La protección contra la violencia machista, un "capricho ideológico" para un gobierno que aborrece los génerosEl ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue convocado la semana pasada por la Comisión de Mujeres y Diversidad a la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y los recortes sistemáticos sobre políticas públicas en esta materia desde el inicio de la gestión libertaria. Libarona sostuvo que desde el actual Gobierno se alejarán de los "enfoques" de género para priorizar otros valores, como la familia. Además, reivindica un enfático rechazo a la diversidad de las identidades de género. Sus dichos generaron repudio entre organizaciones y referentes feministas, sobre todo por desconocer la normativa vigente que garantiza el respeto a la identidad de género y la igualdad.
Ante una decena de asistentes, el ministro Cúneo Libarona comenzó detallando el panorama que se encontró cuando el ex Ministerio quedó bajo su órbita. Indicó que había más de 1000 empleados de los cuales "sólo 70 trabajaban de forma permanente", mientras los 930 restantes "operaban a través de zoom" sin definiciones sobre sus funciones ni contratos en orden.
Además, cuestionó el uso de las partidas presupuestarias: dijo que en 2023 se gastaron 8 mil millones de pesos sin resultados en materia de acompañamiento a las víctimas: "No se brindaba acompañamiento, asesoramiento adecuado ni atención psicológica a las víctimas de violencia". Habló de las acciones encaradas por el Ministerio en esta materia como "un fracaso absoluto" colmado de "programas inútiles".
Y agregó: "En CABA existen 31 organismos que hacen exactamente la misma tarea, desde las Fiscalías hasta las Procuraciones hasta distintos departamentos del Estado. En el mismo ministerio también había superposición de tareas".
Utilizó como ejemplos algunos programas y proyectos en concreto y dijo que quedaron inconclusos o que se gastaron partidas sin generar informes de gestión.
De la "inoperancia" del Ministerio a ignorar las leyes
"Este fue uno de los argumentos que motivaron el cierre del Ministerio de la Mujer, al considerar que no cumplía con sus funciones", concluyó, luego de los ejemplos citados.
Sin embargo, no es la "inoperancia" del Ministerio lo que pareciera justificar su cierre, sino un cambio ideológico profundo en relación a los cambios culturales y políticos que encabezaron los feminismos en la última década.
En este sentido, el ministro se refirió de manera clara a un cambio sustancial en las políticas de género: "Vamos a respetar las normas pero no vamos a tener organismo que no tengan utilidad como el Ministerio de la Mujer o el INADI".
"Se acabó sólo el género, nosotros vamos por otros valores, nosotros vamos por la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. Los valores familiares tradicionales son el amor, la unión, el trabajo, el estudio, la igualdad ante la ley. Promover los símbolos patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta central para la armonía y la cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos", agregó.
Para este punto, comenzó a recibir repudios e intercambios con algunos de los presentes, que cuestionaron su desconocimiento de las leyes vigentes en relación a la identidad de género.
"Usted está obligado a respetar las leyes vigentes. Lo que necesitamos es que usted estudie", le contestó la diputada radical Ana Carla Carrizo.
El ministro continuó leyendo algunos extractos de discursos del presidente Javier Milei, donde expresó: "La violencia debe ser castigada sin importar el género del destinatario y recalcó que el Ministerio de la Mujer representaba un gasto innecesario".
Otra vez frente al repudio generalizado, apareció en escena Marcelo Ruiz, uno de los asesores de Cúneo, quien le hizo un comentario en privado. Sin advertir que todavía tenía el micrófono prendido, el ministro se justificó: "No, boludo, esto está textual del discurso de Milei".
Al momento de las preguntas, el diputado Maximiliano Ferraro se lamentó: "solo le faltó decir que están enfermos".
"Usted ha dicho una barbaridad, que desconoce las leyes que han ampliado derechos en los últimos 15 años en la Argentina. Usted no puede desconocer, ministro, que ser gay -como lo soy- lesbiana, travesti, transexual, en los ´90, pero también en principios de los 2000, y en la actualidad, estuvo siempre asociado a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en el ámbito de la política, que muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías en la relación en términos de la desigualdad y también en el trato, usted no lo puede desconocer. Se lo digo de corazón y con sinceridad, porque usted es la máxima autoridad del Ministerio de Justicia y usted ha dicho una barbaridad", concluyó.
