Futuro académico sin certezas: el crítico panorama de las universidades, a dos años de la primera Marcha Federal A dos años de la primera Marcha Federal Universitaria el reclamo de estudiantes y docentes se mantiene vigente. La situación de las casas de estudio permanece en estado crítico ante la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento, aprobada hace seis meses y con sentencia judicial firme. El Gobierno nacional sigue incumpliendo el envío de partidas para hacer frente a la emergencia presupuestaria. En este contexto, la comunidad universitaria refuerza el plan de lucha y se prepara para encontrarse nuevamente en las calles.
Tres años de caída presupuestaria
Mientras la gestión libertaria hablaba de ahorro fiscal, el panorama de las universidades en los últimos años estuvo caracterizado por el ajuste en todas las áreas así como una marcada deserción estudiantil y docente.
El primer cuatrimestre después de la asunción de Javier Milei inició con un paro de 24 horas en las universidades nacionales "en rechazo al congelamiento de presupuesto y a la caída de los salarios".
El reclamo no era nuevo: ya advertían desde febrero la delicada situación de las partidas, agravada por dos factores: la prórroga de las partidas del año anterior debido a la ausencia de un proyecto de presupuesto consolidado para el 2024 y una inflación acumulada de los meses previos que superaba el 200%.
Los gastos ejecutados en enero y febrero 2024 representaban una caída real del 27,6% respecto a igual período del 2023. Aunque desde el Ministerio de Capital Humano remarcan que han otorgado múltiples aumentos de partidas y que la inflación de los últimos períodos se mantiene relativamente baja, la caída del presupuesto universitario sigue en picada y a la fecha no se logró recomponer los valores previos a diciembre del 2023.
La reasignación de partidas está contemplada en el presupuesto, lo que significa que el Gobierno puede producir desvíos en la ejecución de las partidas a través de tres prácticas: reasignación, sub-ejecución y ampliación presupuestaria por decretos de necesidad y urgencia.
El mismo día que las universidades anunciaron un paro, el Ministerio a cargo de Sandra Pettovello anunciaba un aumento del 70% para gastos de funcionamiento, que representan alrededor del 6% de los recursos. Así, el presupuesto inicial para las 65 universidades nacionales pasó de $1.385.290 millones (1,3 billones) a $1.440.397 millones (1,4 billones), apenas un 4,1% que el de 2023 pero muy por debajo considerando la expectativa de inflación para el 2024.
Según el cálculo realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la caída interanual en la ejecución presupuestaria se ubicaba en el 32,6%. La inversión por estudiante -que en ese momento era menor a $2 millones por año- se encontraba en su valor más bajo desde 2004.
En este contexto, frente a la incertidumbre por el segundo cuatrimestre y la ausencia de canales de diálogo con el Gobierno nacional, la comunidad universitaria llevó su reclamo a las calles. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y sectores de toda la sociedad coincidieron en la masiva Marcha Federal Universitaria que se realizó el 23 de abril del 2024 en distintos puntos del país.
Un día antes de la marcha, el Ministerio de Capital Humano anunció oficialmente que habían llegado a una "propuesta consensuada" con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar un 70% más los gastos de las universidades a partir de mayo, hasta alcanzar los $14.224.732.213 mensuales, sumados a una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de $14.403.479.661.
El anuncio, que fue desmentido por el CIN, fue interpretado como una estrategia para desactivar la movilización. La primera Marcha Federal Universitaria durante la gestión de Milei se llevó adelante en todo el país y puso en foco la importancia del sistema universitario nacional y la necesidad de garantizar su continuidad.
Esa misma semana, la cartera a cargo de Sandra Pettovello confirmó el anuncio realizado el día anterior a la marcha. La decisión, sin embargo, sólo afectó a dos ítems del presupuesto total y se reveló insuficiente para cubrir otros gastos de funcionamiento, investigación, infraestructura, becas y salarios.
