La Ley de Falsas Denuncias, un proyecto sin evidencias: "Va a desalentar a las víctimas, a quienes les cuesta denunciar y acceder a la justicia"Por tercera vez, la senadora radical Carolina Losada presentó el proyecto de ley de "falsas denuncias" en el Congreso, una iniciativa que busca endurecer las penas ya existentes sobre quienes denuncien falsamente un delito, agravado en casos de violencia de género y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Con apoyo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y el Ministerio de Justicia, logró media sanción en Diputados. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que, lejos de afianzar la justicia, podría criminalizar a las víctimas. "No hay evidencia de que esta sea una problemática extendida y lejos de solucionar ese problema con este proyecto, estamos agravando otra situación que es permitir que las mujeres, las infancias, quienes sufren violencia y abuso, puedan hablar y puedan acceder a la justicia. Entonces, es una mala respuesta a un problema que también está mal abordado", expresó Patricia Sotile, abogada del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Un proyecto cuestionado
La iniciativa, perteneciente a la senadora radical Carolina Losada, fue presentada dos veces en los últimos años, pero perdió estado parlamentario. En abril volvió a presentarla y logró despacho favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, lo que habilita su tratamiento en sesiones. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se han presentado resoluciones de rechazo a esta modificación por considerarla regresiva en políticas de género.
El proyecto propone modificaciones en el Código Penal en materia de falsas denuncias, endureciendo las penas previstas. En la actualidad, el artículo 245 sanciona la falsa denuncia como un delito contra la administración pública, con penas de 2 meses a 1 años de prisión o multa. La modificación busca elevar las penas de uno a tres años de prisión al que denuncie falsamente y de tres a seis años en contextos de delitos de violencia de género, contra menores de edad o contra la integridad sexual.
En su intervención, Losada afirmó que "las falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, recursos que deberían ir a las verdaderas víctimas". Agregó que "las penas actuales son prácticamente inexistentes" y que este tipo de denuncias "arruinan vidas".
En diálogo con Cadena3, la senadora remarcó que la ley permitiría "que los recursos del Estado se enfoquen en las verdaderas víctimas" y que "no es una ley en contra de las mujeres". No obstante, el proyecto hace hincapié en el agravamiento de las penas en casos de violencia de género y en delitos contra la integridad sexual (de los cuales la mayoría de las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres). Por otro lado, parece desconocer la normativa vigente en materia de protección así como el paulatino desfinanciamiento que se viene produciendo a nivel nacional en programas de prevención y abordaje de las violencias.
Un análisis detallado de la iniciativa, elaborado de manera conjunta por diversas organizaciones -entre ellas, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Ni Una Menos- advierte que "antes de contribuir a resolver un problema que podría ser legítimamente preocupante, agrava otro: la mayoría de las mujeres que atraviesa situaciones de violencia de género ya no busca la asistencia del Estado y menos lo harán en el futuro si pesa sobre ellas la amenaza de persecución penal en caso que no lleguen a demostrar los hechos que denuncian".
La propuesta cuenta con el aval de figuras políticas de La Libertad Avanza y el PRO, como el senador Juan Carlos Pagotto -a cargo de la Comisión de Justicia del Senado- y las diputadas Lilia Lemoine y Patricia Vázquez.
También fue respaldada por el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en ocasión de las movilizaciones del 25N el año pasado se refirió a la cuestión de las falsas denuncias, afirmando que "se creó una concepción hipócrita que la mujer no miente, de ‘hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar'. Y eso no es siempre así. Gran parte de las falsas denuncias son por violencia y producen daños irreversibles". Cabe recordar que Libarona fue el abogado defensor del exgobernador de Tucuman, José Alperovich, condenado por abuso sexual.
Asimismo, el proyecto tiene el apoyo de organizaciones como el Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias -liderado por Andrea Guacci, esposa del ex DT de la Selección Femenina Argentina, Diego Guacci, denunciado por acoso y abuso sexual ante la FIFA- y la Fundación Ayudar y Crecer (Observatorio de Falsas Denuncias) -fundada por Patricia Anzoátegui, con el objetivo de brindar asesoramiento legal a hombres denunciados-.
