Uniformes manchados de violencia: denunciaron a dos efectivos y un alto mando del GEOP por abuso sexual A pesar del hermetismo que rodea el caso, en las últimas semanas se dieron a conocer dos denuncias contra personal del GEOP (Grupo Espacial de Operaciones Policiales) en Chubut por abuso sexual: una señala a un cabo y a un sargento, mientras que la otra está vinculada con un alto mando. Organizaciones feministas en todo el país denuncian un aumento en los casos de abuso, violencia y femicidios cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad. Este no es el único escándalo que ha sacudido al Grupo Especial de Operaciones, que ha estado en el ojo de la tormenta por incumplimientos de protocolos y actuaciones cuestionadas. Tanto los casos que involucran violencia de género como aquellos que implican exceso en la fuerza están signados por el hermetismo judicial y la falta de respuestas, que se profundiza cuando los denunciados ocupan altas jerarquías.
El caso se conoció hace aproximadamente dos semanas: una empleada policial denunció a un cabo y a un sargento, ambos con prestación de servicios en Comodoro Rivadavia, por abuso sexual. Por el momento, los efectivos están en libertad pero fueron suspendidos en tanto el juez tome definiciones. Se les atribuye la coautoría del delito de abuso sexual agravado. En su defensa, los agentes habrían expresado que la mujer quiso estar con ellos en una relación consentida, pero la víctima los denunció y habría un vídeo que respalda su relato.
Días más tarde, el sábado 30, la Policía Federal allanó la casa de un alto mando del GEOP, también en Comodoro, por una causa penal que la habrían abierto a partir de la denuncia de abuso sexual de una suboficial. Por el momento el imputado permanece en libertad y no ha sido suspendido. Sin embargo, prima el silencio alrededor de los casos y no hay certezas sobre el estado de los denunciados.
No es el único caso que sacude a la cúpula policial en los últimos años. En 2019 se conoció la denuncia contra el ex jefe de la Policía de Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale, por abusos sexuales cometidos contra las dos hijas de su ex pareja. Según se desprende del relato de las víctimas, los delitos tuvieron lugar entre 1998 y 2001, cuando las niñas tenían 9 y 10 años y convivían con el victimario.
La defensa de Ale pidió la prescripción de la causa (argumentando que las víctimas habían denunciado siendo ya mayores de edad) y recusó a la jueza Patricia Reyes, sin éxito. Cabe recordar que en Argentina rige la Ley 26.705, conocida como Ley Piazza, que fue sancionada en 2011 y amplía los plazos prescripción para los delitos de abuso sexual contra menores. Este plazo fue extendido todavía más gracias a la modificación de la Ley 27.206 (La ley de Respeto al tiempo de las víctimas) en 2015.
En 2020, el Tribunal Penal de Puerto Madryn, integrado por los jueces Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, condenó al ex jefe de Policía a 8 años de prisión por ser autor material de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante. En diciembre los camaristas Flavia Trincheri, Rafael Lucchelli y Adrián Barrios confirmaron por mayoría la condena y Ale fue detenido. Permaneció en prisión hasta el 25 de enero del 2021, cuando falleció por COVID.
En 2020, una aspirante a la Policía de Chubut denunció a un jefe instructor, Adrián Carranza, por abuso sexual cometido en reiteradas ocasiones durante el curso de ingreso a la fuerza provincial. Días más tarde, denunció que habían atacado el frente de su casa a balazos y adjudicó el hecho al efectivo denunciado. La situación escaló cuando publicó en sus redes sociales que iba a suicidarse debido a la falta de respuestas de la Justicia.
El caso quedó a cargo del fiscal Martín Cárcamo, de la Agencia de Delitos Sexuales de Comodoro Rivadavia, y las autoridades de la Policía resolvieron separar al acusado de su cargo, así como a otro jefe policial que también fue mencionado por la víctima en su relato.
Sin embargo, en 2021 la agrupación Mujeres Activistas del Sur -encabezada por la denunciante- reclamó ante la "manifiesta impunidad" luego de conocer que Carranza había sido trasladado a la comisaría de Kilómetro 8 y continuaba en servicio.
Nota relacionada: Denuncian la "impunidad" de un policía acusado por abuso sexual que fue enviado a Kilómetro 8
Varios años más tarde, en junio del 2023, se hizo pública una denuncia de acoso sexual en la cúpula de la policía provincial. Andrés García, segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, fue denunciado por la secretaria personal, una joven de 21 años, quien relató reiteradas situaciones de acoso laboral, maltrato e intimidación.
