Ahogado por el déficit, Vidal quiere endeudar a Santa Cruz en U$S 600 millonesEl Poder Ejecutivo Provincial elevó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley para autorizar operaciones de crédito público por hasta U$S 600.000.000 con desembolsos previstos para el presente ejercicio y los subsiguientes. La iniciativa ingresó en el marco de las facultades previstas en el artículo 119 inciso 3 de la Constitución Provincial y busca habilitar herramientas financieras para atender gastos de capital, programas de desarrollo y deudas asumidas con anterioridad.
La presentación política de la medida tuvo como eje una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, quienes expusieron el alcance general de la propuesta enviada al Poder Legislativo. El proyecto plantea que la autorización sea tratada por el cuerpo parlamentario en un contexto marcado por la necesidad de financiamiento y ordenamiento de las cuentas públicas provinciales.
Según el texto elevado, el endeudamiento solicitado podrá destinarse a financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital del Sector Público Provincial, como también programas de desarrollo para la provincia de Santa Cruz. Además, la iniciativa contempla la administración de pasivos, incluyendo conversión, consolidación, renegociación o cancelación de deudas previas asumidas por el Estado provincial.
El proyecto establece que las operaciones de crédito público podrán realizarse mediante los mecanismos e instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo considere más apropiados. Entre las alternativas mencionadas aparecen emisiones de títulos de deuda, adquisiciones o recompras de títulos en circulación, tanto en mercados de capitales nacionales como internacionales.
La propuesta también incluye la posibilidad de celebrar acuerdos o convenios de financiamiento con organismos multilaterales de crédito, el Estado Nacional, entidades financieras nacionales y otros organismos internacionales. De esta manera, el Gobierno busca dejar habilitado un esquema amplio de financiamiento, sujeto a la autorización legislativa.
En cuanto a las condiciones financieras, el proyecto fija que la deuda podrá ser directa, externa o interna, con un plazo máximo de amortización de hasta 15 años. También establece que la tasa de interés podrá ser fija, variable o mixta, con pagos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, dentro del rango de tasas promedio del mercado financiero para operaciones comparables.
La iniciativa faculta al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a dictar normas complementarias para definir las formas y condiciones de la operatoria. Entre esos aspectos se incluyen la moneda, la amortización de capital, la cancelación, el pago de servicios de deuda, el plazo, la tasa aplicable, la colocación en el mercado local o internacional, las comisiones, los gastos y la instrumentación de la deuda.
Uno de los puntos centrales del articulado autoriza al Ejecutivo a determinar el momento, los plazos, los métodos y los procedimientos para la colocación, integración, oferta y emisión de títulos de deuda pública. También lo habilita a contratar acuerdos necesarios para la instrumentación, implementación, cumplimiento y seguimiento de las operaciones autorizadas.
Durante la conferencia, Ezequiel Verbes remarcó que "hay infinidad de obras", pero sostuvo que la prioridad debe estar puesta en aquellas que permitan "cambiar la matriz energética y productiva, fortaleciendo los recursos genuinos de la provincia". En ese sentido, explicó que este tipo de proyectos genera trabajo y recursos, ya que las empresas que participan en los procesos y sus proveedores también se ven beneficiados.
Además, aclaró que "está prohibido por ley afrontar gastos salariales" con este tipo de herramientas financieras, aunque planteó que las obras permitirán generar mayores recursos que luego podrán ser volcados a la mesa de negociación. "Cuando se reactivan las obras, va a mejorar la asistencia y hay obras que el Estado provincial ha decidido afrontar con recursos propios. Vamos a financiarlas con los bonos y el crédito, liberando y descomprometiendo esos recursos", señaló.
En la misma línea, afirmó que la medida busca facilitar la negociación y que la decisión de Claudio Vidal es que cualquier excedente sea destinado a reforzar a la gente, además de dinamizar la economía. Por su parte, Belén Elmiger sostuvo: "Nosotros nos ofrecemos, confiamos en que el proyecto va a salir. Los diputados tienen su derecho a discutirlo en el ámbito parlamentario".
El texto además prevé la posibilidad de ceder en garantía, pago o propiedad fiduciaria recursos provinciales, incluidos los provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, para asegurar las obligaciones de crédito público. También contempla la cesión en garantía o pago de derechos provinciales sobre regalías hidrocarburíferas y mineras, netas de coparticipación a municipios y comisiones de fomento.
El proyecto declara como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, que quedaría facultado para realizar adecuaciones presupuestarias, dictar normas reglamentarias y adoptar las medidas necesarias para la emisión, colocación e instrumentación de títulos de deuda u otras operaciones de crédito público previstas en la ley.