El aumento para la "Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario" representa solo el 7,9% del gasto, mientras que "Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios" es apenas el 1%. Según el análisis de ACIJ, aun incorporando estas modificaciones, el gasto total para las universidades implicaría un 71% menos que en 2023.
Tras la contundencia de la primera marcha, en mayo el Gobierno anunció un nuevo aumento en las partidas para gastos de funcionamiento, esta vez de 270% sobre el presupuesto inicial, elevando así la asignación mensual a más de $14.000 millones. Aunque la medida inicialmente se centró en la Universidad de Buenos Aires (UBA) luego se extendió al resto de las universidades del país.
De esta forma, el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento ascendió a $256 mil millones (2,5 billones). No obstante, el reclamo siguió centrado en los salarios, que registraban una fuerte caída debido a una inflación acumulada cercana al 300%. Más del 85% del presupuesto universitario está destinado a salarios docentes y no docentes, por lo que incluso con los aumentos en gastos de funcionamiento la situación de los trabajadores docentes y no docentes seguía siendo crítica.
Cada año, el CIN nuclea y sintetiza en un proyecto único las partidas requeridas por cada universidad nacional. Para el 2025 contemplaba un presupuesto de 7,2 billones de pesos. Sin embargo, el número propuesto por el Gobierno era de apenas 4 billones, lo que representa una caída del 30% en términos reales respecto a 2023. El año estuvo signado por múltiples jornadas de paro y visibilización.
El Proyecto de Presupuesto 2026 fue el primero que se votó durante la gestión de Javier Milei, tras dos presupuestos reconducidos de los ejercicios anteriores. La inversión en Educación quedó relegada, con un presupuesto de 4,8 billones y una caída del 34%.
En este contexto, la inversión educativa para este año se proyecta -por tercer año consecutivo- como una de las más bajas en los últimos 20 años, con mínimos históricos en otras áreas vinculadas al sistema científico y tecnológico nacional.
El 2025 fue el año con la inversión más baja en Educación en décadas y el 2026 "consolida el ajuste universitario"
Mediante el Artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 el Gobierno borró el piso del 6% del PBI para financiamiento educativo y el 1% para ciencia. El texto incluía, además, la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, ítem que fue rechazado en Diputados.
Exodo de estudiantes y docentes
El ajuste sostenido en los últimos dos años no se ejecuta en abstracto: incide de manera directa en todas las dimensiones del funcionamiento de las universidades.
La cuestión salarial es uno de los puntos más sensibles del reclamo: para 2026 la pérdida de poder adquisitivo supera el 30% y la distancia entre los salarios y la inflación es cada vez más grande.
Según detalla el CIN, entre noviembre 2023 y febrero 2026 los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. Esto equivale a la perdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período calculado, lo que ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno a la democracia. A ello se suma la ausencia total de discusión paritaria, un aspecto que los gremios vienen reclamando de manera reiterada.
El último año se ha registrado un fuerte éxodo de investigadores y docentes de las universidades nacionales. Los gremios estimaban para el año pasado la salida de unos 10 mil docentes del sistema. La referente de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Fabiana Marino, explicaba a este medio en agosto del año pasado que si bien en las sedes de la UNPSJB, y particularmente en la de Comodoro Rivadavia, no se registraba un número importante de renuncias, "estamos viendo que hay profesores que están achicando su carga horaria, mantienen algún cargo con la universidad, pero están yendo a trabajar a empresas a otros lugares".
Las universidades y un panorama crítico: "Estamos en riesgo de parálisis, el achique viene por todos los rincones del presupuesto"
La caída presupuestaria impacta también en las trayectorias académicas de los más de 2 millones de estudiantes que componen el sistema universitario nacional. El congelamiento de los valores de las becas estudiantiles en un contexto de crisis económica obliga a muchos estudiantes a abandonar o dejar en suspenso el futuro académico ante la necesidad de conseguir ingresos. También se evidencia, en este sentido, una merma en la cantidad de estudiantes. Marino se refería en entrevista con este medio a situaciones complejas entre el estudiantado: "La universidad tiene becas para estudiantes que se han visto reducidas y no solo eso, sino que estamos viendo que hay chicos que ya no pueden venir a la universidad, no pueden pagar los pasajes, no pueden sostener una cursada regular porque tienen que salir a trabajar".