Organizaciones de este tipo, junto a figuras del ámbito político, vienen construyendo la narrativa de las falsas denuncias en detrimento de los derechos de las víctimas, sobre todo mujeres, diversidades e infancias. Se trata de discursos que han cobrado fuerza los últimos años y que parecen ignorar las alarmantes cifras de violencia y la desarticulación de programas destinados a las víctimas.
En este sentido, organizaciones del ámbito civil y académico advierten el riesgo de implementar el proyecto. La Red Argentina de Estudios sobre Violencias, Estado y Seguridad (RAVES) se expresó recientemente sobre el proyecto, señalando que vulnera derechos consagrados a nivel nacional e internacional.
Desde la Red argumentan que la norma promueve el aumento de penas sin datos ni información, impulsa la demagogia punitiva, desconoce el funcionamiento actual de la administración de la justicia y promueve la discriminación y el prejuicio contra las víctimas, además de haberse dictaminado sin instancias participativas de la sociedad.
El fenómeno de las falsas denuncias, sin evidencias
Patricia Sotile, abogada y miembro del Equipo Legal de ELA, explicó a El Extremo Sur que los fundamentos de la narrativa sobre la que se apoya el proyecto "no tienen respaldo". Si bien señaló que en Argentina no hay estadísticas precisas, una aproximación del Consejo de la Magistratura de la Nación señala que las falsas denuncias representan el 3% de todos los delitos que se denuncian. De acuerdo al organismo, la mayoría de estas denuncias estarían principalmente vinculadas a delitos económicos, por lo que las denuncias falsas en materia de género representan incluso una cifra mucho menor.
Según ONU Mujeres (2024), las denuncias falsas en casos de violencia de género representan menos del 1% de los casos a nivel mundial. En los pocos países que cuenta con estimaciones oficiales, como España, el porcentaje promedio es de apenas el 0,0084%.
"No hay evidencia de que esta sea una problemática extendida y lejos de solucionar ese problema con este proyecto, estamos agravando otra situación que es permitir que las mujeres, las infancias, quienes sufren violencia y abuso, puedan hablar y puedan acceder a la justicia. Entonces, es una mala respuesta a un problema que también está mal abordado", remarca Sotile.
"Si bien como sociedad hemos avanzado y la violencia de género está reconocida en la sociedad, lo que dicen las estadísticas es que solo 1 de cada 4 mujeres que sufrió situaciones de violencia buscó ayuda o denunció", precisa la abogada.
"Estos datos de que las mujeres que sufren violencia no siempre denuncian o no siempre pueden buscar ayuda, nos da cuenta que un proyecto que busca criminalizar o aumentar las penas en casos de falsa denuncia o falso testimonio, lejos de alentar a que las mujeres que sufren situaciones de violencia o de abuso busquen ayuda en la justicia, las va a desalentar a denunciar porque van a tener el miedo a la sanción de la amenaza penal", explica.
El escenario se agrava sobre todo por la complejidad propia de la violencia de género: "Está comprobado y sabemos que las situaciones de violencia y de abuso muchas veces se dan dentro de los hogares o en lugares lejos de testigos que son muy difíciles de probar y que la falta de prueba no equivale a falsa denuncia porque sabemos la complejidad que tienen este tipo de situaciones. Creemos que va a desalentar a las mujeres que hoy por hoy ya les cuesta denunciar y acceder a la justicia".
Desprotección de las infancias
Además de aumentar las penas en casos de violencia de género, el proyecto de Losada también las refuerza en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, lo cual profundiza la vulnerabilidad de las infancias ante la justicia así como amplifica las múltiples barreras que enfrentan los adultos que buscan protegerlos.
"El proyecto no solamente busca aumentar las penas en caso de falsa denuncia, sino también falso testimonio, y hay muchos profesionales de la salud, de la Educación, personas cercanas a las infancias que tengan conocimiento de que una niña, un niño o adolescente está atravesando por una situación de violencia, que tienen el deber de denunciar y esto las va a disuadir por el miedo a ser perseguidas, a ser criminalizadas", explica Sotile.
"Entonces estamos desprotegiendo no solamente a las mujeres en situación de violencia, sino también a las infancias", advierte. Además, subraya que la normativa entra en contradicción con otras leyes vigentes en materia de derechos, como la Ley Lucio, sancionada en 2023 por unanimidad. Sotile recuerda que la ley no sólo plantea la capacitación para los tres poderes sino que exhorta a denunciar a todas las personas que en su ámbito de intervención tengan conocimiento de situaciones de violencia contra las infancias.
