Violencia de género en Chubut: hipocresía estatal y anuncios sin presupuesto mientras crecen los femicidios Por Lola Sánchez
El 25N, mientras los movimientos feministas de toda la provincia preparaban una nueva movilización, el gobierno de Arcioni publicaba una extensa gacetilla con el anuncio de un aumento en el presupuesto con perspectiva de género, junto a diversas acciones para combatir la violencia. Para algunos sectores de los movimientos provinciales se trata de estrategias discursivas que están lejos de reparar el flagelo que hoy implica la violencia machista en Chubut, una de las provincias con mayor tasa de femicidios desde el 2021.
Desde hace años, la Multisectorial de Comodoro Rivadavia exige la implementación de la Declaración de la Emergencia de Violencia de Género, ley que fue vetada por el mismo gobierno al que pertenecía Arcioni. El reclamo es transversal y con una fuerte dimensión económica, en una provincia que sigue engrosando los números destinados a pagar una deuda eterna. "Para nosotras es una ridiculez que diga que está combatiendo la violencia de género, que va aumentar el presupuesto dos centavos más", señaló una referente de la Multisectorial.
Un Gobierno "pionero"
El anuncio se realizó en el marco de la Jornada de Lucha y Reivindicación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Diversidad, llevada a cabo en Rawson.
Arcioni expresó: "somos pioneros en muchas políticas públicas que se están llevando a cabo y desde el Gobierno Provincial. Seguimos acompañando con programas, leyes y este tipo de herramientas que, si no hay detrás recurso humano y una política de estado clara y concisa es imposible de implementar". Los reclamos en las movilizaciones durante todo el 2021 y 2022 apuntan a una realidad diferente, y reconocen que existen organismos estatales y leyes que prevén estrategias contra la violencia de género, pero que actualmente no cuentan con recursos suficientes.
El presupuesto con perspectiva de género se sancionó a finales del 2020. La ley se apoya sobre diversos tratados y convenciones internacionales en torno a los derechos de las mujeres y promueve la "incorporación de la perspectiva de género en la formulación, ejecución y evaluación presupuestaria de cada período". El aumento del 30% en esta área hará que suba de 700 millones a 1078 millones.
Sin embargo, el número es menor al asignado a otras áreas y no se anunció con precisión de qué manera será implementado transversalmente en cada una de las carteras. En tanto, para la cancelación de la deuda se aplicarán 58 veces más que el presupuesto para combatir la violencia de género. Desde los primeros Ni Una Menos la posición es clara al respecto: "La deuda es con nosotras".
La violencia machista, según estadísticas, sería una de las prioridades de la provincia. Actualmente Chubut se posiciona como una de las provincias con mayor proporción de femicidios. De acuerdo a un informe elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, la tasa promedio nacional de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en 2021 fue de 0,99. En Chubut es superior a la media, con un 1,27%.
Comodoro Rivadavia, por su parte, es la ciudad con más femicidios de toda la provincia, según un informe de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género. Desde 2013 hasta mediados de este año 2022, Comodoro Rivadavia suma 11 hechos, en tanto que Puerto Madryn y Trelew registran 5.
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Pese al anuncio de políticas públicas, las cifras están lejos de bajar. Y en el marco de la salida de la pandemia, se vuelven necesarias políticas más firmes y mejor presupuestadas frente al incremento de las violencias.
"El anuncio es una burla"
"Tuvimos una ola feminista en el 2015 con el Ni Una Menos y en el 2018 con la Marea Verde por el aborto legal", analiza Emilse Saavedra -militante del MST y miembro de la Multisectorial Feminista de Comodoro-, pero reconoce que "hoy no estamos en el pico de la ola" y tanto las movilizaciones como la participación "han bajado". Esto representa una gran preocupación dado que la brecha entre cada femicidio se acortó considerablemente en los últimos años: "Cuando empecé a militar, la brecha era de más de 40 horas entre cada femicidio, hoy es de 24". La militante habló de una problemática seria que hoy no es prioridad en la mayoría de agendas políticas, electorales y sociales.
