El conflicto sin finEES 117.
La conflictividad social y laboral se acentúa en las ciudades y regiones más pobladas de la Patagonia, mientras las negociaciones se alargan hasta el cansancio y saturan buena parte de la agenda de gobernadores y funcionarios, desde Río Negro a Tierra del Fuego. Todo indica que la situación empeorará durante el resto de 2012.
En el sur del país crece el empleo y aumentan los salarios. Sin embargo, la incidencia notable del costo de vida profundiza la brecha social entre los ocupados y los desocupados, pero también pone distancia entre las personas con empleo en distintas actividades.
Es sideral la diferencia entre quienes trabajan en petróleo y -parcialmente- en minería, y quienes lo hacen en las demás actividades. Muchos de los empleados en el comercio, la ganadería, la construcción y el Estado -incluyendo a policías, enfermeros y maestros- apenas ganan para sobrevivir, y abundan los que no llegan a fin de mes pese a trabajar más de ocho horas diarias.
Las protestas se producen en demanda de ajustes salariales, pero no faltan tampoco los paros por mejores condiciones laborales o por despidos que se producen en sectores de gran rentabilidad, como ocurrió con el conflicto aún sin resolver de Los Dragones con Pan American Energy.
Según el Informe de Conflictividad Laboral 2011 realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA, es notable el nivel de conflictividad en la región patagónica, ya que a pesar de contar con una cantidad significativamente menor de trabajadores, generó el 26% del total de los conflictos relevados en el país. La Patagonia registró 194 conflictos laborales el año pasado, en una paridad con el área metropolitana de Buenos Aires, que tuvo 196.
Es significativo que el nivel más alto de conflictividad se registre en los gremios más "ricos" -los vinculados al sector petrolero- y en los humildes trabajadores de la administración pública, que sólo intentan mantener el mínimo nivel del poder adquisitivo de su salario.
Más allá de las conductas variopintas de los dirigentes sindicales -donde conviven "gordos" enriquecidos, especuladores y honestos dirigentes de base- lo que explica en gran medida el alto grado de conflictividad laboral y sindical es la interminable carrera de los aumentos y la inflación, que hace inalcanzable el pago de los gastos imprescindibles a una parte sustantiva de los trabajadores.
Como se detalla en el informe especial de esta edición, el Observatorio de Administración de Recursos Humanos -de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- indica que en junio de 2012 la Canasta Básica Total para cuatro personas registra los siguientes valores en las principales ciudades chubutenses: $7.567 en Trelew, $8.587 en Puerto Madryn, $8.615 en Esquel y $8.805 pesos en Comodoro Rivadavia.
Considerando esos datos como estimación razonable, los grupos de trabajadores que peor la están pasando son los que se desempeñan en agricultura y ganadería ($3.335 mensuales de promedio), los que trabajan en hoteles y restaurantes ($4.226), trabajadores de la pesca ($7.000), servicios inmobiliarios ($6900) y trabajadores de comercio ($5.291). Se suman a este grupo, salvando algunos tramos del escalafón, casi todos los trabajadores de la administración pública.
En el otro extremo están los que mejores salarios tienen, superando el valor de la canasta familiar. Los petroleros de Chubut son los mejores pagos de la Patagonia ($25.627 mensuales en promedio). El segundo escalón lo ocupan los obreros mineros, aunque perciben la mitad que un petrolero. En Santa Cruz cobran $13.129 mensuales de promedio, mientras en Chubut sólo llegan a $8.268.
La crisis creciente de sectores como la ganadería, la pesca y el turismo -agravada por el caos propio de varios países europeos- agrega presión al Estado. En muchas ciudades de Chubut, el objetivo central de jóvenes y no tanto es encontrar cobijo en un "puesto público", mientras el gobierno lidia para pagar los salarios de una cantidad enorme de trabajadores estatales, cuya nómina creció notablemente entre 2003 y 2011.
