Un exvicedecano de la UNPSJB iría a juicio por tentativa de abuso: pacto patriarcal y burocracia infinita para las víctimas La Cámara Federal de Casación Penal anuló en febrero el sobreseimiento de Augusto Ferrari, exprofesor y exvicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Esquel, a quien se lo acusa de abuso sexual y abuso de poder por insinuaciones a una estudiante de 18 años. En su momento, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia consideró que su conducta con las estudiantes podría merecer un "reproche administrativo o incluso civil" pero no una sanción penal; sin embargo, ahora se reactiva la causa y se espera un juicio oral. No es el único caso de la UNPSJB. En todas las sedes, colectivos feministas y de estudiantes continúan reclamando por una universidad libre de violencias.
Los hechos ocurrieron entre junio y julio del 2021, cuando la denunciante cursaba el primer cuatrimestre en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB. En ese momento, además de vicedecano, Augusto Ferrari se desempeñaba como profesor de las materias Introducción al Derecho, Taller I y Recursos Naturales. Según se desprende de la investigación, habría intentado mantener trato sexual con la estudiante.
La denuncia se dio a conocer en mayo del 2022, de la mano de otra denuncia contra Lorenzo Fidel González, también docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Tanto González como Ferrari fueron rápidamente separados de sus cargos en tanto avanzara la investigación.
El decano de la Facultad, Gustavo Fleitas, indicó que la institución tomó intervención urgente y aclaró que "le damos entidad a la denuncia y valoramos a quienes tienen la valentía de hacerlo", aunque sostuvo que le sorprendió una de las denuncias porque "nunca habíamos recibido una denuncia contra este profesor".
Respecto al caso de Ferrari, aunque ambos eran adultos, se cuestionó la asimetría de poder: más adelante la fiscal Cecilia Bagnato sostuvo que el consentimiento estaba "viciado" precisamente por esta razón. Además, dijo que, aunque no derivaron en denuncias, existen testimonios similares de otras alumnas.
La fiscal remarcó que "se hablaba de una dinámica hacia todas las alumnas, en especial del primer año, e incluso alumnos": "Se hacían fiestas de ingresantes con las estudiantes y profesores. No solo se menciona a Ferrari sino también a otras personas, estaba instalado un pacto patriarcal".
A pedido del propio imputado, en noviembre del 2023 se planteó el cambio de competencia de la Justicia, considerando que Ferrari era funcionario público de la UNPSJB, y el caso pasó a fuero federal. De esta forma, el exvicedecano fue imputado por el delito de abuso sexual en grado de tentativa. En el marco de la investigación, se conocieron más detalles sobre los hechos denunciados.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Chubut que fue planteada en la acusación señala que el abogado "incurrió en una tentativa de abuso sexual simple cometido mediante abuso coactivo sustentado [en] la posición que le daba (...) su calidad de vicedecano y profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que tendría como víctima a una alumna de dicha casa de estudios".
El propio Ferrari acudió al juez Guido Otranto para que el trámite salga de la justicia provincial y pase al fuero federal, petición que fue aceptada por el fiscal Santiago Roldán.
Por su parte, el juez Otranto entendió que "hay un aspecto importante para destacar y robustecer la apreciación de que el caso involucra intereses federales; en concreto, el correcto funcionamiento de una universidad nacional. La evidencia analizada en la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal provincial da cuenta de que este hecho en particular no sería un caso aislado; sería la reiteración de una modalidad de acceder sexualmente a alumnas que vendría sucediendo hace varios años y que incluso habría provocado que algunas hayan decidido abandonar los estudios o continuar su carrera en otras instituciones".
Pacto patriarcal
De acuerdo a lo que sostiene la acusación, Ferrari intentó mantener contacto sexual con la estudiante aprovechando "la relación de poder existente, por su posición en la universidad, tanto como profesor, como en su rol de vicedecano, ejerciendo un abuso coactivo en ese contexto", a través de acercamientos en redes sociales y mensajes de WhatsApp.