La Ley de Financiamiento
El ajuste vino de la mano de una retórica violenta contra las universidades nacionales y, en general, contra todas las instituciones públicas. Tanto el Presidente como otras figuras cercanas al Gobierno han protagonizado expresiones de deslegitimación de las casas de estudio, en muchos apelando a datos erróneos o haciendo uso de lugares comunes en el imaginario social que contrastan con la realidad de millones de estudiantes.
Las fakes avanzan: Milei y sus mentiras sobre las universidades
Mientras las universidades debatían medidas de lucha frente al ajuste, figuras libertarias atacaban públicamente la educación nacional afirmando que "los pobres no llegan a las universidades" o que "las universidades inventan estudiantes", todas afirmaciones sin sustento que fueron eventualmente desmentidas por el CIN.
En este contexto, con partidas insuficientes para garantizar el normal funcionamiento de las universidades y sin canales de diálogo para discutir ampliaciones presupuestarias o paritarias docentes, las universidades presentaron de manera conjunta la Ley de Financiamiento Universitario.
El proyecto declaraba la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y tenía como objetivo principal ajustar los gastos de funcionamiento según la inflación acumulada de 2023. Por otro lado, planteaba ajustar las partidas de forma bimestral de acuerdo a los valores del IPC y recomponer los salarios docentes y no docentes.
En agosto la Cámara de Diputados aprobó holgadamente la iniciativa. El Senado ratificó la normativa a principios de septiembre con 57 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Si bien la comunidad universitaria celebró el apoyo, se mantenía alerta ante las expresiones de Javier Milei, quien había adelantado un posible veto.
Casi inmediatamente después de su sanción, durante la semana en que se llevó adelante la Segunda Marcha Federal Universitaria, la Oficina de la Presidencia anunció de manera oficial el veto, argumentando la necesidad de reducir el gasto público.
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal", informó la cuenta de la Oficina del Presidente en la red social X.
Y remarcó: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025".
Crónica de un veto anunciado: la educación pública sin presupuesto y en alerta
En octubre se intentó revertir el veto, pero la Cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para anular la decisión presidencial. La confirmación del veto supuso un duro golpe para las universidades, que reclaman hasta la actualidad la actualización de las partidas presupuestarias.
En un escenario cada vez más desafiante, el 28 de mayo del 2025 el CIN presentó formalmente en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de financiamiento universitario, con mínimas diferencias del anterior y enfatizando de manera clara el origen de las partidas para solventar la emergencia presupuestaria.
"La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento", se detalla en la justificación del proyecto.
Subraya que "el Poder Ejecutivo Nacional tuvo los fondos necesarios para haber mantenido tanto gastos operativos de las universidades como los salarios docentes y no docentes en niveles que permitieran el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior".
"De esta manera, si bien es cierto el principio de economía que no se puede gastar más de lo que ingresa, la otra parte de una política económica socialmente responsable es que no puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino. El presente proyecto de ley se alinea con esta visión y empareja el financiamiento universitario con los ingresos recaudados", agrega.
Los ejes centrales del proyecto, entre otras cosas, son: fortalecimiento de la obra pública y la infraestructura universitaria, aumento de la inversión en bienestar estudiantil, recomposición salarial de acuerdo a los valores de la inflación y un incremento progresivo en los próximos años para el presupuesto educativo. La normativa busca subsanar las consecuencias del ajuste paulatino en las partidas y garantizar el normal funcionamiento de las actividades académicas y científicas.