Por esa razón, los gobernadores patagónicos buscan afanosamente herramientas que les permitan enfrentar ese alto nivel de conflictividad que, lo saben muy bien, no descenderá. Una de las claves es generar inversiones y nuevas áreas productivas genuinas, además de contribuir a la recuperación de algunas que, como la pesca, están en sus mínimos históricos. En este marco es preciso colocar también el intento de Buzzi de abrir el juego a la actividad minera (ver recuadro) siempre con la condición de que aporte ingresos relevantes para la provincia.
Administrar en tiempos difíciles constituye un desafío mayor. Se ha terminado el viento de cola de los fondos nacionales que permitieron a Das Neves construir su inefable imagen de gran constructor que empezó a deteriorarse en 2009, cuando perdió la gracia de Néstor.
La Presidenta se ha sentado sobre la caja, y además de priorizar el pago de las obligaciones externas emanadas del desastre del 2001, ha reducido el flujo de obras en todo el país. Con suerte, ese oxígeno puede regresar a las provincias parcialmente en 2013, un año electoral en que Cristina deberá poner todos sus recursos en juego para asegurarse confortabilidad política en sus dos últimos años de mandato.
No sólo ha puesto cerrojo sobre la caja que De Vido supo manejar con liberalidad, sino que parece incorporar nuevas herramientas para controlar todavía más el flujo de los recursos "duros", como los provenientes del petróleo y la minería. En ese plano hay que colocar el decreto 1277 que puso en alerta a las provincias petroleras, angustiadas por la comisión que controlará precios e inversiones del sector. El más ofuscado de los patagónicos fue Sapag, quien quedó desairado mientras buscaba inversores en USA y consiguió que Pereyra convocara a un paro, pero el mismísimo Galuccio estuvo a punto de renunciar cuando comprobó cómo Kicillof redactaba el decreto que él recién vio en el Boletín Oficial.
El decreto 1277 reglamenta la ley de "soberanía energética", y pone en juego derechos contemplados en la reforma constitucional de 1994 y regulados por la "ley cota de Hidrocarburos", que en 2006 transfirió a los estados productores la titularidad de los yacimientos, la autoridad de aplicación y el poder de policía de la industria.
En un esquema de poder donde la reina tiene todos los naipes, los gobernadores tienen razones para no confrontar con la Casa Rosada. Esperan remesas para lanzar planes de viviendas en cada provincia, y prefieren discutir amablemente para perder lo menos posible en una discusión perdida de antemano.
Buzzi, Peralta y el señor Burns
Martín Buzzi sigue a paso firme con su intención de meter de lleno a la provincia de Chubut en la explotación minera; para eso mandó el marco regulatorio a la Legislatura y aspira a elevar los porcentuales de tributos a cobrarle a las mineras, pero las empresas ya comenzaron a expresar su rechazo y la OFEMI advirtió que buscará frenar esas modificaciones en los porcentajes de regalías.
La mayor dificultad a sortear tiene que ver con el aumento de regalías, cánones y la participación del Estado en los emprendimientos mineros privados, ya que tanto las empresas como la recientemente creada Organización Federal de Estados Mineros se han opuesto al cambio de las reglas del juego. Hasta aquí, fue mantenido en varias provincias el esquema del 3% establecido por el menemismo en la década del 90.
El proyecto de m Buzzi busca implementar dos cambios esenciales en el ámbito minero: se propone aumentar las regalías del 3 al 5% y hacer partícipe al Estado provincial -a través de Petrominera - en el capital accionario de los emprendimientos mineros.
Las mineras multinacionales están acostumbradas a una normativa impositiva completamente favorable a sus intereses. Las regalías que variaban desde el 1 al 3% y la enorme cantidad de incentivos fiscales -deducciones impositivas, reembolsos por exportaciones en puertos patagónicos y otros beneficios- les posibilitaron les brindaron alta rentabilidad.
La inclusión de Petrominera en los proyectos mineros chubutenses, asociándose al capital accionario es una metodología diferente para participar en la rentabilidad empresaria. Petrominera tendría una participación del 4% sobre las ventas totales y del 7% sobre las utilidades brutas. Pero esa modalidad, racional vista desde los intereses de Chubut, les hace ruido a las multinacionales como Pan American Silver.