La normativa vigente
Los distintos repudios que se hicieron públicos los días posteriores a la declaración de Libarona replicaron lo expresado por el diputado Ferraro, al subrayar que el ministro, en sus dichos, ignoró una serie de normativas vigentes que reconocen la diversidad de las identidades sexuales.
La Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Reproducción Asistida y el Código Civil y Comercial de la Nación reconocen esta diversidad y garantizan la no discriminación en todos los ámbitos de la sociedad.
La primera fue sancionada el 9 de mayo de 2012, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. De esta forma, la Ley N° 26.743 reconoce el derecho de los ciudadanos a ser inscriptos en su DNI y otros documentos personales acorde con el nombre de elección y el género con el que se autoperciben.
Más que un "invento subjetivo", como deslizó el ministro, la identidad de género es entendida como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo", que puede "involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido".
Y establece que toda persona tiene derecho "al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada".
En la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario -sancionada el 15 de julio de 2010- también se reconoce la diversidad sexual. Lo mismo está expresado en otras normativas como la Ley de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y el Código Civil y Comercial.
"No son inventos subjetivos. Es un derecho que aparece en la ley argentina. La realidad es que siendo ministro él está para hacer cumplir las leyes que no está cumpliendo. Es angustiante volver a un discurso medieval que puede ocasionar ataques focalizados", señaló a Chequeado Fabiana Túñez, ex directora del Instituto Nacional de las Mujeres durante la gestión de Mauricio Macri.
"Las declaraciones del ministro de Justicia son una nueva muestra de su desconocimiento sobre las leyes vigentes y su total desinterés por las obligaciones del Estado que debe garantizar por su función institucional. Al mismo tiempo, busca distraer con sus posiciones inadmisibles la única realidad inobjetable: la desarticulación de las políticas públicas para atender las violencias", indicó, por su parte, Natalia Gherardi, directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Los datos duros del Ministerio de las Mujeres
Desde la campaña presidencial de Javier Milei el sector libertario ha levantado la bandera en contra del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, creado en 2019 durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta decisión implicó que las políticas públicas de género tuvieran, por primera vez en Argentina, rango ministerial. Y si bien ahora está bajo un manto de sospecha a raíz de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente y la supuesta indiferencia de la entonces ministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina, no dejan de ser tangibles y cuantificables sus resultados en los cuatro años en que se mantuvo funcional.
El informe de gestión 2023 indica que en esos cuatro años las acciones del Ministerio tuvieron llegada a las 23 provincias y alcanzaron a 1.822.426 personas. Además, expresa que se realizaron más de un millón de comunicaciones a la Línea 144 y de ese total se derivaron 93.783 intervenciones frente a situaciones de violencia de género.
Mediante el programa Acompañar se asistieron económicamente a más de 350.000 mujeres y personas LGBTI+. En esta línea, se acompañó con ayuda económica y/o contención psicosocial a más de 900 familiares de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio. Y en el ámbito de la capacitación, se formaron en Ley Micaela a 234.710 personas del Sector Público Nacional.
En el informe 2023 se detallan igualmente las principales acciones de ese año, que se articularon en políticas de coordinación federal y territorial, de igualdad, programas integrales contra la violencia de género, políticas de diversidad, de transversalización de la perspectiva de género, de transparencia y de cooperación internacional, entre otras.
Más y más recortes
El cierre del Ministerio fue una de las principales promesas de Javier Milei. Y fue, de hecho, una de las primeras acciones que llevó adelante tras asumir la Presidencia. Esta desarticulación afectó los numerosos programas que se sostenían desde la cartera y afectó otras políticas transversales relativas a los derechos de las mujeres, diversidades y las infancias.
Tanto las partidas como la organización del Ministerio fueron recortados y degradados a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género -dependiente del Ministerio de Capital Humano-, que sin embargo meses más tarde fue disuelta.
La mayoría de los programas, como el Acompañar, el Acercar Derechos, la Red de Asistencia Integral de las Violencias por Motivos de Género, el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU) y el Programa de Reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidio o fallecidas a causa de violencia por motivos de género (RENNYA) fueron desarticulados o suspendidos.
Ver noticia: Desfinanciamiento de las políticas de género en Argentina: despidos, programas paralizados y violencia sin respuestas
De esta forma, las políticas de género sufrieron un ajuste incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional. Un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) indicó que en 2024 se observan caídas superiores al 50% en la ejecución de todos los programas en materia de género.