A principios de agosto la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, mientras que el Senado hizo lo suyo hacia finales del mes con una amplia mayoría. Tal y como se esperaba, Milei anunció un nuevo veto, otra vez bajo el argumento del ahorro fiscal e ignorando los reclamos persistentes de la comunidad universitaria. El anuncio motivó a una tercera Marcha Federal Universitaria que tuvo lugar el 17 de septiembre, el mismo día que Diputados debatía el apoyo al veto.
Sin embargo, a diferencia del año anterior, esta vez la Cámara baja reunió los dos tercios necesarios y rechazó el veto presidencial. Durante la misma sesión, los diputados también rechazaron el veto de la ley de emergencia pediátrica, por lo que ambas normativas quedaron firmes.
No obstante, a seis meses de su aprobación, la Ley de Financiamiento Universitario todavía no se aplica. El Gobierno ha utilizado diversas maniobras y argumentos para dejar en pausa el cumplimiento de la normativa.
El Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/25, pero agregó una cláusula, invocando el artículo 5 de la Ley 24.629, y suspendió su ejecución. El argumento era que la normativa no especificaba las fuentes de financiamiento y atentaba contra el ahorro fiscal.
A finales del 2025 el CIN presentó un amparo por el incumplimiento de la normativa. La Justicia falló a favor de las universidades: el juez federal Martín Cormick obligó al Ejecutivo a cumplir las disposiciones de la Ley 27.795 de manera inmediata. En febrero el Gobierno apeló la medida cautelar. Paralelamente, intentó recusar a los jueces por ser docentes universitarios pero la solicitud fue rechazada. También presentó recursos extraordinarios contra esos rechazos que igualmente fueron denegados. Por ello, el Gobierno libertario presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.
En el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno presentó un proyecto alternativo, a pesar del incumplimiento sostenido de la Ley de Financiamiento. El texto difiere de la ley original en varias cuestiones: no reconoce la pérdida salarial de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 sino a partir de 2025 y actualiza los gastos de funcionamiento sólo si la inflación interanual supera el 14,5%, que es la cifra reconocida en el proyecto de presupuesto.
En marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inaplicable el decreto que suspendía la ejecución de la Ley. El fallo ratifica la decisión que se hizo lugar en primera instancia a la cautelar presentada en noviembre del 2025 por las universidades nacionales. En este sentido, ordena al Ejecutivo a cumplir en forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley, lo que implica que se deben actualizar los salarios docentes y no docentes así como los valores de las becas estudiantiles.
El fallo da cuenta del daño que podría ocasionar la demora en la aplicación de la ley y reconoce el deterioro de los ingresos y la pérdida salarial de los trabajadores. Respecto al impacto fiscal, sostuvo que la medida representa el 0,23% del PBI y subrayó que "no se observaba una afectación al interés público", sino que está en juego "el derecho a enseñar y aprender".
El 17 de abril venció el plazo para que el Gobierno transfiera $2,5 billones a las universidades nacionales tras la decisión de la Justicia. "El gobierno decidió no cumplir. La Justicia puso un plazo. Y ese plazo venció con aulas vacías, salarios que no alcanzan y una comunidad universitaria que sigue sosteniendo lo insostenible", expresaron desde CONADU. La Administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para eludir el fallo judicial.
De esta forma, el Gobierno sigue incumpliendo una ley aprobada hace seis meses, mientras las universidades se sostienen con poco más de la mitad del presupuesto necesario. No sólo eso, sino que en estos días busca reflotar su propia ley de financiamiento pese a la ratificación de la ley aprobada el año pasado.
En este escenario, las universidades refuerzan el plan de lucha y sostienen una demanda elemental para la continuidad del sistema. Los gremios anunciaron una semana completa de paro que irá del 27 al 30 de abril. Además, la comunidad universitaria volverá a encontrarse en las calles el próximo 12 de mayo en la cuarta Marcha Federal Universitaria durante la gestión Milei.
A dos años de la primera marcha, el panorama no parece haber cambiado: las partidas otorgadas todavía no subsanan la fuerte caída en gastos de funcionamiento y salarios, el diálogo con el Gobierno continúa ausente y las paritarias no figuran ni en promesas, por lo que el reclamo volverá a las calles.
