Las universidades sufren el menor financiamiento en 20 añosLas universidades nacionales atraviesan la peor crisis presupuestaria de las últimas dos décadas. Un informe de la asociación civil Justicia Distributiva reveló que la ejecución real del gasto en educación superior cayó 29% entre 2023 y 2025 y que el presupuesto vigente para 2026 profundiza el ajuste.
La inversión destinada al programa "Desarrollo de la Educación Superior", la principal partida presupuestaria para las universidades nacionales, registró una caída real del 29% entre 2023 y 2025. Según el informe elaborado por Justicia Distributiva, se trata del nivel más bajo desde 2006.
El trabajo advierte que el presupuesto vigente para 2026 profundiza todavía más esa tendencia y ubica a las universidades en una situación "crítica" desde el regreso de la democracia. "El deterioro presupuestario adquiere una relevancia particular por su peso relativo", señala el documento, que sostiene que el recorte en universidades explica el 4,4% del ajuste total del gasto nacional, el 8,4% de la reducción en Servicios Sociales y el 39% del recorte en Educación y Cultura.
La publicación se conoció en medio del conflicto abierto entre el Gobierno y el sistema universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial impulsado por Javier Milei, y en la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que comenzó el gobierno libertario.
La pelea judicial por la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue promulgada en octubre de 2025 luego de que el Congreso insistiera con la norma tras el veto del Poder Ejecutivo. La ley obliga al Estado nacional a actualizar las partidas universitarias de acuerdo con la inflación, recomponer salarios docentes y no docentes y fortalecer las becas estudiantiles.
Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación con el argumento de que la norma no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias. Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una acción judicial para exigir el cumplimiento de la ley. La Justicia dictó una medida cautelar favorable al planteo universitario y consideró que el Ejecutivo no podía suspender una norma ratificada por el Congreso. Más tarde, el caso llegó a la Corte Suprema, donde todavía permanece pendiente de resolución.
El informe sostiene que el ajuste presupuestario impacta directamente sobre los salarios universitarios, ya que gran parte del financiamiento se destina al pago de docentes y trabajadores no docentes. De acuerdo con el relevamiento, en marzo de 2026 el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se encontraba 25% por debajo del nivel registrado tres años antes. Además, el salario promedio del sector quedó por debajo de dos tercios del promedio observado entre 2011 y noviembre de 2023.
Fuente: El Destape
Las universidades nacionales atraviesan la peor crisis presupuestaria de las últimas dos décadas. Un informe de la asociación civil Justicia Distributiva reveló que la ejecución real del gasto en educación superior cayó 29% entre 2023 y 2025 y que el presupuesto vigente para 2026 profundiza el ajuste.
La inversión destinada al programa "Desarrollo de la Educación Superior", la principal partida presupuestaria para las universidades nacionales, registró una caída real del 29% entre 2023 y 2025. Según el informe elaborado por Justicia Distributiva, se trata del nivel más bajo desde 2006.
El trabajo advierte que el presupuesto vigente para 2026 profundiza todavía más esa tendencia y ubica a las universidades en una situación "crítica" desde el regreso de la democracia. "El deterioro presupuestario adquiere una relevancia particular por su peso relativo", señala el documento, que sostiene que el recorte en universidades explica el 4,4% del ajuste total del gasto nacional, el 8,4% de la reducción en Servicios Sociales y el 39% del recorte en Educación y Cultura.
La publicación se conoció en medio del conflicto abierto entre el Gobierno y el sistema universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial impulsado por Javier Milei, y en la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que comenzó el gobierno libertario.
La pelea judicial por la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue promulgada en octubre de 2025 luego de que el Congreso insistiera con la norma tras el veto del Poder Ejecutivo. La ley obliga al Estado nacional a actualizar las partidas universitarias de acuerdo con la inflación, recomponer salarios docentes y no docentes y fortalecer las becas estudiantiles.
Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación con el argumento de que la norma no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias. Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una acción judicial para exigir el cumplimiento de la ley. La Justicia dictó una medida cautelar favorable al planteo universitario y consideró que el Ejecutivo no podía suspender una norma ratificada por el Congreso. Más tarde, el caso llegó a la Corte Suprema, donde todavía permanece pendiente de resolución.
El informe sostiene que el ajuste presupuestario impacta directamente sobre los salarios universitarios, ya que gran parte del financiamiento se destina al pago de docentes y trabajadores no docentes. De acuerdo con el relevamiento, en marzo de 2026 el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se encontraba 25% por debajo del nivel registrado tres años antes. Además, el salario promedio del sector quedó por debajo de dos tercios del promedio observado entre 2011 y noviembre de 2023.
Fuente: El Destape