Ferrari respondía las historias de la joven con emoticones de "carita con ojos de corazones, de 100 y fueguitos". Mediante mensajes de WhatsApp, le preguntaba si quería viajar con él y le hablaba de sus viajes al exterior. Además, la invitaba a una fiesta de ingresantes "para pocos", una salida en Trelew, un encuentro en el bar esquelense "El Argentino" y un departamento alquilado para que ella -que vivía en Trevelin- no tuviera que volver.
"Las propuestas, de claro contenido sexual y que perseguían tener un acceso carnal, afectaron el área de privacidad y de la libre determinación sexual, intimidándola, ya que Ferrari se valió de su rol generando un abuso intimidatorio", señala la acusación.
La Fiscalía consideró que "el acto no se concretó por la negativa de ella, quien pese a su miedo e incertidumbre sobre cómo continuaría su vida académica luego de eso, no accedió a tales propuestas". Y solicitó que Ferrari sea llevado a juicio.
El hecho fue calificado como abuso sexual en grado de tentativa y se solicitó que sea condenado a la pena de 1 año y 8 meses de prisión.
"Ella denuncia una presunta tentativa de acoso, pero nosotros lo calificamos como tentativa de abuso sexual", señaló la fiscal Bagnato, y agregó: "Los elementos que se reunieron fueron diversos y los más importantes son los testimonios de profesores, otros alumnos y alumnas, que algunos sabían de la situación de ella y otras son víctimas también, aunque no han denunciado". En el medio, se realizaban pericias psicológicas e informáticas.
Según precisó la fiscal, no se trata de un caso aislado sino que se habla de "una dinámica hacia todas las alumnas, en especial del primer año, e incluso alumnos, se hacían fiestas de ingresantes con las estudiantes y profesores. No solo se menciona a Ferrari sino también a otras personas, estaba instalado un pacto patriarcal".
"Más allá de ser todos adultos, el consentimiento está viciado en la medida en que hay una asimetría de poder entre quien se aprovecha de esa situación y una alumna. Es una dinámica que ya estaba instalada en la Universidad, gravemente en perjuicio de las alumnas, y espero que no siga siendo así", explicó.
Además sostuvo que "la UNPSJB no colaboró para nada": "Hay un trámite administrativo, pero cada vez que hemos tenido que pedir algo es mucho trabajo. Esperamos casi un año para que manden un listado de alumnas, claramente se resisten a que esto se desarme, supongo yo".
En este sentido, se conoció que la denunciante pidió ayuda a una profesora y envió un mail a la Universidad relatando la situación. Sin embargo, no hubo respuesta.
El sobreseimiento de Ferrari
Un año más tarde, en noviembre del 2024, se dio a conocer la decisión unánime del TOF de Comodoro Rivadavia que dictó el sobreseimiento. El fallo está firmado por los jueces Enrique Baronetto, Alejandro Silva y Alejandro Cabral y está fechado el viernes 1º de septiembre.
Según el defensor público Raúl Tótaro, la calificación legal que realizó el Ministerio Publico Fiscal luce "forzada", ya que en sus mensajes Ferrari nunca habló de sexo y aún si lo hubiese hecho, no se concretó. También cuestionó el argumento de que usó su posición de poder para intentar mantener relaciones con la estudiante: "de los mensajes enviados por su defendido no se observa alarde de su cargo para amenazar a la víctima con represalias ante un rechazo, y una vez manifestada la negativa de la denunciante, las comunicaciones cesaron sin consecuencias educativas para ella".
Los jueces coincidieron en que, aunque Ferrari contactó a la joven con invitaciones "ninguno implicó un encuentro privado sino que de suceder, ocurrirían en espacios públicos tales como una fiesta de estudiantes, un bar en Esquel, el centro de otra ciudad, etcétera. No puede razonablemente hablarse de que el accionar del imputado constituya delito".