El informe enfatiza que en tiempos de crisis económica es "imprescindible fortalecer las políticas que promueven la justicia de género". Sin embargo, la realidad va por el lado contrario, ya que "se observa desfinanciamiento en todas las aristas del presupuesto con perspectiva de género".
Uno de los programas más afectados es el Acompañar, que fue creado en 2020 bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres. En principio, establecía la asignación del equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. El objetivo central era fortalecer la autonomía económica de las víctimas y permitir que pudieran alejarse del hogar violento, en un contexto en el que un gran número de víctimas depende de manera directa de su agresor.
Un informe de ELA muestra que, si se comparan los datos del primer cuatrimestre de 2023 con los del 2024 en valores reales, el presupuesto asignado al Acompañar refleja una caída del 80% en la ejecución interanual.
Desde que asumió Javier Milei, sólo se han incorporado 1919 víctimas al Acompañar y hasta el momento, ninguna cobró, según precisa el gobierno nacional ante un Pedido de información Pública del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires realizado en julio. Mientras tanto, entre enero y abril fueron aprobadas 117.905 solicitudes, pero aún están en espera.
En medio de este proceso en el que las víctimas quedan desamparadas, el Gobierno nacional oficializó la semana pasada dos nuevas normativas de acceso y permanencia para el Programa Acompañar.
Mediante el Decreto 755/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, se implementó como condición para acceder al programa la acreditación condicional para situaciones de riesgo por violencia de género -es decir, que debe presentarse una denuncia judicial o policial, condición que antes no era requerida- además de bajar la ayuda a sólo tres meses.
A través de una publicación en su perfil de X, Libarona reafirmó su postura: "Se terminó la agenda cultural de izquierda y la ideología de género que se usaron para enmascarar curros que dejaron a la mitad de los argentinos en la pobreza. Desde esta administración no vamos a gastar más dinero público en caprichos ideológicos sin sentido, nuestra prioridad es atender las necesidades reales de los argentinos".
Mientras tanto, los números de la violencia machista en Argentina no bajan y se profundizan cada vez más los recortes en los programas de género.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue convocado la semana pasada por la Comisión de Mujeres y Diversidad a la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y los recortes sistemáticos sobre políticas públicas en esta materia desde el inicio de la gestión libertaria. Libarona sostuvo que desde el actual Gobierno se alejarán de los "enfoques" de género para priorizar otros valores, como la familia. Además, reivindica un enfático rechazo a la diversidad de las identidades de género. Sus dichos generaron repudio entre organizaciones y referentes feministas, sobre todo por desconocer la normativa vigente que garantiza el respeto a la identidad de género y la igualdad.
Ante una decena de asistentes, el ministro Cúneo Libarona comenzó detallando el panorama que se encontró cuando el ex Ministerio quedó bajo su órbita. Indicó que había más de 1000 empleados de los cuales "sólo 70 trabajaban de forma permanente", mientras los 930 restantes "operaban a través de zoom" sin definiciones sobre sus funciones ni contratos en orden.
Además, cuestionó el uso de las partidas presupuestarias: dijo que en 2023 se gastaron 8 mil millones de pesos sin resultados en materia de acompañamiento a las víctimas: "No se brindaba acompañamiento, asesoramiento adecuado ni atención psicológica a las víctimas de violencia". Habló de las acciones encaradas por el Ministerio en esta materia como "un fracaso absoluto" colmado de "programas inútiles".
Y agregó: "En CABA existen 31 organismos que hacen exactamente la misma tarea, desde las Fiscalías hasta las Procuraciones hasta distintos departamentos del Estado. En el mismo ministerio también había superposición de tareas".
Utilizó como ejemplos algunos programas y proyectos en concreto y dijo que quedaron inconclusos o que se gastaron partidas sin generar informes de gestión.
De la "inoperancia" del Ministerio a ignorar las leyes
"Este fue uno de los argumentos que motivaron el cierre del Ministerio de la Mujer, al considerar que no cumplía con sus funciones", concluyó, luego de los ejemplos citados.
Sin embargo, no es la "inoperancia" del Ministerio lo que pareciera justificar su cierre, sino un cambio ideológico profundo en relación a los cambios culturales y políticos que encabezaron los feminismos en la última década.