Los episodios denunciados ocurrieron en su lugar de trabajo, en la Unidad Regional en el centro de Comodoro. La empleada dijo además que fue amenazada: "nunca dije nada porque realmente tengo miedo, ya que una vez me dijo que él podía ser muy peligroso".
"Yo los mensajes los borré porque no quería que mi novio vea las cosas que él me decía. Este acoso ya es constante porque todos los días me refiere algo distinto por mi cuerpo y hace comentarios de que quiere tener relaciones conmigo; o yo paso caminando y él de atrás me hace gesticulaciones o hace como que me va a pegar en la cola", expresó en diálogo con medios locales.
"Pensé bien las cosas y decidí realizar la denuncia porque yo no tengo la culpa de lo que me está pasando. Quiero dejar constancias de que él nunca me respetó y nunca tuvo un trato de jefe y subalterna; nunca me llamó por mi apellido; siempre me ponía apodos o me decía 'mamita', agregó.
En diálogo con Jornada, el comisario César Brandt, para ese momento jefe de la Policía Provincial, confirmó que tras la denuncia se inició inmediatamente el proceso administrativo y que se tomarían medidas preventivas contra García. Además, dijo que existen antecedentes de situaciones denunciadas en perjuicio de otros oficiales y suboficiales en torno a distintos hechos.
"La denunciante seguirá trabajando y cumpliendo con sus tareas habituales. Así lo establece la ley, debemos erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y se considera necesario remover a algunas de las partes, debe hacerse con el victimario y no con la víctima. Las cuestiones de superioridad jerárquica es uno de los principales factores que influye en la violencia de género", detalló.
García permaneció cinco meses separado de su cargo en tanto se desarrolló la investigación. La denuncia fue desestimada: para la Fiscalía, basándose en el artículo 270 del Código Procesal Penal, no constituyó delito. Se incluyeron teléfonos celulares de las partes, entrevistas a testigos y pruebas psicológicas realizadas a través del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). La denuncia quedó así "archivada" y el denunciado "exento de responsabilidad".
Actualmente es jefe de la Policía de Chubut. En la cúpula lo acompaña Mauricio Zabala (quien también fue denunciado por violencia de género) como segundo jefe.
No obstante, el hecho motivó a otra subordinada a exponer su caso públicamente. En diálogo con El Patagónico, relató que el año anterior, en noviembre del 2022, denunció al jefe policial de Zona Norte, Walter Cornelio, a cargo de la Unidad Operativa Zona Norte y la causa fue "cajoneada".
La denunciante, que se desempeñaba como personal administrativo de la subcomisaría de Ciudadela, contó: "Tuve que pedir el traslado a la Unidad Regional porque no podía trabajar con él. Lo denuncié por acoso; yo estaba trabajando en (kilómetro) 8 cuando me besó, me acosaba y mandaba mensajes: supuestamente estaba enamorado de mí".
"Una vez que lo denuncié, Fiscalía a los pocos meses dijo que era por un móvil laboral; que no era un acoso. Yo pedí el traslado porque no quería trabajar y la bronca que me dio es cuando vi la denuncia de la secretaria contra Andrés García... a mí la denuncia me la cajonearon. Quedé como una mujer conflictiva", aseguró.
"Al tipo (Walter Cornelio) no se le hizo un sumario. Nada. Al día de hoy tengo que tratar con el personal de esta comisaría cuando voy a hacer denuncias por una familia conflictiva del barrio (Ciudadela)", agregó.
La mujer expresó que la denuncia fue archivada y ninguna autoridad tomó medidas al respecto, a pesar de que ella presentó los mensajes que él le enviaba: "Fui y lo denuncié y la Justicia tampoco me acompañó en nada. No tengo seguridad acá. Él reunió al personal, les dijo que yo lo había denunciado ‘al pedo'; que estaba mal de la cabeza. Yo fui y le dije a (Humberto) Lienan (ex jefe de la Unidad Regional) y se cagaron de risa. Lo tendría que haber sacado de jefe como hicieron con García".
"Estas situaciones siempre pasaron", agregó. Lamentó que la denuncia "quede en la nada" y Cornelio haya permanecido en su puesto hasta la fecha.
