado a que sectores muy caracterizados por la informalidad, como el servicio doméstico (75,6%), están conformados casi íntegramente por mujeres.

Además de las modificaciones concretas que pudieran llevarse adelante, los movimientos feministas y de mujeres están preocupados por el retroceso en un paradigma que venía construyéndose colectivamente sobre la necesidad de revalorizar el trabajo no pago de las mujeres.

Al respecto, Hiller expresó que "más allá de los números duros, hay una cuestión también ideológica, de concepción, que me parece muy nociva, que es que en los últimos años nosotras y nosotros fuimos pudiendo hacer entenderentre todos y todas que la persona que no tiene los 30 años de aportes no es porque no haya trabajado sino porque vivimos en un mercado laboral que lamentablemente está es muy heterogéneo, hoy mas heterogeneo aún, en el sentido de que hoy no solamente tenés cada vez más trabajadores en negro, sino que tenes cada vez más trabajadores ‘independientes', hoy lo llaman emprendedores. Y esa heterogeneidad del mercado genera que la noción que supone que uno va a llegar a la edad jubilatoria con 30 años de aporte no es la realidad, ni en Argentina ni en América Latina"

Señala que, además, se había empezado a "construir entendimiento de que justamente porque esto es así era necesario generar estas leyes alternativas porque además significaba reconocer que el mercado de trabajo segrega; por ejemplo las mujeres, que tenemos muchas más dificultades para estar en el mercado de trabajo y muchas más dificultades, cuando interrumpimos nuestra vida laboral para dedicarnos a las tareas de cuidado, entonces es un retroceso en términos materiales, pero también en términos simbólicos".

Por otro lado, se refirió a algunas normativas que en su momento fueron de avanzada como el reconocimiento de aportes por tareas de cuidados que oficializó ANSES en 2021, y que reconoce 1 año de aporte por cada hijo/a o 2 años en casos de adopción; 1 año adicional por hijo/a con discapacidad, y 2 años adicionales si el hijo/a fue titular del derecho a AUH por al menos 12 meses, además de los períodos de licencia por maternidad y la excedencia por maternidad. "Eso está por resolución interna de ANSES, no fue una ley, por ahora sigue vigente, pero alcanza con otra resolución que la tire abajo nuevamente", advirtió Hiller.

Esquemas como estos caminan hoy en la cuerda floja, mientras se recrudecen las políticas que, directa o indirectamente, inciden en la calidad de vida de mujeres y diversidades. Más allá de la votación de la ley, la preocupación de estos sectores por la garantización de los derechos se profundiza, en un contexto de gran incertidumbre.