"Resulta contradictorio que por un lado les estamos obligando a estas personas a que si toman conocimiento de una situación violencia o de abuso, denuncien y por otra les decimos que si esa situación no se puede probar, después está la amenaza de que te inicien un proceso penal con todas las consecuencias y las implicancias que tiene para la vida de una persona, con hechos que ya de por sí son muy complejos", cuestiona.
En Argentina, se estima que cada 1.000 abusos sexuales infantiles que se cometen solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena. Entre dos y tres son denuncias falsas, según las cifras del 2018 del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses, las últimas disponibles.
Las cifras del MPF indican además que la mitad de las denuncias por este delito se archivan sin que existan medidas de prueba, es decir, no se investigan. Y la incidencia es del 60% si la víctima tiene menos de cinco años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos sexuales. Pero solo tres de cada 10 rompen el silencio y piden ayuda, según información de Unicef.
Las cifras de la violencia
Las organizaciones que rechazan el proyecto de Losada advierten que hay evidencia sólida de que son pocas las mujeres que denuncian o buscan ayuda cuando atraviesan situaciones de violencia, y múltiples las barreras. En este sentido, la normativa ignora el subregistro de la violencia machista en el sistema judicial: la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022) muestra que en Argentina sólo 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia la denuncia, y en casos de violencia sexual, la cifra desciende al 10%.
Según el Informe de la Oficina de la Mujer de la CSJN del 2023, de 250 víctimas de femicidio, solo el 25% había denunciado al victimario. Por su parte, el informe "El laberinto de la desinformación en el sistema penal y las violencias de género" del INECIP, indica que "entre 2011 y 2023, apenas 1 de cada 10 casos de violencia de género llegó a juicio oral en la Justicia nacional. Más del 80% de los casos terminaron en sobreseimientos, archivos o prescripciones. No se produce información sistemática sobre ingresos y salidas de casos ni su resolución".
El análisis conjunto de las organizaciones señala las dificultades que atraviesan las víctimas en el sistema judicial.
Lejos de la denuncia como un recurso rápido y eficaz, el proceso judicial es percibido con frecuencia como "un laberinto muy difícil de atravesar, complejo, costoso, poco transparente, que generalmente recorren de un modo solitario y con poca información".
Sotile indica que son múltiples las barreras que atraviesan las víctimas en el sistema judicial: "Muchas tienen que ver con barreras económicas, con lo difícil que es atravesar cualquier paso por la justicia, la ausencia de patrocinio jurídico gratuito. Hoy sabemos que el acceso, por ejemplo, al Cuerpo de Abogados y Abogadas víctimas de violencia está disminuyendo, hay menos profesionales, no tiene alcance a nivel nacional".
"También falta información clara de cuáles son los circuitos o los procedimientos de los procesos. Se suelen minimizar los relatos, hay mucho estigma, mucha presencia todavía de estereotipos. La resolución de los casos se dilata y a veces las resoluciones tardan hasta décadas en llegar a una sentencia", agrega.
A ello se suma que "todavía no se toma conciencia del respeto por el tiempo de las víctimas. Las víctimas hablan cuando pueden. A veces eso lleva tiempo y a veces tampoco se respetan esos tiempos".
Por otro lado, la abogada recalca la falta de medidas de protección que no siempre previenen el acoso y el hostigamiento que se produce tras la denuncia: "De hecho, las últimas estimaciones que hay de la Oficina de la Mujer dan cuenta que en los femicidios que se cometieron son muy reducidas la cantidad de mujeres que había denunciado previamente los hechos de violencia o que tenía medidas de protección vigente al momento del hecho. Entonces, son múltiples las barreras por las que se atraviesa".
Sotile considera que, frente a las falencias del sistema, la respuesta es "mejorar los tiempos de la Justicia, las herramientas, los protocolos, los abordajes, hacer investigaciones más rigurosas y no tratar de aumentar las penas porque la realidad es que agravar las penas y utilizar el derecho penal nunca ha sido la solución para ningún problema".