Y aún si ella hubiera aceptado, "todavía restaría ejecutar la otra parte del plan: convencerla, a través de intimidación o la amenaza de perjudicarla académicamente, de concurrir a un lugar privado para abordarla carnalmente contra su voluntad y que ese abordaje se vea frustrado por una situación ajena a Ferrari; circunstancia que no se traduce con las constancias. Jamás compartieron el mismo espacio físico".
El tribunal no acreditó que el objetivo de Ferrari haya sido tener relaciones sexuales con la víctima e incluso sostuvo que "ni siquiera lo insinuó". "La pretensión fiscal luce cuanto menos arbitraria y antojadiza toda vez que no se advierte en Ferrari un comportamiento con relevancia jurídico-penal", consideraron los jueces, y advirtieron que la conducta del funcionario "podría merecer un reproche administrativo o incluso civil", pero no una sanción penal.
Políticas universitarias contra la violencia
Con el avance de los movimientos feministas y la institucionalización de las políticas de género de los últimos años -que hoy sufre un retroceso- el ámbito universitario fue incorporando distintas herramientas de prevención y contención en la medida en que las víctimas pudieron expresarse.
En 2014 se creó el primer protocolo para atender situaciones de violencia de género en la Universidad Nacional del Comahue. De ahí en adelante, se aceleró la creación de estos espacios en todas las casas de estudio. La cantidad de universidades que implementaron los protocolos aumentó de forma continua: del 8% en 2015 a más del 40% en 2017.
En el año 2015 se creó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, luego denominada RUGE, en la Universidad Nacional de San Martín, a la que se fueron sumando más de 20 universidades, facultades e institutos universitarios. Actualmente, cerca de 60 universidades públicas de Argentina cuentan con protocolos de género, incluida la UNPSJB.
En esta línea, unos meses después de la denuncia contra Ferrari, la Red de Profesoras por la Erradicación de las Violencias de la UNPSJB sede Esquel dio a conocer los avances de la confección de un protocolo de prevención e intervención contra las violencias en el ámbito universitario.
En este marco, subrayaron la necesidad de que "las víctimas denunciantes tengan la certeza que pueden estudiar en un ambiente seguro" y adelantaron que "se están llevando a cabo los procesos institucionales correspondientes para que se defina esta situación".
Según anunciaron, en relación al Protocolo, se avanzó en:
*Designar a las personas que integrarán en cada sede las comisiones de dicho programa.
*Aprobar el Plan progresivo de fortalecimiento para prevenir, detectar, intervenir y erradicar, violencias por razones de género en la comunidad universitaria.
*Designar a los equipos de acompañamiento en la temática de género, que recepcionarán denuncias por motivos sexistas, brindarán contención y acompañamiento y derivaran las situaciones a los canales institucionales.
A pesar de estos avances, que en muchas ocasiones representan espacios seguros para las víctimas, los episodios de violencia y la falta de respuestas por parte de las autoridades persisten.
Un informe diagnóstico del 2021 sobre la aplicación de las políticas de género en todo el país elaborado por RUGE señala que tanto estudiantes como docentes y trabajadoras experimentan situaciones de violencia a diario.
En relación a situaciones de acoso leve, el 34,4% de los/as no docentes sufrió comentarios impropios, groseros u obscenos, silbidos, y/o gestos (en el aula, pasillo u otros espacios), mientras que en los claustros de docentes y estudiantes estas vivencias se reducen al 30,1% y 22,3%, respectivamente.
Esta tendencia se sostiene ante situaciones de acoso muy grave. Al 15,6% de los/as no docentes le pidieron favores sexuales a cambio de ser beneficiados/as en alguna instancia de su práctica laboral, y el 12,9% de los/as docentes y el 7,9% de los/as estudiantes afirma haber recibido la misma oferta.
Asimismo, un 18,8% de los/as no docentes, un 16,1% de los/as docentes y un 13,2% de los/as estudiantes fueron tocados/as, forcejeados/as y besados/as sin su consentimiento.