Buzzi se propone una captación superior de renta minera, que pasaría del 3 al 14%. El cambio es absolutamente razonable si se considera la abultada rentabilidad de las compañías, pero éstas se abroquelan para no ceder ni un fragmento de sus sustanciales ganancias.
Daniel Peralta intentó en julio una mejora similar, que fracasó por razones políticas y de lobby minero. El gobernador santacruceño impulsó establecer un canon extraordinario del 10% sobre el valor de las ventas de yacimientos mineros. Su intento generó un tremendo alboroto en el propio Frente para la Victoria y los diputados que se enfrentan al gobernador devolvieron el proyecto a comisión.
Las mineras llevaron sus "temores" y reclamos a Cristina Kirchner y ejercieron presión sobre la OFEMI para bloquear cualquier cambio. Llamativamente, unos días después la OFEMI se reunió sin la presencia de los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, justamente los que proponen cambios en beneficio de sus provincias.
Juntitos, los miembros de Cámara Argentina de Empresarios Mineros y los gobernadores Fellner (Jujuy), Urtubey (Salta), Corpacci (Catamarca), Beder Herrera (La Rioja) y Gioja (San Juan) pidieron no hacer olas y convalidaron las críticas de la CAEM a las medidas que impulsan Chubut y Santa Cruz. Dijeron además que iban a "mediar" frente a los mandatarios de Chubut y Santa Cruz. No es necesario preguntar a favor de qué posición van a hacerlo.
La síntesis de la visión arrogante del sector empresario estuvo a cargo de Geoff Burns, gerente de Pan American Silver, que tiene en sus manos el célebre yacimiento Navidad. En claro cuestionamiento al proyecto buzzista y en tono amenazante, el señor Burns anticipó que "en el caso de que la ley se apruebe en la forma propuesta y sin modificaciones significativas, Pan American no tendrá otra opción razonable que la de suspender sus futuras inversiones en el Proyecto Navidad, porque sin un claro potencial de beneficios económicos, una mayor inversión y gastos de los proyectos no se puede justificar". ¿Deberá PAS reunir sus petates y partir hacia América del Norte antes de Navidad, o los legisladores chubutenses le darán la razón al señor Burns?
EES 117.
La conflictividad social y laboral se acentúa en las ciudades y regiones más pobladas de la Patagonia, mientras las negociaciones se alargan hasta el cansancio y saturan buena parte de la agenda de gobernadores y funcionarios, desde Río Negro a Tierra del Fuego. Todo indica que la situación empeorará durante el resto de 2012.
En el sur del país crece el empleo y aumentan los salarios. Sin embargo, la incidencia notable del costo de vida profundiza la brecha social entre los ocupados y los desocupados, pero también pone distancia entre las personas con empleo en distintas actividades.
Es sideral la diferencia entre quienes trabajan en petróleo y -parcialmente- en minería, y quienes lo hacen en las demás actividades. Muchos de los empleados en el comercio, la ganadería, la construcción y el Estado -incluyendo a policías, enfermeros y maestros- apenas ganan para sobrevivir, y abundan los que no llegan a fin de mes pese a trabajar más de ocho horas diarias.
Las protestas se producen en demanda de ajustes salariales, pero no faltan tampoco los paros por mejores condiciones laborales o por despidos que se producen en sectores de gran rentabilidad, como ocurrió con el conflicto aún sin resolver de Los Dragones con Pan American Energy.
Según el Informe de Conflictividad Laboral 2011 realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA, es notable el nivel de conflictividad en la región patagónica, ya que a pesar de contar con una cantidad significativamente menor de trabajadores, generó el 26% del total de los conflictos relevados en el país. La Patagonia registró 194 conflictos laborales el año pasado, en una paridad con el área metropolitana de Buenos Aires, que tuvo 196.
Es significativo que el nivel más alto de conflictividad se registre en los gremios más "ricos" -los vinculados al sector petrolero- y en los humildes trabajadores de la administración pública, que sólo intentan mantener el mínimo nivel del poder adquisitivo de su salario.
Más allá de las conductas variopintas de los dirigentes sindicales -donde conviven "gordos" enriquecidos, especuladores y honestos dirigentes de base- lo que explica en gran medida el alto grado de conflictividad laboral y sindical es la interminable carrera de los aumentos y la inflación, que hace inalcanzable el pago de los gastos imprescindibles a una parte sustantiva de los trabajadores.