El desfinanciamiento no viene solo
La abogada de ELA afirma que el avance del proyecto de ley se produce, precisamente, en una coyuntura política signada por la narrativa de descreimiento de las víctimas y por la desarticulación de programas y políticas públicas destinadas a la erradicación de la violencia por motivos de género. El ajuste se acentúa en los mecanismos de acompañamiento y acceso a la Justicia.
"De hecho, está por cumplir casi 2 años una acción judicial que iniciamos desde ELA en junio de 2024, donde le pedíamos al Ministerio de Justicia que dé certeza de cómo iba a cumplir con todo la las obligaciones que tienen materia de erradicación, prevención y abordaje de la violencia de género y de acceso a la justicia con los CAJ (Centros de Acceso a la Justicia)", indica.
"Cuando había desaparecido la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, se anunció el cierre de los CAJ y después paulatinamente se fueron cerrando muchos programas, algunos como el Acompañar o la Lïnea 144 subsisten, pero desfinanciados, desarticulados", prosigue.
Advierte que "los Centros de Acceso a la Justicia se redujeron y de los 105 que había a diciembre de 2023 hoy solamente 30. Prácticamente uno por provincia y algunos más en la ciudad autónoma de Buenos Aires", agrega.
Afirma que otros programas como el Acompañar no fueron eliminados oficialmente pero permanecen inactivos: "Si bien se dice que el programa está vigente, lo cierto es que durante 2025 no hubo altas".
Precisamente el Programa Acompañar -que brinda asistencia económica a víctimas de violencia por motivos de género- es cuestionado en el proyecto de Losada, donde se argumenta que la falta de instancias de verificación de la situación de violencia habría incentivado denuncias falsas para acceder al beneficio. De acuerdo al análisis de ELA y otras organizaciones, el proyecto instala una "mirada sesgada" y apela a datos erróneos, reflejando "un profundo desconocimiento sobre el diseño del programa y el funcionamiento del sistema".
Sotile subraya que la iniciativa no está aislada de un contexto regional regresivo: "En muchos países de la región se están dando iniciativas muy similares con estas mismas narrativas, en Uruguay, en Bolivia, en Perú. Se está dando en toda la región, con esta narrativa que no tiene evidencia de que sea un problema extendido y no aborda el problema real que tenemos hoy y es que las mujeres todavía no denuncian lo suficiente".
"Hoy no sólo no se están generando políticas públicas para que las mujeres o las infancias en situación de violencia tengan a dónde recurrir, sino que también con estos proyectos se los estaría desalentando a que denuncien y busquen esa ayuda cuando la evidencia demuestra de que a pesar de todos los avances que hubo en nuestro país todavía a las mujeres les cuesta buscar ayuda y denunciar las situaciones de violencia o de abuso", enfatiza.
El camino, para la abogada, es fortalecer los mecanismos y las políticas públicas consolidadas en los últimos años, sobre todo vinculadas al acceso a la Justicia: "Se necesitan proyectos que vayan hacia adelante y no que retrocedan en todo lo que se había logrado construir".
La situación de Argentina en materia de derechos no es ajena a la mirada internacional. Sotile indica que organismos internacionales como el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) ya han advertido el riesgo de avanzar con legislaciones de este tipo.
En el último informe periódico sobre Argentina, publicado en febrero, el organismo exhorta al Estado a fortalecer los dispositivos de acceso a la justicia y garantizar las políticas de protección y asistencia como el Programa Acompañar y la Línea 144.
Una de las recomendaciones se expide concretamente sobre el proyecto de Losada, instando al Gobierno a que "retire la propuesta de modificación del Código Penal relativa a las falsas denuncias en casos de violencia de género y se asegure de que las modificaciones legislativas no creen obstáculos para formular denuncias, no disuadan a las víctimas de buscar protección ni menoscaben la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género".
Las conclusiones a las que llega el análisis de las organizaciones es que la iniciativa, lejos de solucionar una problemática de la justicia, instala un sentido común basado en estereotipos y estigmas hacia las mujeres, que no se respalda en evidencias ni datos confiables. La propuesta, que cuenta con el apoyo de un sector ideológico reducido, podría profundizar los sesgos en un sistema judicial que ya cuenta con múltiples falencias, convirtiendo en la norma un fenómeno excepcional. Lo que sí aparece como un fenómeno reiterado en el ámbito judicial, y que el proyecto ignora, son los obstáculos persistentes que deben atravesar las víctimas para denunciar y ser escuchadas.