Y si bien señalan que la aplicación de medidas de contención y asesoramiento son muy frecuentes, el panorama es radicalmente distinto para las medidas disciplinarias: son poco frecuentes en el 52,6% de las universidades y nada frecuentes en el 13,2%.
La lentitud burocrática es uno de los mayores obstáculos: en la mayoría de los casos se demoran 12 semanas en sumariar y sancionar a los denunciados, aunque en algunas instituciones tomar medidas de este tipo puede llegar a tomarles hasta 24 semanas. En el medio, las víctimas deben compartir pasillos, aulas y espacios de trabajo con los agresores.
Entre las áreas o actores institucionales que tienden a demorar la investigación de los casos o la aplicación de medidas, el 60,9% de las referentes de atención señala obstáculos en el área de legales y el 23,9% en las máximas autoridades y los/as decanos/as. En menor medida, también se presentan impedimentos en Consejo Superior (13%), con los/as responsables administrativos/as de las unidades académicas (10,9%) y con los/as jefes/as o coordinadores/as de áreas no docentes.
Entre estos obstáculos se destacan: dilaciones innecesarias (50%), exceso de burocratización (36,1%), abordajes no coordinados entre las distintas áreas involucradas (36,1%), falta de voluntad política (16,7%), indiferencia (11,1%), y -principalmente- en una marcada ausencia de perspectiva de género (61,1%).
A juicio
A pesar de las dilaciones, tres años después de la denuncia Ferrari irá a juicio por tentativa de abuso. En febrero, la Cámara Federal de Casación anuló su sobreseimiento y en abril un fallo firmado por Mariano Norinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos declaró inadmisible un recurso extraordinario de la Defensa Pública del exvicedecano. En este escenario, resuenan casos similares como el de Bruno Sancci, el docente cesanteado de la Sede Trelew por una denuncia colectiva. Son pocos los casos que llegan a la Justicia, y los que lo hacen, no están exentos de dilaciones y reveses.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló en febrero el sobreseimiento de Augusto Ferrari, exprofesor y exvicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Esquel, a quien se lo acusa de abuso sexual y abuso de poder por insinuaciones a una estudiante de 18 años. En su momento, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia consideró que su conducta con las estudiantes podría merecer un "reproche administrativo o incluso civil" pero no una sanción penal; sin embargo, ahora se reactiva la causa y se espera un juicio oral. No es el único caso de la UNPSJB. En todas las sedes, colectivos feministas y de estudiantes continúan reclamando por una universidad libre de violencias.
Los hechos ocurrieron entre junio y julio del 2021, cuando la denunciante cursaba el primer cuatrimestre en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB. En ese momento, además de vicedecano, Augusto Ferrari se desempeñaba como profesor de las materias Introducción al Derecho, Taller I y Recursos Naturales. Según se desprende de la investigación, habría intentado mantener trato sexual con la estudiante.
La denuncia se dio a conocer en mayo del 2022, de la mano de otra denuncia contra Lorenzo Fidel González, también docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Tanto González como Ferrari fueron rápidamente separados de sus cargos en tanto avanzara la investigación.
El decano de la Facultad, Gustavo Fleitas, indicó que la institución tomó intervención urgente y aclaró que "le damos entidad a la denuncia y valoramos a quienes tienen la valentía de hacerlo", aunque sostuvo que le sorprendió una de las denuncias porque "nunca habíamos recibido una denuncia contra este profesor".
Respecto al caso de Ferrari, aunque ambos eran adultos, se cuestionó la asimetría de poder: más adelante la fiscal Cecilia Bagnato sostuvo que el consentimiento estaba "viciado" precisamente por esta razón. Además, dijo que, aunque no derivaron en denuncias, existen testimonios similares de otras alumnas.