A dos años de la primera Marcha Federal Universitaria el reclamo de estudiantes y docentes se mantiene vigente. La situación de las casas de estudio permanece en estado crítico ante la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento, aprobada hace seis meses y con sentencia judicial firme. El Gobierno nacional sigue incumpliendo el envío de partidas para hacer frente a la emergencia presupuestaria. En este contexto, la comunidad universitaria refuerza el plan de lucha y se prepara para encontrarse nuevamente en las calles.
Tres años de caída presupuestaria
Mientras la gestión libertaria hablaba de ahorro fiscal, el panorama de las universidades en los últimos años estuvo caracterizado por el ajuste en todas las áreas así como una marcada deserción estudiantil y docente.
El primer cuatrimestre después de la asunción de Javier Milei inició con un paro de 24 horas en las universidades nacionales "en rechazo al congelamiento de presupuesto y a la caída de los salarios".
El reclamo no era nuevo: ya advertían desde febrero la delicada situación de las partidas, agravada por dos factores: la prórroga de las partidas del año anterior debido a la ausencia de un proyecto de presupuesto consolidado para el 2024 y una inflación acumulada de los meses previos que superaba el 200%.
Los gastos ejecutados en enero y febrero 2024 representaban una caída real del 27,6% respecto a igual período del 2023. Aunque desde el Ministerio de Capital Humano remarcan que han otorgado múltiples aumentos de partidas y que la inflación de los últimos períodos se mantiene relativamente baja, la caída del presupuesto universitario sigue en picada y a la fecha no se logró recomponer los valores previos a diciembre del 2023.
La reasignación de partidas está contemplada en el presupuesto, lo que significa que el Gobierno puede producir desvíos en la ejecución de las partidas a través de tres prácticas: reasignación, sub-ejecución y ampliación presupuestaria por decretos de necesidad y urgencia.
El mismo día que las universidades anunciaron un paro, el Ministerio a cargo de Sandra Pettovello anunciaba un aumento del 70% para gastos de funcionamiento, que representan alrededor del 6% de los recursos. Así, el presupuesto inicial para las 65 universidades nacionales pasó de $1.385.290 millones (1,3 billones) a $1.440.397 millones (1,4 billones), apenas un 4,1% que el de 2023 pero muy por debajo considerando la expectativa de inflación para el 2024.
Según el cálculo realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la caída interanual en la ejecución presupuestaria se ubicaba en el 32,6%. La inversión por estudiante -que en ese momento era menor a $2 millones por año- se encontraba en su valor más bajo desde 2004.
En este contexto, frente a la incertidumbre por el segundo cuatrimestre y la ausencia de canales de diálogo con el Gobierno nacional, la comunidad universitaria llevó su reclamo a las calles. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y sectores de toda la sociedad coincidieron en la masiva Marcha Federal Universitaria que se realizó el 23 de abril del 2024 en distintos puntos del país.
Un día antes de la marcha, el Ministerio de Capital Humano anunció oficialmente que habían llegado a una "propuesta consensuada" con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar un 70% más los gastos de las universidades a partir de mayo, hasta alcanzar los $14.224.732.213 mensuales, sumados a una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de $14.403.479.661.
El anuncio, que fue desmentido por el CIN, fue interpretado como una estrategia para desactivar la movilización. La primera Marcha Federal Universitaria durante la gestión de Milei se llevó adelante en todo el país y puso en foco la importancia del sistema universitario nacional y la necesidad de garantizar su continuidad.
Esa misma semana, la cartera a cargo de Sandra Pettovello confirmó el anuncio realizado el día anterior a la marcha. La decisión, sin embargo, sólo afectó a dos ítems del presupuesto total y se reveló insuficiente para cubrir otros gastos de funcionamiento, investigación, infraestructura, becas y salarios.
El aumento para la "Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario" representa solo el 7,9% del gasto, mientras que "Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios" es apenas el 1%. Según el análisis de ACIJ, aun incorporando estas modificaciones, el gasto total para las universidades implicaría un 71% menos que en 2023.