Por tercera vez, la senadora radical Carolina Losada presentó el proyecto de ley de "falsas denuncias" en el Congreso, una iniciativa que busca endurecer las penas ya existentes sobre quienes denuncien falsamente un delito, agravado en casos de violencia de género y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Con apoyo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y el Ministerio de Justicia, logró media sanción en Diputados. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que, lejos de afianzar la justicia, podría criminalizar a las víctimas. "No hay evidencia de que esta sea una problemática extendida y lejos de solucionar ese problema con este proyecto, estamos agravando otra situación que es permitir que las mujeres, las infancias, quienes sufren violencia y abuso, puedan hablar y puedan acceder a la justicia. Entonces, es una mala respuesta a un problema que también está mal abordado", expresó Patricia Sotile, abogada del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Un proyecto cuestionado
La iniciativa, perteneciente a la senadora radical Carolina Losada, fue presentada dos veces en los últimos años, pero perdió estado parlamentario. En abril volvió a presentarla y logró despacho favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, lo que habilita su tratamiento en sesiones. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se han presentado resoluciones de rechazo a esta modificación por considerarla regresiva en políticas de género.
El proyecto propone modificaciones en el Código Penal en materia de falsas denuncias, endureciendo las penas previstas. En la actualidad, el artículo 245 sanciona la falsa denuncia como un delito contra la administración pública, con penas de 2 meses a 1 años de prisión o multa. La modificación busca elevar las penas de uno a tres años de prisión al que denuncie falsamente y de tres a seis años en contextos de delitos de violencia de género, contra menores de edad o contra la integridad sexual.
En su intervención, Losada afirmó que "las falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, recursos que deberían ir a las verdaderas víctimas". Agregó que "las penas actuales son prácticamente inexistentes" y que este tipo de denuncias "arruinan vidas".
En diálogo con Cadena3, la senadora remarcó que la ley permitiría "que los recursos del Estado se enfoquen en las verdaderas víctimas" y que "no es una ley en contra de las mujeres". No obstante, el proyecto hace hincapié en el agravamiento de las penas en casos de violencia de género y en delitos contra la integridad sexual (de los cuales la mayoría de las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres). Por otro lado, parece desconocer la normativa vigente en materia de protección así como el paulatino desfinanciamiento que se viene produciendo a nivel nacional en programas de prevención y abordaje de las violencias.
Un análisis detallado de la iniciativa, elaborado de manera conjunta por diversas organizaciones -entre ellas, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Ni Una Menos- advierte que "antes de contribuir a resolver un problema que podría ser legítimamente preocupante, agrava otro: la mayoría de las mujeres que atraviesa situaciones de violencia de género ya no busca la asistencia del Estado y menos lo harán en el futuro si pesa sobre ellas la amenaza de persecución penal en caso que no lleguen a demostrar los hechos que denuncian".
La propuesta cuenta con el aval de figuras políticas de La Libertad Avanza y el PRO, como el senador Juan Carlos Pagotto -a cargo de la Comisión de Justicia del Senado- y las diputadas Lilia Lemoine y Patricia Vázquez.
También fue respaldada por el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en ocasión de las movilizaciones del 25N el año pasado se refirió a la cuestión de las falsas denuncias, afirmando que "se creó una concepción hipócrita que la mujer no miente, de ‘hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar'. Y eso no es siempre así. Gran parte de las falsas denuncias son por violencia y producen daños irreversibles". Cabe recordar que Libarona fue el abogado defensor del exgobernador de Tucuman, José Alperovich, condenado por abuso sexual.
Asimismo, el proyecto tiene el apoyo de organizaciones como el Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias -liderado por Andrea Guacci, esposa del ex DT de la Selección Femenina Argentina, Diego Guacci, denunciado por acoso y abuso sexual ante la FIFA- y la Fundación Ayudar y Crecer (Observatorio de Falsas Denuncias) -fundada por Patricia Anzoátegui, con el objetivo de brindar asesoramiento legal a hombres denunciados-.
Organizaciones de este tipo, junto a figuras del ámbito político, vienen construyendo la narrativa de las falsas denuncias en detrimento de los derechos de las víctimas, sobre todo mujeres, diversidades e infancias. Se trata de discursos que han cobrado fuerza los últimos años y que parecen ignorar las alarmantes cifras de violencia y la desarticulación de programas destinados a las víctimas.