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La situación excede la dimensión local: "Todo esto también es necesario en el resto de la provincia. No escapa a las realidades provinciales donde los presupuestos bajan de Nación. Por eso, la subejecución del presupuesto en materia de género es otro de los reclamos que hemos mantenido firmes a lo largo de los años. Y en la medida en la que nos sigan matando, vamos a seguir manteniendo los reclamos", sostuvo.
Consultada sobre las impresiones de la Multisectorial frente a los anuncios del Gobierno, Saavedra expresó que para ellas significó "una burla": "Arcioni es un ridículo, es el responsable de haber vetado la Ley de Emergencia en Violencia de Género hace varios años. Me parece que un gobernador no puede estar hablando de lo que hace contra la violencia de género cuando claramente está priorizando otras cosas. Los movimientos feministas no nos olvidamos que él mandó a instalar la megaminería en la provincia, y eso también nos afecta a las mujeres", indicó.
Por otra parte, cree que el aumento presupuestario del 30% es insuficiente: "No va a alcanzar para construir ni una Casa Refugio. Hicieron todo de manera insuficiente. Nada de esto sirve en la medida en que siga siendo discursivo y siga siendo para anunciar algo, no sirve sin medidas concretas".
En las movilizaciones locales en fechas como el 8M, el 25N y el Ni Una Menos, las distintas organizaciones convocantes manifestaron una multiplicidad de problemáticas que atraviesan sistemáticamente a las mujeres, y que van mucho más allá de la ampliación presupuestaria para las víctimas de violencia de género.
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Durante el 2021 y el 2022, las diversas organizaciones que dialogaron con este medio revelaron diversas aristas de un problema social profundo y complejo: el desempleo feminizado, la falta de cupos laborales para mujeres, la violencia laboral, la baja del poder adquisitivo para las empleadas estatales y la carga horaria desigual de las tareas domésticas, entre otros.
Instituciones aisladas que no funcionan
En su anuncio, el gobernador puso de manifiesto otras herramientas provinciales puestas en marcha durante su gestión como la Línea 137, que funciona de manera paralela a la Línea 144 de atención a víctimas de violencia de género.
Las líneas de atención reflejan la urgencia de contar con herramientas de este tipo para atender a las víctimas. Desde Chubut, se produjeron 35 llamados a la Línea 144 en el 2022, mientras que en el 2021 fueron 75 y en el 2020 -durante la intensificación de las violencias a raíz de la pandemia- fueron 96.
La línea 137, por su parte, recibe aproximadamente 5 llamadas por día. Sin embargo, durante el 2019 permaneció fuera de servicio. Para quienes llamaron, sólo se escuchaba una grabación en la que se pedía disculpas por el "abonado fuera de servicio". Además, tampoco funciona las 24 horas como la Línea 144, sino que está activa entre las 8hs y las 14hs y de lunes a viernes. En tanto, la página web oficial del Gobierno que brinda información sobre la misma se encuentra caída o ya no existe.
Para Saavedra, todavía falta una articulación entre instituciones y organizaciones. El reclamo central de la Multisectorial local es que las comisarías tomen las denuncias, el primer eslabón para combatir la violencia: "Rebotan a las chicas, les dicen que vayan otro día o a otro lugar. Lamentablemente, las comisarías de la mujer no están haciendo nada por reducir este problema. Tenemos una Secretaría de la Mujer, tenemos una Casa Refugio, pero lo que vemos desde la Multisectorial y desde mi organización es que están haciendo muy poco. Hacen cosas, pero no alcanza".
"No existe una red de apoyo, de instituciones, para las personas que sufren violencia. Que exista el Hospital, que exista la Casa Refugio, la Secretaría, no es garantía de que una mujer que sufre violencia lo sepa, y sepa a dónde ir", apuntó.