La fiscal remarcó que "se hablaba de una dinámica hacia todas las alumnas, en especial del primer año, e incluso alumnos": "Se hacían fiestas de ingresantes con las estudiantes y profesores. No solo se menciona a Ferrari sino también a otras personas, estaba instalado un pacto patriarcal".
A pedido del propio imputado, en noviembre del 2023 se planteó el cambio de competencia de la Justicia, considerando que Ferrari era funcionario público de la UNPSJB, y el caso pasó a fuero federal. De esta forma, el exvicedecano fue imputado por el delito de abuso sexual en grado de tentativa. En el marco de la investigación, se conocieron más detalles sobre los hechos denunciados.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Chubut que fue planteada en la acusación señala que el abogado "incurrió en una tentativa de abuso sexual simple cometido mediante abuso coactivo sustentado [en] la posición que le daba (...) su calidad de vicedecano y profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que tendría como víctima a una alumna de dicha casa de estudios".
El propio Ferrari acudió al juez Guido Otranto para que el trámite salga de la justicia provincial y pase al fuero federal, petición que fue aceptada por el fiscal Santiago Roldán.
Por su parte, el juez Otranto entendió que "hay un aspecto importante para destacar y robustecer la apreciación de que el caso involucra intereses federales; en concreto, el correcto funcionamiento de una universidad nacional. La evidencia analizada en la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal provincial da cuenta de que este hecho en particular no sería un caso aislado; sería la reiteración de una modalidad de acceder sexualmente a alumnas que vendría sucediendo hace varios años y que incluso habría provocado que algunas hayan decidido abandonar los estudios o continuar su carrera en otras instituciones".
Pacto patriarcal
De acuerdo a lo que sostiene la acusación, Ferrari intentó mantener contacto sexual con la estudiante aprovechando "la relación de poder existente, por su posición en la universidad, tanto como profesor, como en su rol de vicedecano, ejerciendo un abuso coactivo en ese contexto", a través de acercamientos en redes sociales y mensajes de WhatsApp.
Ferrari respondía las historias de la joven con emoticones de "carita con ojos de corazones, de 100 y fueguitos". Mediante mensajes de WhatsApp, le preguntaba si quería viajar con él y le hablaba de sus viajes al exterior. Además, la invitaba a una fiesta de ingresantes "para pocos", una salida en Trelew, un encuentro en el bar esquelense "El Argentino" y un departamento alquilado para que ella -que vivía en Trevelin- no tuviera que volver.
"Las propuestas, de claro contenido sexual y que perseguían tener un acceso carnal, afectaron el área de privacidad y de la libre determinación sexual, intimidándola, ya que Ferrari se valió de su rol generando un abuso intimidatorio", señala la acusación.
La Fiscalía consideró que "el acto no se concretó por la negativa de ella, quien pese a su miedo e incertidumbre sobre cómo continuaría su vida académica luego de eso, no accedió a tales propuestas". Y solicitó que Ferrari sea llevado a juicio.
El hecho fue calificado como abuso sexual en grado de tentativa y se solicitó que sea condenado a la pena de 1 año y 8 meses de prisión.
"Ella denuncia una presunta tentativa de acoso, pero nosotros lo calificamos como tentativa de abuso sexual", señaló la fiscal Bagnato, y agregó: "Los elementos que se reunieron fueron diversos y los más importantes son los testimonios de profesores, otros alumnos y alumnas, que algunos sabían de la situación de ella y otras son víctimas también, aunque no han denunciado". En el medio, se realizaban pericias psicológicas e informáticas.
Según precisó la fiscal, no se trata de un caso aislado sino que se habla de "una dinámica hacia todas las alumnas, en especial del primer año, e incluso alumnos, se hacían fiestas de ingresantes con las estudiantes y profesores. No solo se menciona a Ferrari sino también a otras personas, estaba instalado un pacto patriarcal".