En este sentido, organizaciones del ámbito civil y académico advierten el riesgo de implementar el proyecto. La Red Argentina de Estudios sobre Violencias, Estado y Seguridad (RAVES) se expresó recientemente sobre el proyecto, señalando que vulnera derechos consagrados a nivel nacional e internacional.
Desde la Red argumentan que la norma promueve el aumento de penas sin datos ni información, impulsa la demagogia punitiva, desconoce el funcionamiento actual de la administración de la justicia y promueve la discriminación y el prejuicio contra las víctimas, además de haberse dictaminado sin instancias participativas de la sociedad.
El fenómeno de las falsas denuncias, sin evidencias
Patricia Sotile, abogada y miembro del Equipo Legal de ELA, explicó a El Extremo Sur que los fundamentos de la narrativa sobre la que se apoya el proyecto "no tienen respaldo". Si bien señaló que en Argentina no hay estadísticas precisas, una aproximación del Consejo de la Magistratura de la Nación señala que las falsas denuncias representan el 3% de todos los delitos que se denuncian. De acuerdo al organismo, la mayoría de estas denuncias estarían principalmente vinculadas a delitos económicos, por lo que las denuncias falsas en materia de género representan incluso una cifra mucho menor.
Según ONU Mujeres (2024), las denuncias falsas en casos de violencia de género representan menos del 1% de los casos a nivel mundial. En los pocos países que cuenta con estimaciones oficiales, como España, el porcentaje promedio es de apenas el 0,0084%.
"No hay evidencia de que esta sea una problemática extendida y lejos de solucionar ese problema con este proyecto, estamos agravando otra situación que es permitir que las mujeres, las infancias, quienes sufren violencia y abuso, puedan hablar y puedan acceder a la justicia. Entonces, es una mala respuesta a un problema que también está mal abordado", remarca Sotile.
"Si bien como sociedad hemos avanzado y la violencia de género está reconocida en la sociedad, lo que dicen las estadísticas es que solo 1 de cada 4 mujeres que sufrió situaciones de violencia buscó ayuda o denunció", precisa la abogada.
"Estos datos de que las mujeres que sufren violencia no siempre denuncian o no siempre pueden buscar ayuda, nos da cuenta que un proyecto que busca criminalizar o aumentar las penas en casos de falsa denuncia o falso testimonio, lejos de alentar a que las mujeres que sufren situaciones de violencia o de abuso busquen ayuda en la justicia, las va a desalentar a denunciar porque van a tener el miedo a la sanción de la amenaza penal", explica.
El escenario se agrava sobre todo por la complejidad propia de la violencia de género: "Está comprobado y sabemos que las situaciones de violencia y de abuso muchas veces se dan dentro de los hogares o en lugares lejos de testigos que son muy difíciles de probar y que la falta de prueba no equivale a falsa denuncia porque sabemos la complejidad que tienen este tipo de situaciones. Creemos que va a desalentar a las mujeres que hoy por hoy ya les cuesta denunciar y acceder a la justicia".
Desprotección de las infancias
Además de aumentar las penas en casos de violencia de género, el proyecto de Losada también las refuerza en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, lo cual profundiza la vulnerabilidad de las infancias ante la justicia así como amplifica las múltiples barreras que enfrentan los adultos que buscan protegerlos.
"El proyecto no solamente busca aumentar las penas en caso de falsa denuncia, sino también falso testimonio, y hay muchos profesionales de la salud, de la Educación, personas cercanas a las infancias que tengan conocimiento de que una niña, un niño o adolescente está atravesando por una situación de violencia, que tienen el deber de denunciar y esto las va a disuadir por el miedo a ser perseguidas, a ser criminalizadas", explica Sotile.
"Entonces estamos desprotegiendo no solamente a las mujeres en situación de violencia, sino también a las infancias", advierte. Además, subraya que la normativa entra en contradicción con otras leyes vigentes en materia de derechos, como la Ley Lucio, sancionada en 2023 por unanimidad. Sotile recuerda que la ley no sólo plantea la capacitación para los tres poderes sino que exhorta a denunciar a todas las personas que en su ámbito de intervención tengan conocimiento de situaciones de violencia contra las infancias.