Desde 2018 hasta el presente año, Saavedra acompañó a Lorena Paredes -víctima de intento de femicidio- durante las denuncias, posteriores reclamos y juicio hacia el agresor, un proceso cargado de irregularidades y fallas en el sistema que se supone que respeta un estricto protocolo.
"Yo soy militante, sabía adonde teníamos que ir, pero Lorena no lo sabía. No sabía que podía acceder a un turno de Salud Mental en el Hospital, no sabía que había Servicio de Atención a la Víctima, y tampoco se lo ofrecieron. Tuvimos que pedirlo", recordó. Y agregó: "Ninguna de esas instituciones funciona en red".
"Cuando todavía era gobernador Mario Das Neves, dijo un montón de veces que iba a hacer esto, una articulación de instituciones. En algún momento se llegó a presentar una mesa para trabajar contra la violencia, invitaron a organizaciones feminista, pero para nosotras era un disfraz. Lo anunciaron y nunca se hizo nada", expresó.
La demanda vuelve a la ampliación presupuestaria: "Para que exista esta articulación, para que más instituciones puedan soportar la cantidad poblacional se necesita plata. Y hay plata, estamos convencidas de que hay, sólo que se destina a otras cosas".
¿Un gobierno extractivista puede ser feminista?
En la provincia, las luchas feministas se erigen con una impronta interseccional identitaria, ya que en el reclamo por las mujeres y diversidades se entrecruzan otras denuncias de índole económica, política y ambiental. Las organizaciones regionales no han sido ajenas a las movilizaciones en contra de la megaminería y el intento de imponer un modelo extractivista en Chubut. No sólo eso, sino que han participado activamente, reconociendo el debate del territorio como un elemento intrínsecamente feminista.
De hecho, uno de los lemas de la mayoría de los documentos colectivos leídos en las marchas expresa: "Vivas y sin megaminería nos queremos".
Los movimientos feministas tampoco olvidan la represión ejercida por el Gobierno provincial durante la aprobación y posterior derogación de la Ley de Zonificación Minera en 2021, que no fue más que la culminación de una larga serie de eventos de violencia institucional. "Reprimieron mujeres y a niños durante las manifestaciones contra la minería, es terrible lo que vienen haciendo contra los derechos de las mujeres y la población en general", destacó Saavedra y agregó: "Este gobierno va en contra de todos los derechos humanos, para nosotras es una ridiculez que diga que está combatiendo la violencia de género, que va aumentar el presupuesto dos centavos más, no sirve".
En la ardua coyuntura de una ciudad petrolera y unas arcas provinciales endeudadas, los feminismos regionales buscan la apertura a políticas comunitarias, la construcción de redes colectivas y el empoderamiento de las mujeres, muchas veces jefas de hogares monomarentales atravesados por la crisis. Aspiran, además, a un modelo territorial de calidad y a entornos sustentables. En resumen, sintetizan la multiplicidad de manifestaciones sociales de toda una región.
Desde algunos colectivos de la Multisectorial, consideran que el diálogo con el Estado es inviable: "Desde Juntas y a la Izquierda y el MST, no nos parece sentarnos a dialogar con el Estado", remarca Saavedra, "entiendo que hay organizaciones que sí". Exige que "el Estado se haga cargo" y recuerda: "Nosotras existimos porque estamos cansadas de las injusticias, pero esto no es una tarea que nos corresponda, porque tampoco tenemos los recursos para hacerlo".
"El Estado debe ocuparse, y si no sabe como hacerlo, si no sabe cómo acompañar a una mujer, ¿para qué está ahí? Sentarnos a dialogar en materia de violencia de género con el Gobierno no tiene ningún sentido", cuestionó.
La deuda de una ley de emergencia
El reclamo principal de la Multisectorial local -al igual que otras organizaciones provinciales- es la Declaración de la Emergencia Pública en materia de Violencia de Género, un proyecto que fue impulsado en 2017 muy brevemente para luego ser vetado por el Gobierno de Mario Das Neves, del cual Mariano Arcioni era parte.