"Más allá de ser todos adultos, el consentimiento está viciado en la medida en que hay una asimetría de poder entre quien se aprovecha de esa situación y una alumna. Es una dinámica que ya estaba instalada en la Universidad, gravemente en perjuicio de las alumnas, y espero que no siga siendo así", explicó.
Además sostuvo que "la UNPSJB no colaboró para nada": "Hay un trámite administrativo, pero cada vez que hemos tenido que pedir algo es mucho trabajo. Esperamos casi un año para que manden un listado de alumnas, claramente se resisten a que esto se desarme, supongo yo".
En este sentido, se conoció que la denunciante pidió ayuda a una profesora y envió un mail a la Universidad relatando la situación. Sin embargo, no hubo respuesta.
El sobreseimiento de Ferrari
Un año más tarde, en noviembre del 2024, se dio a conocer la decisión unánime del TOF de Comodoro Rivadavia que dictó el sobreseimiento. El fallo está firmado por los jueces Enrique Baronetto, Alejandro Silva y Alejandro Cabral y está fechado el viernes 1º de septiembre.
Según el defensor público Raúl Tótaro, la calificación legal que realizó el Ministerio Publico Fiscal luce "forzada", ya que en sus mensajes Ferrari nunca habló de sexo y aún si lo hubiese hecho, no se concretó. También cuestionó el argumento de que usó su posición de poder para intentar mantener relaciones con la estudiante: "de los mensajes enviados por su defendido no se observa alarde de su cargo para amenazar a la víctima con represalias ante un rechazo, y una vez manifestada la negativa de la denunciante, las comunicaciones cesaron sin consecuencias educativas para ella".
Los jueces coincidieron en que, aunque Ferrari contactó a la joven con invitaciones "ninguno implicó un encuentro privado sino que de suceder, ocurrirían en espacios públicos tales como una fiesta de estudiantes, un bar en Esquel, el centro de otra ciudad, etcétera. No puede razonablemente hablarse de que el accionar del imputado constituya delito".
Y aún si ella hubiera aceptado, "todavía restaría ejecutar la otra parte del plan: convencerla, a través de intimidación o la amenaza de perjudicarla académicamente, de concurrir a un lugar privado para abordarla carnalmente contra su voluntad y que ese abordaje se vea frustrado por una situación ajena a Ferrari; circunstancia que no se traduce con las constancias. Jamás compartieron el mismo espacio físico".
El tribunal no acreditó que el objetivo de Ferrari haya sido tener relaciones sexuales con la víctima e incluso sostuvo que "ni siquiera lo insinuó". "La pretensión fiscal luce cuanto menos arbitraria y antojadiza toda vez que no se advierte en Ferrari un comportamiento con relevancia jurídico-penal", consideraron los jueces, y advirtieron que la conducta del funcionario "podría merecer un reproche administrativo o incluso civil", pero no una sanción penal.
Políticas universitarias contra la violencia
Con el avance de los movimientos feministas y la institucionalización de las políticas de género de los últimos años -que hoy sufre un retroceso- el ámbito universitario fue incorporando distintas herramientas de prevención y contención en la medida en que las víctimas pudieron expresarse.
En 2014 se creó el primer protocolo para atender situaciones de violencia de género en la Universidad Nacional del Comahue. De ahí en adelante, se aceleró la creación de estos espacios en todas las casas de estudio. La cantidad de universidades que implementaron los protocolos aumentó de forma continua: del 8% en 2015 a más del 40% en 2017.
En el año 2015 se creó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, luego denominada RUGE, en la Universidad Nacional de San Martín, a la que se fueron sumando más de 20 universidades, facultades e institutos universitarios. Actualmente, cerca de 60 universidades públicas de Argentina cuentan con protocolos de género, incluida la UNPSJB.
En esta línea, unos meses después de la denuncia contra Ferrari, la Red de Profesoras por la Erradicación de las Violencias de la UNPSJB sede Esquel dio a conocer los avances de la confección de un protocolo de prevención e intervención contra las violencias en el ámbito universitario.