En agosto del 2024 se dio a conocer una denuncia contra el subjefe de Policía de Chubut, Mauricio Zabala, por violencia de género. Su ex pareja relató una serie de hechos en los que él la había golpeado e incluso la había subido por la fuerza a su camioneta, lastimándole una mano.
Apenas unos meses atrás, el mismo Zabala, como subjefe de la Policía Provincial, representaba al Ejecutivo en la firma de un convenio con el Superior Tribunal de Justicia destinado a desarrollar una campaña por los derechos de las mujeres y las diversidades en Chubut, en el marco del 8 de marzo.
La mujer presentó una denuncia formal en la comisaría de Rawson, detallando episodios de golpes, amenazas y hostigamiento. Entre los hechos denunciados, se encuentra un incidente en el que Zabala habría arrastrado a la víctima por la fuerza y le habría provocado lesiones: "me agarró a empujones provocando que me golpeara contra una ventana y que me cortara la muñeca derecha con el vidrio que se rompió por lo que tuve que ir al hospital en donde me hicieron 7 puntos de sutura" expresó en diálogo con Diario Crónica.
Aunque en su momento se inició una investigación interna y la Justicia dictó medidas cautelares que prohíben a Zabala acercarse a la denunciante y sus hijas, a la fecha continúa en funciones.
En el medio, se han denunciado otros casos que se alejan de la cúpula pero reflejan una problemática creciente: en todo el país se ha registrado un aumento en los casos de violencia cometidos por policías y en los llamados "femicidios uniformados". Generalmente, el rol del agresor en las Fuerzas de Seguridad y el uso constante de armas reglamentarias no hace más que incidir en la vulnerabilidad de las víctimas. Representan, además, una grieta en un sistema que debe capacitarse en materia de género y ser capaz de proteger a las denunciantes.
Femicidios de uniforme
La violencia de género cometida por uniformados tomó especial relevancia pública a raíz del femicidio de Urusla Bahillo en febrero de 2021. La joven fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, Matías Martínez, quien se desempeñaba como policía en la provincia de Buenos Aires. Su cuerpo fue encontrado entre unos pastizales en el paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, donde vivía con su familia.
Lejos de ser aislado, el caso mostró un patrón creciente en la policía argentina: según los registros de femicidios en el país, desde 2008 hasta 2021, unos 214 femicidas del total de los casos pertenecían o habían pertenecido a alguna fuerza de seguridad.
Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizado por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del 2022 mostró que en la policía bonaerense la violencia machista fue el motivo que más sumarios acumula. En 2022, dos de cada diez policías bonaerenses sumariados fueron investigados por violencia de género, aunque se desconoce cuántos han sido sancionados o exonerados.
El año anterior la Corte Suprema registró 231 víctimas de femicidio; 25 de los agresores eran integrantes de las fuerzas de seguridad. Lo más grave es que en la mayoría de los casos se trató de policías en actividad y se utilizó el arma reglamentaria para cometer el delito. En las sistematizaciones de cada año, el porcentaje de femicidios uniformados sigue constituyendo una problemática. En 2024, de 242 sujetos activos en causas judiciales de femicidio directo, al menos 10 pertenecían a fuerzas de seguridad.
Según advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la portación del arma y el encubrimiento policial son dos de los principales factores que acentúan el problema: "La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el estado policial, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad", y subraya que "como en otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, las prácticas de encubrimiento de estas muertes radican en que la policía controla los primeros momentos de la escena del hecho".
En diciembre del 2020 el Gobierno nacional dispuso -mediante la Resolución 1515/2020- la restricción de portación, tenencia y transporte de armas al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales denunciados por violencia de género "cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y gravedad del caso".
La violenta tradición del GEOP
Al margen de los casos de violencia de género y acoso que han sacudido a las fuerzas provinciales en los últimos años, el GEOP en particular ha estado en el ojo de la tormenta por casos ampliamente mediáticos y repudiados que implican uso excesivo de la fuerza e incumplimiento de protocolos.
Durante el 2020 organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron una profundización de la violencia policial en la provincia de Chubut, bajo el mando del entonces ministro de Seguridad, Federico Massoni, conocido por su discurso vinculado a la mano dura y la criminalización de Pueblos Originarios.
