La Flotilla fue atacada el jueves 28 en aguas internacionales, a unas 600 millas náuticas de su destino, por fuerzas militares de Israel. Veintidós barcos fueron abordados y 175 activistas fueron llevados a un buque militar israelí y retenidos hasta ser llevados a la isla de Creta.
Varios denunciaron malos tratos y abusos, incluidos golpes y lesiones, tras su detención por militares israelíes. Ávila y Abukeshek fueron separados del resto de los activistas, mediante el uso de la fuerza por parte de los militares.
Según Adalah, un grupo israelí de defensa de los palestinos dentro de Israel, las abogadas de los dos activistas afirman que «todo el proceso legal es fundamentalmente defectuoso e ilegal» y no se han presentado cargos. Aun así, han sido trasladados nuevamente al centro de detención Shikma (Ashkelon), «donde permanecerán en aislamiento».
Adalah denunció malos tratos hacia sus representados por parte de las autoridades israelíes, precisando que Ávila fue «golpeado» y «arrastrado por el suelo» con vendas en los ojos e incomunicado tras su detención.
De acuerdo con la denuncia, Abukeshek fue mantenido desde su arresto el jueves con «las manos atadas y los ojos vendados», obligado a permanecer en posiciones de estrés, lo que habría causado «hematomas en el rostro y las manos».
Ninguno tuvo acceso a representación legal durante los interrogatorios, lo que agrava la falta de garantías en el procedimiento y confirma su ilegalidad, dijo la organización.
El grupo informó que ambos continúan en huelga de hambre en protesta por su detención ilegal y los maltratos sufridos por ellos y otros integrantes de la Flotilla, que por segundo buscaba romper el ilegal bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria a su población.
Organizaciones de derechos humanos, expertos legales y Gobiernos como el de España han definido la maniobra de las autoridades israelíes como un «secuestro» ejecutado en aguas internacionales.
Los Gobiernos de España y Brasil han exigido a Israel la inmediata liberación de Abukeshek y De Ávila.
Abukeshek, coordinador de la Flotilla, declaró en septiembre de 2025 a Middle East Eye su apego a la no violencia, respondiendo a informes sobre posibles designaciones terroristas contra activistas de la misión.
Ávila, también coordinador de la Flotilla, ha participado en anteriores misiones humanitarias a Gaza y, recientemente, en el convoy internacional solidario Nuestra América, que llegó a Cuba en marzo pasado.
Desde la cuenta oficial en redes sociales de la Global Sumud Flotilla (GSF), se exige la liberación inmediata de los dos activistas y se pide a la sociedad civil «seguir presionando» para conseguirlo.
Global Sumud Flotilla instó este domingo a las autoridades de Madrid y Brasilia a «actuar de inmediato» para proteger a los dos activistas secuestrados y aislados en una cárcel israelí.
En un comunicado, el colectivo dijo que «los participantes de la Global Sumud Flotilla actuaron porque el mundo no ha logrado detener la destrucción de la vida palestina. Los Gobiernos enfrentan ahora una clara disyuntiva: respetar el derecho internacional o seguir siendo cómplices de su destrucción».
GSF llamó a los Gobierno del mundo a iniciar «investigaciones públicas independientes» sobre el arresto de estos dos activistas en aguas internacionales e imponer «sanciones significativas» a Israel por sus «continuas violaciones del derecho internacional».
Tras ratificar que Israel debe rendir cuentas por las acciones contra la Flotilla y por el «genocidio en curso en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania», GSF dijo que «el fallo de hoy refleja un patrón más amplio en el que los tribunales de ocupación israelíes legitiman la detención ilegal y la violencia estatal en casos que involucran a palestinos y sus aliados».
La Flotilla anunció que intensificará sus acciones de resistencia civil con acampadas que comenzarán este lunes en Bruselas y se extenderán a otras ciudades europeas.
Represión a la flotilla repite patrón de violencia e impunidad de Israel
El ejército israelí lanzó una brutal ofensiva de dos años sobre Gaza desde octubre de 2023, matando a más de 72.600 personas, hiriendo a más de 172.400 y causando una destrucción masiva (cerca del 90%) en todo el territorio sitiado, incluidos hospitales, infraestructura de servicios básicos y viviendas.
Cientos de miles de gazatíes siguen desplazados y refugiados en condiciones precarias desde la entrada en vigor del alto el fuego, en octubre de 2025.
Desde entonces, Israel violó el acuerdo de alto el fuego más de 2.400 veces, disparó contra civiles 840 veces, asaltó zonas residenciales más allá de la «línea amarilla» un centenar de veces, bombardeó Gaza más de mil veces y demolió propiedades de personas en al menos 280 ocasiones.
Luego de la entrada del alto el fuego, al menos 830 palestinos han muerto en Gaza (incluidos más de 300 niños, mujeres y ancianos) y más de 2.340 han sido heridos por fuego israelí. El régimen sionista de Benjamin Netanyahu mantiene las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria y continúa expandiendo su control militar más allá de la «línea amarilla», la demarcación virtual a la que debían retirarse sus tropas según el acuerdo de tregua.