Tras la contundencia de la primera marcha, en mayo el Gobierno anunció un nuevo aumento en las partidas para gastos de funcionamiento, esta vez de 270% sobre el presupuesto inicial, elevando así la asignación mensual a más de $14.000 millones. Aunque la medida inicialmente se centró en la Universidad de Buenos Aires (UBA) luego se extendió al resto de las universidades del país.
De esta forma, el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento ascendió a $256 mil millones (2,5 billones). No obstante, el reclamo siguió centrado en los salarios, que registraban una fuerte caída debido a una inflación acumulada cercana al 300%. Más del 85% del presupuesto universitario está destinado a salarios docentes y no docentes, por lo que incluso con los aumentos en gastos de funcionamiento la situación de los trabajadores docentes y no docentes seguía siendo crítica.
Cada año, el CIN nuclea y sintetiza en un proyecto único las partidas requeridas por cada universidad nacional. Para el 2025 contemplaba un presupuesto de 7,2 billones de pesos. Sin embargo, el número propuesto por el Gobierno era de apenas 4 billones, lo que representa una caída del 30% en términos reales respecto a 2023. El año estuvo signado por múltiples jornadas de paro y visibilización.
El Proyecto de Presupuesto 2026 fue el primero que se votó durante la gestión de Javier Milei, tras dos presupuestos reconducidos de los ejercicios anteriores. La inversión en Educación quedó relegada, con un presupuesto de 4,8 billones y una caída del 34%.
En este contexto, la inversión educativa para este año se proyecta -por tercer año consecutivo- como una de las más bajas en los últimos 20 años, con mínimos históricos en otras áreas vinculadas al sistema científico y tecnológico nacional.
El 2025 fue el año con la inversión más baja en Educación en décadas y el 2026 "consolida el ajuste universitario"
Mediante el Artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 el Gobierno borró el piso del 6% del PBI para financiamiento educativo y el 1% para ciencia. El texto incluía, además, la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, ítem que fue rechazado en Diputados.
Exodo de estudiantes y docentes
El ajuste sostenido en los últimos dos años no se ejecuta en abstracto: incide de manera directa en todas las dimensiones del funcionamiento de las universidades.
La cuestión salarial es uno de los puntos más sensibles del reclamo: para 2026 la pérdida de poder adquisitivo supera el 30% y la distancia entre los salarios y la inflación es cada vez más grande.
Según detalla el CIN, entre noviembre 2023 y febrero 2026 los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. Esto equivale a la perdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período calculado, lo que ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno a la democracia. A ello se suma la ausencia total de discusión paritaria, un aspecto que los gremios vienen reclamando de manera reiterada.
El último año se ha registrado un fuerte éxodo de investigadores y docentes de las universidades nacionales. Los gremios estimaban para el año pasado la salida de unos 10 mil docentes del sistema. La referente de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Fabiana Marino, explicaba a este medio en agosto del año pasado que si bien en las sedes de la UNPSJB, y particularmente en la de Comodoro Rivadavia, no se registraba un número importante de renuncias, "estamos viendo que hay profesores que están achicando su carga horaria, mantienen algún cargo con la universidad, pero están yendo a trabajar a empresas a otros lugares".
Las universidades y un panorama crítico: "Estamos en riesgo de parálisis, el achique viene por todos los rincones del presupuesto"
La caída presupuestaria impacta también en las trayectorias académicas de los más de 2 millones de estudiantes que componen el sistema universitario nacional. El congelamiento de los valores de las becas estudiantiles en un contexto de crisis económica obliga a muchos estudiantes a abandonar o dejar en suspenso el futuro académico ante la necesidad de conseguir ingresos. También se evidencia, en este sentido, una merma en la cantidad de estudiantes. Marino se refería en entrevista con este medio a situaciones complejas entre el estudiantado: "La universidad tiene becas para estudiantes que se han visto reducidas y no solo eso, sino que estamos viendo que hay chicos que ya no pueden venir a la universidad, no pueden pagar los pasajes, no pueden sostener una cursada regular porque tienen que salir a trabajar".