En este sentido, el ministro se refirió de manera clara a un cambio sustancial en las políticas de género: "Vamos a respetar las normas pero no vamos a tener organismo que no tengan utilidad como el Ministerio de la Mujer o el INADI".
"Se acabó sólo el género, nosotros vamos por otros valores, nosotros vamos por la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. Los valores familiares tradicionales son el amor, la unión, el trabajo, el estudio, la igualdad ante la ley. Promover los símbolos patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta central para la armonía y la cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos", agregó.
Para este punto, comenzó a recibir repudios e intercambios con algunos de los presentes, que cuestionaron su desconocimiento de las leyes vigentes en relación a la identidad de género.
"Usted está obligado a respetar las leyes vigentes. Lo que necesitamos es que usted estudie", le contestó la diputada radical Ana Carla Carrizo.
El ministro continuó leyendo algunos extractos de discursos del presidente Javier Milei, donde expresó: "La violencia debe ser castigada sin importar el género del destinatario y recalcó que el Ministerio de la Mujer representaba un gasto innecesario".
Otra vez frente al repudio generalizado, apareció en escena Marcelo Ruiz, uno de los asesores de Cúneo, quien le hizo un comentario en privado. Sin advertir que todavía tenía el micrófono prendido, el ministro se justificó: "No, boludo, esto está textual del discurso de Milei".
Al momento de las preguntas, el diputado Maximiliano Ferraro se lamentó: "solo le faltó decir que están enfermos".
"Usted ha dicho una barbaridad, que desconoce las leyes que han ampliado derechos en los últimos 15 años en la Argentina. Usted no puede desconocer, ministro, que ser gay -como lo soy- lesbiana, travesti, transexual, en los ´90, pero también en principios de los 2000, y en la actualidad, estuvo siempre asociado a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en el ámbito de la política, que muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías en la relación en términos de la desigualdad y también en el trato, usted no lo puede desconocer. Se lo digo de corazón y con sinceridad, porque usted es la máxima autoridad del Ministerio de Justicia y usted ha dicho una barbaridad", concluyó.
La normativa vigente
Los distintos repudios que se hicieron públicos los días posteriores a la declaración de Libarona replicaron lo expresado por el diputado Ferraro, al subrayar que el ministro, en sus dichos, ignoró una serie de normativas vigentes que reconocen la diversidad de las identidades sexuales.
La Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Reproducción Asistida y el Código Civil y Comercial de la Nación reconocen esta diversidad y garantizan la no discriminación en todos los ámbitos de la sociedad.
La primera fue sancionada el 9 de mayo de 2012, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. De esta forma, la Ley N° 26.743 reconoce el derecho de los ciudadanos a ser inscriptos en su DNI y otros documentos personales acorde con el nombre de elección y el género con el que se autoperciben.
Más que un "invento subjetivo", como deslizó el ministro, la identidad de género es entendida como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo", que puede "involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido".
Y establece que toda persona tiene derecho "al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada".
En la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario -sancionada el 15 de julio de 2010- también se reconoce la diversidad sexual. Lo mismo está expresado en otras normativas como la Ley de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y el Código Civil y Comercial.
"No son inventos subjetivos. Es un derecho que aparece en la ley argentina. La realidad es que siendo ministro él está para hacer cumplir las leyes que no está cumpliendo. Es angustiante volver a un discurso medieval que puede ocasionar ataques focalizados", señaló a Chequeado Fabiana Túñez, ex directora del Instituto Nacional de las Mujeres durante la gestión de Mauricio Macri.
"Las declaraciones del ministro de Justicia son una nueva muestra de su desconocimiento sobre las leyes vigentes y su total desinterés por las obligaciones del Estado que debe garantizar por su función institucional. Al mismo tiempo, busca distraer con sus posiciones inadmisibles la única realidad inobjetable: la desarticulación de las políticas públicas para atender las violencias", indicó, por su parte, Natalia Gherardi, directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Los datos duros del Ministerio de las Mujeres
Desde la campaña presidencial de Javier Milei el sector libertario ha levantado la bandera en contra del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, creado en 2019 durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta decisión implicó que las políticas públicas de género tuvieran, por primera vez en Argentina, rango ministerial. Y si bien ahora está bajo un manto de sospecha a raíz de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente y la supuesta indiferencia de la entonces ministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina, no dejan de ser tangibles y cuantificables sus resultados en los cuatro años en que se mantuvo funcional.