Sin embargo, varios años antes, el GEOP ya había sido señalado por su participación en una serie de allanamientos, detenciones arbitrarias y desapariciones en Corcovado en 2009, en el marco de la persecución de Cristian Mai Bustos -acusado y condenado por asesinar a su bebé-, que derivaron en una suerte de estado de sitio.
Se denunciaron persecuciones, violaciones y torturas. Incluso se registró la desaparición de Luciano González, un hombre de 42 años presuntamente detenido por el Grupo Especial de Operaciones Policiales, cuyos restos óseos fueron hallados en 2013 en cercanías del Cerro Centinela.
En noviembre del 2011 se desarrolló el juicio contra el GEOP por delitos de lesa humanidad. Aunque hubo varios imputados, el único que llegó a juicio oral fue el jefe del operativo, Miguel Gómez, quien fue absuelto y permaneció varios años como jefe de la Policía de Chubut.
No fue la primera ni la última vez en la que el grupo especializado participó en operativos cuestionados por incumplimiento de protocolos. En los últimos años se evidenció una profundización de la violencia contra los Pueblos Originarios, con un notable aumento de allanamientos, causas judiciales y detenciones.
En 2015 tuvo ecos del escenario de la persecución de Mai Bustos, cuando la fuerza especial desplegó un violento operativo en la Lof Cushamen, con la excusa de la persecución a Francisco Jones Huala. Meses más tarde volvió a protagonizar un nuevo intento de desalojo disparando balas de goma contra los miembros de la comunidad.
En 2016, la comunidad mapuche Santa Rosa de Leleque denunció que el GEOP había empezado a utilizar un campo del grupo Benetton para desplegar prácticas de entrenamiento de los uniformados.
Nota relacionada: La violenta tradición del GEOP: la pareja de Tino John afirma que "todos los responsables pagarán"
Uno de los últimos escándalos ligados al GEOP es el asesinato de Alejandro "Tino" John, un vecino de Lago Puelo que fue ultimado de un disparo en la cabeza en el marco de un cuestionado operativo en mayo del 2021. Por estos hechos, un efectivo y un jefe del GEOP, junto a un comisario, serán llevados a juicio este año.
En algunos casos los policías denunciados son investigados o apartados de sus funciones. En casos que parecen la excepción más que la norma, se logra la elevación a juicio. Sin embargo, parecen ser más aquellos en los que prima la impunidad, mientras la demanda por la implementación de la perspectiva de género y protocolos de actuación en las fuerzas continúa pendiente.
A pesar del hermetismo que rodea el caso, en las últimas semanas se dieron a conocer dos denuncias contra personal del GEOP (Grupo Espacial de Operaciones Policiales) en Chubut por abuso sexual: una señala a un cabo y a un sargento, mientras que la otra está vinculada con un alto mando. Organizaciones feministas en todo el país denuncian un aumento en los casos de abuso, violencia y femicidios cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad. Este no es el único escándalo que ha sacudido al Grupo Especial de Operaciones, que ha estado en el ojo de la tormenta por incumplimientos de protocolos y actuaciones cuestionadas. Tanto los casos que involucran violencia de género como aquellos que implican exceso en la fuerza están signados por el hermetismo judicial y la falta de respuestas, que se profundiza cuando los denunciados ocupan altas jerarquías.
El caso se conoció hace aproximadamente dos semanas: una empleada policial denunció a un cabo y a un sargento, ambos con prestación de servicios en Comodoro Rivadavia, por abuso sexual. Por el momento, los efectivos están en libertad pero fueron suspendidos en tanto el juez tome definiciones. Se les atribuye la coautoría del delito de abuso sexual agravado. En su defensa, los agentes habrían expresado que la mujer quiso estar con ellos en una relación consentida, pero la víctima los denunció y habría un vídeo que respalda su relato.
Días más tarde, el sábado 30, la Policía Federal allanó la casa de un alto mando del GEOP, también en Comodoro, por una causa penal que la habrían abierto a partir de la denuncia de abuso sexual de una suboficial. Por el momento el imputado permanece en libertad y no ha sido suspendido. Sin embargo, prima el silencio alrededor de los casos y no hay certezas sobre el estado de los denunciados.
No es el único caso que sacude a la cúpula policial en los últimos años. En 2019 se conoció la denuncia contra el ex jefe de la Policía de Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale, por abusos sexuales cometidos contra las dos hijas de su ex pareja. Según se desprende del relato de las víctimas, los delitos tuvieron lugar entre 1998 y 2001, cuando las niñas tenían 9 y 10 años y convivían con el victimario.