La Ley de Financiamiento
El ajuste vino de la mano de una retórica violenta contra las universidades nacionales y, en general, contra todas las instituciones públicas. Tanto el Presidente como otras figuras cercanas al Gobierno han protagonizado expresiones de deslegitimación de las casas de estudio, en muchos apelando a datos erróneos o haciendo uso de lugares comunes en el imaginario social que contrastan con la realidad de millones de estudiantes.
Las fakes avanzan: Milei y sus mentiras sobre las universidades
Mientras las universidades debatían medidas de lucha frente al ajuste, figuras libertarias atacaban públicamente la educación nacional afirmando que "los pobres no llegan a las universidades" o que "las universidades inventan estudiantes", todas afirmaciones sin sustento que fueron eventualmente desmentidas por el CIN.
En este contexto, con partidas insuficientes para garantizar el normal funcionamiento de las universidades y sin canales de diálogo para discutir ampliaciones presupuestarias o paritarias docentes, las universidades presentaron de manera conjunta la Ley de Financiamiento Universitario.
El proyecto declaraba la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y tenía como objetivo principal ajustar los gastos de funcionamiento según la inflación acumulada de 2023. Por otro lado, planteaba ajustar las partidas de forma bimestral de acuerdo a los valores del IPC y recomponer los salarios docentes y no docentes.
En agosto la Cámara de Diputados aprobó holgadamente la iniciativa. El Senado ratificó la normativa a principios de septiembre con 57 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Si bien la comunidad universitaria celebró el apoyo, se mantenía alerta ante las expresiones de Javier Milei, quien había adelantado un posible veto.
Casi inmediatamente después de su sanción, durante la semana en que se llevó adelante la Segunda Marcha Federal Universitaria, la Oficina de la Presidencia anunció de manera oficial el veto, argumentando la necesidad de reducir el gasto público.
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal", informó la cuenta de la Oficina del Presidente en la red social X.
Y remarcó: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025".
Crónica de un veto anunciado: la educación pública sin presupuesto y en alerta
En octubre se intentó revertir el veto, pero la Cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para anular la decisión presidencial. La confirmación del veto supuso un duro golpe para las universidades, que reclaman hasta la actualidad la actualización de las partidas presupuestarias.
En un escenario cada vez más desafiante, el 28 de mayo del 2025 el CIN presentó formalmente en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de financiamiento universitario, con mínimas diferencias del anterior y enfatizando de manera clara el origen de las partidas para solventar la emergencia presupuestaria.
"La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento", se detalla en la justificación del proyecto.
Subraya que "el Poder Ejecutivo Nacional tuvo los fondos necesarios para haber mantenido tanto gastos operativos de las universidades como los salarios docentes y no docentes en niveles que permitieran el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior".
"De esta manera, si bien es cierto el principio de economía que no se puede gastar más de lo que ingresa, la otra parte de una política económica socialmente responsable es que no puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino. El presente proyecto de ley se alinea con esta visión y empareja el financiamiento universitario con los ingresos recaudados", agrega.
Los ejes centrales del proyecto, entre otras cosas, son: fortalecimiento de la obra pública y la infraestructura universitaria, aumento de la inversión en bienestar estudiantil, recomposición salarial de acuerdo a los valores de la inflación y un incremento progresivo en los próximos años para el presupuesto educativo. La normativa busca subsanar las consecuencias del ajuste paulatino en las partidas y garantizar el normal funcionamiento de las actividades académicas y científicas.
A principios de agosto la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, mientras que el Senado hizo lo suyo hacia finales del mes con una amplia mayoría. Tal y como se esperaba, Milei anunció un nuevo veto, otra vez bajo el argumento del ahorro fiscal e ignorando los reclamos persistentes de la comunidad universitaria. El anuncio motivó a una tercera Marcha Federal Universitaria que tuvo lugar el 17 de septiembre, el mismo día que Diputados debatía el apoyo al veto.