El informe de gestión 2023 indica que en esos cuatro años las acciones del Ministerio tuvieron llegada a las 23 provincias y alcanzaron a 1.822.426 personas. Además, expresa que se realizaron más de un millón de comunicaciones a la Línea 144 y de ese total se derivaron 93.783 intervenciones frente a situaciones de violencia de género.
Mediante el programa Acompañar se asistieron económicamente a más de 350.000 mujeres y personas LGBTI+. En esta línea, se acompañó con ayuda económica y/o contención psicosocial a más de 900 familiares de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio. Y en el ámbito de la capacitación, se formaron en Ley Micaela a 234.710 personas del Sector Público Nacional.
En el informe 2023 se detallan igualmente las principales acciones de ese año, que se articularon en políticas de coordinación federal y territorial, de igualdad, programas integrales contra la violencia de género, políticas de diversidad, de transversalización de la perspectiva de género, de transparencia y de cooperación internacional, entre otras.
Más y más recortes
El cierre del Ministerio fue una de las principales promesas de Javier Milei. Y fue, de hecho, una de las primeras acciones que llevó adelante tras asumir la Presidencia. Esta desarticulación afectó los numerosos programas que se sostenían desde la cartera y afectó otras políticas transversales relativas a los derechos de las mujeres, diversidades y las infancias.
Tanto las partidas como la organización del Ministerio fueron recortados y degradados a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género -dependiente del Ministerio de Capital Humano-, que sin embargo meses más tarde fue disuelta.
La mayoría de los programas, como el Acompañar, el Acercar Derechos, la Red de Asistencia Integral de las Violencias por Motivos de Género, el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU) y el Programa de Reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidio o fallecidas a causa de violencia por motivos de género (RENNYA) fueron desarticulados o suspendidos.
Ver noticia: Desfinanciamiento de las políticas de género en Argentina: despidos, programas paralizados y violencia sin respuestas
De esta forma, las políticas de género sufrieron un ajuste incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional. Un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) indicó que en 2024 se observan caídas superiores al 50% en la ejecución de todos los programas en materia de género.
El informe enfatiza que en tiempos de crisis económica es "imprescindible fortalecer las políticas que promueven la justicia de género". Sin embargo, la realidad va por el lado contrario, ya que "se observa desfinanciamiento en todas las aristas del presupuesto con perspectiva de género".
Uno de los programas más afectados es el Acompañar, que fue creado en 2020 bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres. En principio, establecía la asignación del equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. El objetivo central era fortalecer la autonomía económica de las víctimas y permitir que pudieran alejarse del hogar violento, en un contexto en el que un gran número de víctimas depende de manera directa de su agresor.
Un informe de ELA muestra que, si se comparan los datos del primer cuatrimestre de 2023 con los del 2024 en valores reales, el presupuesto asignado al Acompañar refleja una caída del 80% en la ejecución interanual.
Desde que asumió Javier Milei, sólo se han incorporado 1919 víctimas al Acompañar y hasta el momento, ninguna cobró, según precisa el gobierno nacional ante un Pedido de información Pública del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires realizado en julio. Mientras tanto, entre enero y abril fueron aprobadas 117.905 solicitudes, pero aún están en espera.
En medio de este proceso en el que las víctimas quedan desamparadas, el Gobierno nacional oficializó la semana pasada dos nuevas normativas de acceso y permanencia para el Programa Acompañar.
Mediante el Decreto 755/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, se implementó como condición para acceder al programa la acreditación condicional para situaciones de riesgo por violencia de género -es decir, que debe presentarse una denuncia judicial o policial, condición que antes no era requerida- además de bajar la ayuda a sólo tres meses.
A través de una publicación en su perfil de X, Libarona reafirmó su postura: "Se terminó la agenda cultural de izquierda y la ideología de género que se usaron para enmascarar curros que dejaron a la mitad de los argentinos en la pobreza. Desde esta administración no vamos a gastar más dinero público en caprichos ideológicos sin sentido, nuestra prioridad es atender las necesidades reales de los argentinos".
Mientras tanto, los números de la violencia machista en Argentina no bajan y se profundizan cada vez más los recortes en los programas de género.