Fuente: Tiempo Sur
El Poder Ejecutivo Provincial elevó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley para autorizar operaciones de crédito público por hasta U$S 600.000.000 con desembolsos previstos para el presente ejercicio y los subsiguientes. La iniciativa ingresó en el marco de las facultades previstas en el artículo 119 inciso 3 de la Constitución Provincial y busca habilitar herramientas financieras para atender gastos de capital, programas de desarrollo y deudas asumidas con anterioridad.
La presentación política de la medida tuvo como eje una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, quienes expusieron el alcance general de la propuesta enviada al Poder Legislativo. El proyecto plantea que la autorización sea tratada por el cuerpo parlamentario en un contexto marcado por la necesidad de financiamiento y ordenamiento de las cuentas públicas provinciales.
Según el texto elevado, el endeudamiento solicitado podrá destinarse a financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital del Sector Público Provincial, como también programas de desarrollo para la provincia de Santa Cruz. Además, la iniciativa contempla la administración de pasivos, incluyendo conversión, consolidación, renegociación o cancelación de deudas previas asumidas por el Estado provincial.
El proyecto establece que las operaciones de crédito público podrán realizarse mediante los mecanismos e instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo considere más apropiados. Entre las alternativas mencionadas aparecen emisiones de títulos de deuda, adquisiciones o recompras de títulos en circulación, tanto en mercados de capitales nacionales como internacionales.
La propuesta también incluye la posibilidad de celebrar acuerdos o convenios de financiamiento con organismos multilaterales de crédito, el Estado Nacional, entidades financieras nacionales y otros organismos internacionales. De esta manera, el Gobierno busca dejar habilitado un esquema amplio de financiamiento, sujeto a la autorización legislativa.
En cuanto a las condiciones financieras, el proyecto fija que la deuda podrá ser directa, externa o interna, con un plazo máximo de amortización de hasta 15 años. También establece que la tasa de interés podrá ser fija, variable o mixta, con pagos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, dentro del rango de tasas promedio del mercado financiero para operaciones comparables.
La iniciativa faculta al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a dictar normas complementarias para definir las formas y condiciones de la operatoria. Entre esos aspectos se incluyen la moneda, la amortización de capital, la cancelación, el pago de servicios de deuda, el plazo, la tasa aplicable, la colocación en el mercado local o internacional, las comisiones, los gastos y la instrumentación de la deuda.
Uno de los puntos centrales del articulado autoriza al Ejecutivo a determinar el momento, los plazos, los métodos y los procedimientos para la colocación, integración, oferta y emisión de títulos de deuda pública. También lo habilita a contratar acuerdos necesarios para la instrumentación, implementación, cumplimiento y seguimiento de las operaciones autorizadas.
Durante la conferencia, Ezequiel Verbes remarcó que "hay infinidad de obras", pero sostuvo que la prioridad debe estar puesta en aquellas que permitan "cambiar la matriz energética y productiva, fortaleciendo los recursos genuinos de la provincia". En ese sentido, explicó que este tipo de proyectos genera trabajo y recursos, ya que las empresas que participan en los procesos y sus proveedores también se ven beneficiados.
Además, aclaró que "está prohibido por ley afrontar gastos salariales" con este tipo de herramientas financieras, aunque planteó que las obras permitirán generar mayores recursos que luego podrán ser volcados a la mesa de negociación. "Cuando se reactivan las obras, va a mejorar la asistencia y hay obras que el Estado provincial ha decidido afrontar con recursos propios. Vamos a financiarlas con los bonos y el crédito, liberando y descomprometiendo esos recursos", señaló.
En la misma línea, afirmó que la medida busca facilitar la negociación y que la decisión de Claudio Vidal es que cualquier excedente sea destinado a reforzar a la gente, además de dinamizar la economía. Por su parte, Belén Elmiger sostuvo: "Nosotros nos ofrecemos, confiamos en que el proyecto va a salir. Los diputados tienen su derecho a discutirlo en el ámbito parlamentario".
El texto además prevé la posibilidad de ceder en garantía, pago o propiedad fiduciaria recursos provinciales, incluidos los provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, para asegurar las obligaciones de crédito público. También contempla la cesión en garantía o pago de derechos provinciales sobre regalías hidrocarburíferas y mineras, netas de coparticipación a municipios y comisiones de fomento.
El proyecto declara como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, que quedaría facultado para realizar adecuaciones presupuestarias, dictar normas reglamentarias y adoptar las medidas necesarias para la emisión, colocación e instrumentación de títulos de deuda u otras operaciones de crédito público previstas en la ley.
Fuente: Tiempo Sur