La defensa de Ale pidió la prescripción de la causa (argumentando que las víctimas habían denunciado siendo ya mayores de edad) y recusó a la jueza Patricia Reyes, sin éxito. Cabe recordar que en Argentina rige la Ley 26.705, conocida como Ley Piazza, que fue sancionada en 2011 y amplía los plazos prescripción para los delitos de abuso sexual contra menores. Este plazo fue extendido todavía más gracias a la modificación de la Ley 27.206 (La ley de Respeto al tiempo de las víctimas) en 2015.
En 2020, el Tribunal Penal de Puerto Madryn, integrado por los jueces Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, condenó al ex jefe de Policía a 8 años de prisión por ser autor material de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante. En diciembre los camaristas Flavia Trincheri, Rafael Lucchelli y Adrián Barrios confirmaron por mayoría la condena y Ale fue detenido. Permaneció en prisión hasta el 25 de enero del 2021, cuando falleció por COVID.
En 2020, una aspirante a la Policía de Chubut denunció a un jefe instructor, Adrián Carranza, por abuso sexual cometido en reiteradas ocasiones durante el curso de ingreso a la fuerza provincial. Días más tarde, denunció que habían atacado el frente de su casa a balazos y adjudicó el hecho al efectivo denunciado. La situación escaló cuando publicó en sus redes sociales que iba a suicidarse debido a la falta de respuestas de la Justicia.
El caso quedó a cargo del fiscal Martín Cárcamo, de la Agencia de Delitos Sexuales de Comodoro Rivadavia, y las autoridades de la Policía resolvieron separar al acusado de su cargo, así como a otro jefe policial que también fue mencionado por la víctima en su relato.
Sin embargo, en 2021 la agrupación Mujeres Activistas del Sur -encabezada por la denunciante- reclamó ante la "manifiesta impunidad" luego de conocer que Carranza había sido trasladado a la comisaría de Kilómetro 8 y continuaba en servicio.
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Varios años más tarde, en junio del 2023, se hizo pública una denuncia de acoso sexual en la cúpula de la policía provincial. Andrés García, segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, fue denunciado por la secretaria personal, una joven de 21 años, quien relató reiteradas situaciones de acoso laboral, maltrato e intimidación.
Los episodios denunciados ocurrieron en su lugar de trabajo, en la Unidad Regional en el centro de Comodoro. La empleada dijo además que fue amenazada: "nunca dije nada porque realmente tengo miedo, ya que una vez me dijo que él podía ser muy peligroso".
"Yo los mensajes los borré porque no quería que mi novio vea las cosas que él me decía. Este acoso ya es constante porque todos los días me refiere algo distinto por mi cuerpo y hace comentarios de que quiere tener relaciones conmigo; o yo paso caminando y él de atrás me hace gesticulaciones o hace como que me va a pegar en la cola", expresó en diálogo con medios locales.
"Pensé bien las cosas y decidí realizar la denuncia porque yo no tengo la culpa de lo que me está pasando. Quiero dejar constancias de que él nunca me respetó y nunca tuvo un trato de jefe y subalterna; nunca me llamó por mi apellido; siempre me ponía apodos o me decía 'mamita', agregó.
En diálogo con Jornada, el comisario César Brandt, para ese momento jefe de la Policía Provincial, confirmó que tras la denuncia se inició inmediatamente el proceso administrativo y que se tomarían medidas preventivas contra García. Además, dijo que existen antecedentes de situaciones denunciadas en perjuicio de otros oficiales y suboficiales en torno a distintos hechos.
"La denunciante seguirá trabajando y cumpliendo con sus tareas habituales. Así lo establece la ley, debemos erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y se considera necesario remover a algunas de las partes, debe hacerse con el victimario y no con la víctima. Las cuestiones de superioridad jerárquica es uno de los principales factores que influye en la violencia de género", detalló.
García permaneció cinco meses separado de su cargo en tanto se desarrolló la investigación. La denuncia fue desestimada: para la Fiscalía, basándose en el artículo 270 del Código Procesal Penal, no constituyó delito. Se incluyeron teléfonos celulares de las partes, entrevistas a testigos y pruebas psicológicas realizadas a través del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). La denuncia quedó así "archivada" y el denunciado "exento de responsabilidad".