Como se detalla en el informe especial de esta edición, el Observatorio de Administración de Recursos Humanos -de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- indica que en junio de 2012 la Canasta Básica Total para cuatro personas registra los siguientes valores en las principales ciudades chubutenses: $7.567 en Trelew, $8.587 en Puerto Madryn, $8.615 en Esquel y $8.805 pesos en Comodoro Rivadavia.
Considerando esos datos como estimación razonable, los grupos de trabajadores que peor la están pasando son los que se desempeñan en agricultura y ganadería ($3.335 mensuales de promedio), los que trabajan en hoteles y restaurantes ($4.226), trabajadores de la pesca ($7.000), servicios inmobiliarios ($6900) y trabajadores de comercio ($5.291). Se suman a este grupo, salvando algunos tramos del escalafón, casi todos los trabajadores de la administración pública.
En el otro extremo están los que mejores salarios tienen, superando el valor de la canasta familiar. Los petroleros de Chubut son los mejores pagos de la Patagonia ($25.627 mensuales en promedio). El segundo escalón lo ocupan los obreros mineros, aunque perciben la mitad que un petrolero. En Santa Cruz cobran $13.129 mensuales de promedio, mientras en Chubut sólo llegan a $8.268.
La crisis creciente de sectores como la ganadería, la pesca y el turismo -agravada por el caos propio de varios países europeos- agrega presión al Estado. En muchas ciudades de Chubut, el objetivo central de jóvenes y no tanto es encontrar cobijo en un "puesto público", mientras el gobierno lidia para pagar los salarios de una cantidad enorme de trabajadores estatales, cuya nómina creció notablemente entre 2003 y 2011.
Por esa razón, los gobernadores patagónicos buscan afanosamente herramientas que les permitan enfrentar ese alto nivel de conflictividad que, lo saben muy bien, no descenderá. Una de las claves es generar inversiones y nuevas áreas productivas genuinas, además de contribuir a la recuperación de algunas que, como la pesca, están en sus mínimos históricos. En este marco es preciso colocar también el intento de Buzzi de abrir el juego a la actividad minera (ver recuadro) siempre con la condición de que aporte ingresos relevantes para la provincia.
Administrar en tiempos difíciles constituye un desafío mayor. Se ha terminado el viento de cola de los fondos nacionales que permitieron a Das Neves construir su inefable imagen de gran constructor que empezó a deteriorarse en 2009, cuando perdió la gracia de Néstor.
La Presidenta se ha sentado sobre la caja, y además de priorizar el pago de las obligaciones externas emanadas del desastre del 2001, ha reducido el flujo de obras en todo el país. Con suerte, ese oxígeno puede regresar a las provincias parcialmente en 2013, un año electoral en que Cristina deberá poner todos sus recursos en juego para asegurarse confortabilidad política en sus dos últimos años de mandato.
No sólo ha puesto cerrojo sobre la caja que De Vido supo manejar con liberalidad, sino que parece incorporar nuevas herramientas para controlar todavía más el flujo de los recursos "duros", como los provenientes del petróleo y la minería. En ese plano hay que colocar el decreto 1277 que puso en alerta a las provincias petroleras, angustiadas por la comisión que controlará precios e inversiones del sector. El más ofuscado de los patagónicos fue Sapag, quien quedó desairado mientras buscaba inversores en USA y consiguió que Pereyra convocara a un paro, pero el mismísimo Galuccio estuvo a punto de renunciar cuando comprobó cómo Kicillof redactaba el decreto que él recién vio en el Boletín Oficial.
El decreto 1277 reglamenta la ley de "soberanía energética", y pone en juego derechos contemplados en la reforma constitucional de 1994 y regulados por la "ley cota de Hidrocarburos", que en 2006 transfirió a los estados productores la titularidad de los yacimientos, la autoridad de aplicación y el poder de policía de la industria.