"Resulta contradictorio que por un lado les estamos obligando a estas personas a que si toman conocimiento de una situación violencia o de abuso, denuncien y por otra les decimos que si esa situación no se puede probar, después está la amenaza de que te inicien un proceso penal con todas las consecuencias y las implicancias que tiene para la vida de una persona, con hechos que ya de por sí son muy complejos", cuestiona.
En Argentina, se estima que cada 1.000 abusos sexuales infantiles que se cometen solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena. Entre dos y tres son denuncias falsas, según las cifras del 2018 del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses, las últimas disponibles.
Las cifras del MPF indican además que la mitad de las denuncias por este delito se archivan sin que existan medidas de prueba, es decir, no se investigan. Y la incidencia es del 60% si la víctima tiene menos de cinco años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos sexuales. Pero solo tres de cada 10 rompen el silencio y piden ayuda, según información de Unicef.
Las cifras de la violencia
Las organizaciones que rechazan el proyecto de Losada advierten que hay evidencia sólida de que son pocas las mujeres que denuncian o buscan ayuda cuando atraviesan situaciones de violencia, y múltiples las barreras. En este sentido, la normativa ignora el subregistro de la violencia machista en el sistema judicial: la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022) muestra que en Argentina sólo 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia la denuncia, y en casos de violencia sexual, la cifra desciende al 10%.
Según el Informe de la Oficina de la Mujer de la CSJN del 2023, de 250 víctimas de femicidio, solo el 25% había denunciado al victimario. Por su parte, el informe "El laberinto de la desinformación en el sistema penal y las violencias de género" del INECIP, indica que "entre 2011 y 2023, apenas 1 de cada 10 casos de violencia de género llegó a juicio oral en la Justicia nacional. Más del 80% de los casos terminaron en sobreseimientos, archivos o prescripciones. No se produce información sistemática sobre ingresos y salidas de casos ni su resolución".
El análisis conjunto de las organizaciones señala las dificultades que atraviesan las víctimas en el sistema judicial.
Lejos de la denuncia como un recurso rápido y eficaz, el proceso judicial es percibido con frecuencia como "un laberinto muy difícil de atravesar, complejo, costoso, poco transparente, que generalmente recorren de un modo solitario y con poca información".
Sotile indica que son múltiples las barreras que atraviesan las víctimas en el sistema judicial: "Muchas tienen que ver con barreras económicas, con lo difícil que es atravesar cualquier paso por la justicia, la ausencia de patrocinio jurídico gratuito. Hoy sabemos que el acceso, por ejemplo, al Cuerpo de Abogados y Abogadas víctimas de violencia está disminuyendo, hay menos profesionales, no tiene alcance a nivel nacional".
"También falta información clara de cuáles son los circuitos o los procedimientos de los procesos. Se suelen minimizar los relatos, hay mucho estigma, mucha presencia todavía de estereotipos. La resolución de los casos se dilata y a veces las resoluciones tardan hasta décadas en llegar a una sentencia", agrega.
A ello se suma que "todavía no se toma conciencia del respeto por el tiempo de las víctimas. Las víctimas hablan cuando pueden. A veces eso lleva tiempo y a veces tampoco se respetan esos tiempos".
Por otro lado, la abogada recalca la falta de medidas de protección que no siempre previenen el acoso y el hostigamiento que se produce tras la denuncia: "De hecho, las últimas estimaciones que hay de la Oficina de la Mujer dan cuenta que en los femicidios que se cometieron son muy reducidas la cantidad de mujeres que había denunciado previamente los hechos de violencia o que tenía medidas de protección vigente al momento del hecho. Entonces, son múltiples las barreras por las que se atraviesa".
Sotile considera que, frente a las falencias del sistema, la respuesta es "mejorar los tiempos de la Justicia, las herramientas, los protocolos, los abordajes, hacer investigaciones más rigurosas y no tratar de aumentar las penas porque la realidad es que agravar las penas y utilizar el derecho penal nunca ha sido la solución para ningún problema".
El desfinanciamiento no viene solo
La abogada de ELA afirma que el avance del proyecto de ley se produce, precisamente, en una coyuntura política signada por la narrativa de descreimiento de las víctimas y por la desarticulación de programas y políticas públicas destinadas a la erradicación de la violencia por motivos de género. El ajuste se acentúa en los mecanismos de acompañamiento y acceso a la Justicia.