Sin embargo, a diferencia del año anterior, esta vez la Cámara baja reunió los dos tercios necesarios y rechazó el veto presidencial. Durante la misma sesión, los diputados también rechazaron el veto de la ley de emergencia pediátrica, por lo que ambas normativas quedaron firmes.
No obstante, a seis meses de su aprobación, la Ley de Financiamiento Universitario todavía no se aplica. El Gobierno ha utilizado diversas maniobras y argumentos para dejar en pausa el cumplimiento de la normativa.
El Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/25, pero agregó una cláusula, invocando el artículo 5 de la Ley 24.629, y suspendió su ejecución. El argumento era que la normativa no especificaba las fuentes de financiamiento y atentaba contra el ahorro fiscal.
A finales del 2025 el CIN presentó un amparo por el incumplimiento de la normativa. La Justicia falló a favor de las universidades: el juez federal Martín Cormick obligó al Ejecutivo a cumplir las disposiciones de la Ley 27.795 de manera inmediata. En febrero el Gobierno apeló la medida cautelar. Paralelamente, intentó recusar a los jueces por ser docentes universitarios pero la solicitud fue rechazada. También presentó recursos extraordinarios contra esos rechazos que igualmente fueron denegados. Por ello, el Gobierno libertario presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.
En el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno presentó un proyecto alternativo, a pesar del incumplimiento sostenido de la Ley de Financiamiento. El texto difiere de la ley original en varias cuestiones: no reconoce la pérdida salarial de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 sino a partir de 2025 y actualiza los gastos de funcionamiento sólo si la inflación interanual supera el 14,5%, que es la cifra reconocida en el proyecto de presupuesto.
En marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inaplicable el decreto que suspendía la ejecución de la Ley. El fallo ratifica la decisión que se hizo lugar en primera instancia a la cautelar presentada en noviembre del 2025 por las universidades nacionales. En este sentido, ordena al Ejecutivo a cumplir en forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley, lo que implica que se deben actualizar los salarios docentes y no docentes así como los valores de las becas estudiantiles.
El fallo da cuenta del daño que podría ocasionar la demora en la aplicación de la ley y reconoce el deterioro de los ingresos y la pérdida salarial de los trabajadores. Respecto al impacto fiscal, sostuvo que la medida representa el 0,23% del PBI y subrayó que "no se observaba una afectación al interés público", sino que está en juego "el derecho a enseñar y aprender".
El 17 de abril venció el plazo para que el Gobierno transfiera $2,5 billones a las universidades nacionales tras la decisión de la Justicia. "El gobierno decidió no cumplir. La Justicia puso un plazo. Y ese plazo venció con aulas vacías, salarios que no alcanzan y una comunidad universitaria que sigue sosteniendo lo insostenible", expresaron desde CONADU. La Administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para eludir el fallo judicial.
De esta forma, el Gobierno sigue incumpliendo una ley aprobada hace seis meses, mientras las universidades se sostienen con poco más de la mitad del presupuesto necesario. No sólo eso, sino que en estos días busca reflotar su propia ley de financiamiento pese a la ratificación de la ley aprobada el año pasado.
En este escenario, las universidades refuerzan el plan de lucha y sostienen una demanda elemental para la continuidad del sistema. Los gremios anunciaron una semana completa de paro que irá del 27 al 30 de abril. Además, la comunidad universitaria volverá a encontrarse en las calles el próximo 12 de mayo en la cuarta Marcha Federal Universitaria durante la gestión Milei.
A dos años de la primera marcha, el panorama no parece haber cambiado: las partidas otorgadas todavía no subsanan la fuerte caída en gastos de funcionamiento y salarios, el diálogo con el Gobierno continúa ausente y las paritarias no figuran ni en promesas, por lo que el reclamo volverá a las calles.