Actualmente es jefe de la Policía de Chubut. En la cúpula lo acompaña Mauricio Zabala (quien también fue denunciado por violencia de género) como segundo jefe.
No obstante, el hecho motivó a otra subordinada a exponer su caso públicamente. En diálogo con El Patagónico, relató que el año anterior, en noviembre del 2022, denunció al jefe policial de Zona Norte, Walter Cornelio, a cargo de la Unidad Operativa Zona Norte y la causa fue "cajoneada".
La denunciante, que se desempeñaba como personal administrativo de la subcomisaría de Ciudadela, contó: "Tuve que pedir el traslado a la Unidad Regional porque no podía trabajar con él. Lo denuncié por acoso; yo estaba trabajando en (kilómetro) 8 cuando me besó, me acosaba y mandaba mensajes: supuestamente estaba enamorado de mí".
"Una vez que lo denuncié, Fiscalía a los pocos meses dijo que era por un móvil laboral; que no era un acoso. Yo pedí el traslado porque no quería trabajar y la bronca que me dio es cuando vi la denuncia de la secretaria contra Andrés García... a mí la denuncia me la cajonearon. Quedé como una mujer conflictiva", aseguró.
"Al tipo (Walter Cornelio) no se le hizo un sumario. Nada. Al día de hoy tengo que tratar con el personal de esta comisaría cuando voy a hacer denuncias por una familia conflictiva del barrio (Ciudadela)", agregó.
La mujer expresó que la denuncia fue archivada y ninguna autoridad tomó medidas al respecto, a pesar de que ella presentó los mensajes que él le enviaba: "Fui y lo denuncié y la Justicia tampoco me acompañó en nada. No tengo seguridad acá. Él reunió al personal, les dijo que yo lo había denunciado ‘al pedo'; que estaba mal de la cabeza. Yo fui y le dije a (Humberto) Lienan (ex jefe de la Unidad Regional) y se cagaron de risa. Lo tendría que haber sacado de jefe como hicieron con García".
"Estas situaciones siempre pasaron", agregó. Lamentó que la denuncia "quede en la nada" y Cornelio haya permanecido en su puesto hasta la fecha.
En agosto del 2024 se dio a conocer una denuncia contra el subjefe de Policía de Chubut, Mauricio Zabala, por violencia de género. Su ex pareja relató una serie de hechos en los que él la había golpeado e incluso la había subido por la fuerza a su camioneta, lastimándole una mano.
Apenas unos meses atrás, el mismo Zabala, como subjefe de la Policía Provincial, representaba al Ejecutivo en la firma de un convenio con el Superior Tribunal de Justicia destinado a desarrollar una campaña por los derechos de las mujeres y las diversidades en Chubut, en el marco del 8 de marzo.
La mujer presentó una denuncia formal en la comisaría de Rawson, detallando episodios de golpes, amenazas y hostigamiento. Entre los hechos denunciados, se encuentra un incidente en el que Zabala habría arrastrado a la víctima por la fuerza y le habría provocado lesiones: "me agarró a empujones provocando que me golpeara contra una ventana y que me cortara la muñeca derecha con el vidrio que se rompió por lo que tuve que ir al hospital en donde me hicieron 7 puntos de sutura" expresó en diálogo con Diario Crónica.
Aunque en su momento se inició una investigación interna y la Justicia dictó medidas cautelares que prohíben a Zabala acercarse a la denunciante y sus hijas, a la fecha continúa en funciones.
En el medio, se han denunciado otros casos que se alejan de la cúpula pero reflejan una problemática creciente: en todo el país se ha registrado un aumento en los casos de violencia cometidos por policías y en los llamados "femicidios uniformados". Generalmente, el rol del agresor en las Fuerzas de Seguridad y el uso constante de armas reglamentarias no hace más que incidir en la vulnerabilidad de las víctimas. Representan, además, una grieta en un sistema que debe capacitarse en materia de género y ser capaz de proteger a las denunciantes.
Femicidios de uniforme
La violencia de género cometida por uniformados tomó especial relevancia pública a raíz del femicidio de Urusla Bahillo en febrero de 2021. La joven fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, Matías Martínez, quien se desempeñaba como policía en la provincia de Buenos Aires. Su cuerpo fue encontrado entre unos pastizales en el paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, donde vivía con su familia.