En este marco, subrayaron la necesidad de que "las víctimas denunciantes tengan la certeza que pueden estudiar en un ambiente seguro" y adelantaron que "se están llevando a cabo los procesos institucionales correspondientes para que se defina esta situación".
Según anunciaron, en relación al Protocolo, se avanzó en:
*Designar a las personas que integrarán en cada sede las comisiones de dicho programa.
*Aprobar el Plan progresivo de fortalecimiento para prevenir, detectar, intervenir y erradicar, violencias por razones de género en la comunidad universitaria.
*Designar a los equipos de acompañamiento en la temática de género, que recepcionarán denuncias por motivos sexistas, brindarán contención y acompañamiento y derivaran las situaciones a los canales institucionales.
A pesar de estos avances, que en muchas ocasiones representan espacios seguros para las víctimas, los episodios de violencia y la falta de respuestas por parte de las autoridades persisten.
Un informe diagnóstico del 2021 sobre la aplicación de las políticas de género en todo el país elaborado por RUGE señala que tanto estudiantes como docentes y trabajadoras experimentan situaciones de violencia a diario.
En relación a situaciones de acoso leve, el 34,4% de los/as no docentes sufrió comentarios impropios, groseros u obscenos, silbidos, y/o gestos (en el aula, pasillo u otros espacios), mientras que en los claustros de docentes y estudiantes estas vivencias se reducen al 30,1% y 22,3%, respectivamente.
Esta tendencia se sostiene ante situaciones de acoso muy grave. Al 15,6% de los/as no docentes le pidieron favores sexuales a cambio de ser beneficiados/as en alguna instancia de su práctica laboral, y el 12,9% de los/as docentes y el 7,9% de los/as estudiantes afirma haber recibido la misma oferta.
Asimismo, un 18,8% de los/as no docentes, un 16,1% de los/as docentes y un 13,2% de los/as estudiantes fueron tocados/as, forcejeados/as y besados/as sin su consentimiento.
Y si bien señalan que la aplicación de medidas de contención y asesoramiento son muy frecuentes, el panorama es radicalmente distinto para las medidas disciplinarias: son poco frecuentes en el 52,6% de las universidades y nada frecuentes en el 13,2%.
La lentitud burocrática es uno de los mayores obstáculos: en la mayoría de los casos se demoran 12 semanas en sumariar y sancionar a los denunciados, aunque en algunas instituciones tomar medidas de este tipo puede llegar a tomarles hasta 24 semanas. En el medio, las víctimas deben compartir pasillos, aulas y espacios de trabajo con los agresores.
Entre las áreas o actores institucionales que tienden a demorar la investigación de los casos o la aplicación de medidas, el 60,9% de las referentes de atención señala obstáculos en el área de legales y el 23,9% en las máximas autoridades y los/as decanos/as. En menor medida, también se presentan impedimentos en Consejo Superior (13%), con los/as responsables administrativos/as de las unidades académicas (10,9%) y con los/as jefes/as o coordinadores/as de áreas no docentes.
Entre estos obstáculos se destacan: dilaciones innecesarias (50%), exceso de burocratización (36,1%), abordajes no coordinados entre las distintas áreas involucradas (36,1%), falta de voluntad política (16,7%), indiferencia (11,1%), y -principalmente- en una marcada ausencia de perspectiva de género (61,1%).
A juicio
A pesar de las dilaciones, tres años después de la denuncia Ferrari irá a juicio por tentativa de abuso. En febrero, la Cámara Federal de Casación anuló su sobreseimiento y en abril un fallo firmado por Mariano Norinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos declaró inadmisible un recurso extraordinario de la Defensa Pública del exvicedecano. En este escenario, resuenan casos similares como el de Bruno Sancci, el docente cesanteado de la Sede Trelew por una denuncia colectiva. Son pocos los casos que llegan a la Justicia, y los que lo hacen, no están exentos de dilaciones y reveses.