"De hecho, está por cumplir casi 2 años una acción judicial que iniciamos desde ELA en junio de 2024, donde le pedíamos al Ministerio de Justicia que dé certeza de cómo iba a cumplir con todo la las obligaciones que tienen materia de erradicación, prevención y abordaje de la violencia de género y de acceso a la justicia con los CAJ (Centros de Acceso a la Justicia)", indica.
"Cuando había desaparecido la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, se anunció el cierre de los CAJ y después paulatinamente se fueron cerrando muchos programas, algunos como el Acompañar o la Lïnea 144 subsisten, pero desfinanciados, desarticulados", prosigue.
Advierte que "los Centros de Acceso a la Justicia se redujeron y de los 105 que había a diciembre de 2023 hoy solamente 30. Prácticamente uno por provincia y algunos más en la ciudad autónoma de Buenos Aires", agrega.
Afirma que otros programas como el Acompañar no fueron eliminados oficialmente pero permanecen inactivos: "Si bien se dice que el programa está vigente, lo cierto es que durante 2025 no hubo altas".
Precisamente el Programa Acompañar -que brinda asistencia económica a víctimas de violencia por motivos de género- es cuestionado en el proyecto de Losada, donde se argumenta que la falta de instancias de verificación de la situación de violencia habría incentivado denuncias falsas para acceder al beneficio. De acuerdo al análisis de ELA y otras organizaciones, el proyecto instala una "mirada sesgada" y apela a datos erróneos, reflejando "un profundo desconocimiento sobre el diseño del programa y el funcionamiento del sistema".
Sotile subraya que la iniciativa no está aislada de un contexto regional regresivo: "En muchos países de la región se están dando iniciativas muy similares con estas mismas narrativas, en Uruguay, en Bolivia, en Perú. Se está dando en toda la región, con esta narrativa que no tiene evidencia de que sea un problema extendido y no aborda el problema real que tenemos hoy y es que las mujeres todavía no denuncian lo suficiente".
"Hoy no sólo no se están generando políticas públicas para que las mujeres o las infancias en situación de violencia tengan a dónde recurrir, sino que también con estos proyectos se los estaría desalentando a que denuncien y busquen esa ayuda cuando la evidencia demuestra de que a pesar de todos los avances que hubo en nuestro país todavía a las mujeres les cuesta buscar ayuda y denunciar las situaciones de violencia o de abuso", enfatiza.
El camino, para la abogada, es fortalecer los mecanismos y las políticas públicas consolidadas en los últimos años, sobre todo vinculadas al acceso a la Justicia: "Se necesitan proyectos que vayan hacia adelante y no que retrocedan en todo lo que se había logrado construir".
La situación de Argentina en materia de derechos no es ajena a la mirada internacional. Sotile indica que organismos internacionales como el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) ya han advertido el riesgo de avanzar con legislaciones de este tipo.
En el último informe periódico sobre Argentina, publicado en febrero, el organismo exhorta al Estado a fortalecer los dispositivos de acceso a la justicia y garantizar las políticas de protección y asistencia como el Programa Acompañar y la Línea 144.
Una de las recomendaciones se expide concretamente sobre el proyecto de Losada, instando al Gobierno a que "retire la propuesta de modificación del Código Penal relativa a las falsas denuncias en casos de violencia de género y se asegure de que las modificaciones legislativas no creen obstáculos para formular denuncias, no disuadan a las víctimas de buscar protección ni menoscaben la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género".
Las conclusiones a las que llega el análisis de las organizaciones es que la iniciativa, lejos de solucionar una problemática de la justicia, instala un sentido común basado en estereotipos y estigmas hacia las mujeres, que no se respalda en evidencias ni datos confiables. La propuesta, que cuenta con el apoyo de un sector ideológico reducido, podría profundizar los sesgos en un sistema judicial que ya cuenta con múltiples falencias, convirtiendo en la norma un fenómeno excepcional. Lo que sí aparece como un fenómeno reiterado en el ámbito judicial, y que el proyecto ignora, son los obstáculos persistentes que deben atravesar las víctimas para denunciar y ser escuchadas.