En un esquema de poder donde la reina tiene todos los naipes, los gobernadores tienen razones para no confrontar con la Casa Rosada. Esperan remesas para lanzar planes de viviendas en cada provincia, y prefieren discutir amablemente para perder lo menos posible en una discusión perdida de antemano.
Buzzi, Peralta y el señor Burns
Martín Buzzi sigue a paso firme con su intención de meter de lleno a la provincia de Chubut en la explotación minera; para eso mandó el marco regulatorio a la Legislatura y aspira a elevar los porcentuales de tributos a cobrarle a las mineras, pero las empresas ya comenzaron a expresar su rechazo y la OFEMI advirtió que buscará frenar esas modificaciones en los porcentajes de regalías.
La mayor dificultad a sortear tiene que ver con el aumento de regalías, cánones y la participación del Estado en los emprendimientos mineros privados, ya que tanto las empresas como la recientemente creada Organización Federal de Estados Mineros se han opuesto al cambio de las reglas del juego. Hasta aquí, fue mantenido en varias provincias el esquema del 3% establecido por el menemismo en la década del 90.
El proyecto de m Buzzi busca implementar dos cambios esenciales en el ámbito minero: se propone aumentar las regalías del 3 al 5% y hacer partícipe al Estado provincial -a través de Petrominera - en el capital accionario de los emprendimientos mineros.
Las mineras multinacionales están acostumbradas a una normativa impositiva completamente favorable a sus intereses. Las regalías que variaban desde el 1 al 3% y la enorme cantidad de incentivos fiscales -deducciones impositivas, reembolsos por exportaciones en puertos patagónicos y otros beneficios- les posibilitaron les brindaron alta rentabilidad.
La inclusión de Petrominera en los proyectos mineros chubutenses, asociándose al capital accionario es una metodología diferente para participar en la rentabilidad empresaria. Petrominera tendría una participación del 4% sobre las ventas totales y del 7% sobre las utilidades brutas. Pero esa modalidad, racional vista desde los intereses de Chubut, les hace ruido a las multinacionales como Pan American Silver.
Buzzi se propone una captación superior de renta minera, que pasaría del 3 al 14%. El cambio es absolutamente razonable si se considera la abultada rentabilidad de las compañías, pero éstas se abroquelan para no ceder ni un fragmento de sus sustanciales ganancias.
Daniel Peralta intentó en julio una mejora similar, que fracasó por razones políticas y de lobby minero. El gobernador santacruceño impulsó establecer un canon extraordinario del 10% sobre el valor de las ventas de yacimientos mineros. Su intento generó un tremendo alboroto en el propio Frente para la Victoria y los diputados que se enfrentan al gobernador devolvieron el proyecto a comisión.
Las mineras llevaron sus "temores" y reclamos a Cristina Kirchner y ejercieron presión sobre la OFEMI para bloquear cualquier cambio. Llamativamente, unos días después la OFEMI se reunió sin la presencia de los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, justamente los que proponen cambios en beneficio de sus provincias.
Juntitos, los miembros de Cámara Argentina de Empresarios Mineros y los gobernadores Fellner (Jujuy), Urtubey (Salta), Corpacci (Catamarca), Beder Herrera (La Rioja) y Gioja (San Juan) pidieron no hacer olas y convalidaron las críticas de la CAEM a las medidas que impulsan Chubut y Santa Cruz. Dijeron además que iban a "mediar" frente a los mandatarios de Chubut y Santa Cruz. No es necesario preguntar a favor de qué posición van a hacerlo.
La síntesis de la visión arrogante del sector empresario estuvo a cargo de Geoff Burns, gerente de Pan American Silver, que tiene en sus manos el célebre yacimiento Navidad. En claro cuestionamiento al proyecto buzzista y en tono amenazante, el señor Burns anticipó que "en el caso de que la ley se apruebe en la forma propuesta y sin modificaciones significativas, Pan American no tendrá otra opción razonable que la de suspender sus futuras inversiones en el Proyecto Navidad, porque sin un claro potencial de beneficios económicos, una mayor inversión y gastos de los proyectos no se puede justificar". ¿Deberá PAS reunir sus petates y partir hacia América del Norte antes de Navidad, o los legisladores chubutenses le darán la razón al señor Burns?