Lejos de ser aislado, el caso mostró un patrón creciente en la policía argentina: según los registros de femicidios en el país, desde 2008 hasta 2021, unos 214 femicidas del total de los casos pertenecían o habían pertenecido a alguna fuerza de seguridad.
Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizado por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del 2022 mostró que en la policía bonaerense la violencia machista fue el motivo que más sumarios acumula. En 2022, dos de cada diez policías bonaerenses sumariados fueron investigados por violencia de género, aunque se desconoce cuántos han sido sancionados o exonerados.
El año anterior la Corte Suprema registró 231 víctimas de femicidio; 25 de los agresores eran integrantes de las fuerzas de seguridad. Lo más grave es que en la mayoría de los casos se trató de policías en actividad y se utilizó el arma reglamentaria para cometer el delito. En las sistematizaciones de cada año, el porcentaje de femicidios uniformados sigue constituyendo una problemática. En 2024, de 242 sujetos activos en causas judiciales de femicidio directo, al menos 10 pertenecían a fuerzas de seguridad.
Según advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la portación del arma y el encubrimiento policial son dos de los principales factores que acentúan el problema: "La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el estado policial, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad", y subraya que "como en otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, las prácticas de encubrimiento de estas muertes radican en que la policía controla los primeros momentos de la escena del hecho".
En diciembre del 2020 el Gobierno nacional dispuso -mediante la Resolución 1515/2020- la restricción de portación, tenencia y transporte de armas al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales denunciados por violencia de género "cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y gravedad del caso".
La violenta tradición del GEOP
Al margen de los casos de violencia de género y acoso que han sacudido a las fuerzas provinciales en los últimos años, el GEOP en particular ha estado en el ojo de la tormenta por casos ampliamente mediáticos y repudiados que implican uso excesivo de la fuerza e incumplimiento de protocolos.
Durante el 2020 organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron una profundización de la violencia policial en la provincia de Chubut, bajo el mando del entonces ministro de Seguridad, Federico Massoni, conocido por su discurso vinculado a la mano dura y la criminalización de Pueblos Originarios.
Sin embargo, varios años antes, el GEOP ya había sido señalado por su participación en una serie de allanamientos, detenciones arbitrarias y desapariciones en Corcovado en 2009, en el marco de la persecución de Cristian Mai Bustos -acusado y condenado por asesinar a su bebé-, que derivaron en una suerte de estado de sitio.
Se denunciaron persecuciones, violaciones y torturas. Incluso se registró la desaparición de Luciano González, un hombre de 42 años presuntamente detenido por el Grupo Especial de Operaciones Policiales, cuyos restos óseos fueron hallados en 2013 en cercanías del Cerro Centinela.
En noviembre del 2011 se desarrolló el juicio contra el GEOP por delitos de lesa humanidad. Aunque hubo varios imputados, el único que llegó a juicio oral fue el jefe del operativo, Miguel Gómez, quien fue absuelto y permaneció varios años como jefe de la Policía de Chubut.
No fue la primera ni la última vez en la que el grupo especializado participó en operativos cuestionados por incumplimiento de protocolos. En los últimos años se evidenció una profundización de la violencia contra los Pueblos Originarios, con un notable aumento de allanamientos, causas judiciales y detenciones.
En 2015 tuvo ecos del escenario de la persecución de Mai Bustos, cuando la fuerza especial desplegó un violento operativo en la Lof Cushamen, con la excusa de la persecución a Francisco Jones Huala. Meses más tarde volvió a protagonizar un nuevo intento de desalojo disparando balas de goma contra los miembros de la comunidad.
En 2016, la comunidad mapuche Santa Rosa de Leleque denunció que el GEOP había empezado a utilizar un campo del grupo Benetton para desplegar prácticas de entrenamiento de los uniformados.
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Uno de los últimos escándalos ligados al GEOP es el asesinato de Alejandro "Tino" John, un vecino de Lago Puelo que fue ultimado de un disparo en la cabeza en el marco de un cuestionado operativo en mayo del 2021. Por estos hechos, un efectivo y un jefe del GEOP, junto a un comisario, serán llevados a juicio este año.
En algunos casos los policías denunciados son investigados o apartados de sus funciones. En casos que parecen la excepción más que la norma, se logra la elevación a juicio. Sin embargo, parecen ser más aquellos en los que prima la impunidad, mientras la demanda por la implementación de la perspectiva de género y protocolos de actuación en las fuerzas continúa pendiente.