El proyecto prevé un marco presupuestario más acorde a las necesidades de infraestructura y recurso humano, y planea una base sólida de apoyo estatal en el proceso de recuperación de las víctimas de violencia de género durante un período mínimo de 24 meses.
El Artículo 2 plantea que "el Poder Ejecutivo Provincial debe adecuar y dotar de personal técnico y administrativo suficiente a la Dirección Provincial de Equidad y Género, en un plazo de doce (12) meses, a fin de garantizar inmediata atención a las víctimas en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica. Dicho equipo interdisciplinario deberá contar como mínimo de tres (3) psicólogos, un (1) abogado, un (1) ginecólogo y cinco (5) asistentes sociales. Los profesionales que asuman deben hacerlo por concurso abierto y acreditar en forma fehaciente idoneidad en la temática".
Entre otros ítems, contempla la creación de un Programa de Reinserción Social Laboral para las personas en situación de violencia de género, políticas de protección integral para mujeres y niñas y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ -en articulación con provincias, municipios, comunas y parajes-, y transversalización de la perspectiva de Género en los organismos judiciales.
"La ley fue vetada, definieron que era útil pero ya llegando a fin de año sostuvieron que no daban los números. Sabemos que ningún justificativo es válido para hacer esa atrocidad", recuerda Saavedra. "Esa emergencia fue una de las más favorables que teníamos, planteaba presupuesto real para los refugios, para las mujeres que sufren violencia, planteaba un subsidio ya que muchas de las víctimas dependen económicamente de su pareja. Planteaba eso, asistencia del Estado en lo que una mujer se ‘recupera', porque igual entendemos que nadie se recupera de la violencia sólo con dinero, pero la ley venía a arreglar muchas cosas y nunca se puso en práctica", agregó.
Consultada sobre la posibilidad de que la Ley de Declaración de Emergencia vuelva a ser presentada, especialmente en el próximo año electoral, Saavedra se mostró escéptica: "Asuma el gobierno que asuma, no la van a volver a plantear, al menos no en estos términos. Hay una voluntad de no combatir la violencia que comparten todos los gobiernos. Lo vimos con el kirchnerismo, el macrismo, el Frente de Todos y también a nivel provincial". Sin embargo, remarcó que "vamos a seguir insistiendo" y recordó que más allá de la presentación individual de una diputada, el proyecto nace a partir de los movimientos de mujeres de toda la provincia.
"Dudo que este gobierno haga algo. Pero vamos a seguir saliendo a las calles. Este problema no se va a terminar con un cambio de gobierno, mucho menos con un cambio de año. Por lo tanto, la tarea de la lucha está en nuestras manos", concluyó.
Por Lola Sánchez
El 25N, mientras los movimientos feministas de toda la provincia preparaban una nueva movilización, el gobierno de Arcioni publicaba una extensa gacetilla con el anuncio de un aumento en el presupuesto con perspectiva de género, junto a diversas acciones para combatir la violencia. Para algunos sectores de los movimientos provinciales se trata de estrategias discursivas que están lejos de reparar el flagelo que hoy implica la violencia machista en Chubut, una de las provincias con mayor tasa de femicidios desde el 2021.
Desde hace años, la Multisectorial de Comodoro Rivadavia exige la implementación de la Declaración de la Emergencia de Violencia de Género, ley que fue vetada por el mismo gobierno al que pertenecía Arcioni. El reclamo es transversal y con una fuerte dimensión económica, en una provincia que sigue engrosando los números destinados a pagar una deuda eterna. "Para nosotras es una ridiculez que diga que está combatiendo la violencia de género, que va aumentar el presupuesto dos centavos más", señaló una referente de la Multisectorial.
Un Gobierno "pionero"
El anuncio se realizó en el marco de la Jornada de Lucha y Reivindicación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Diversidad, llevada a cabo en Rawson.
Arcioni expresó: "somos pioneros en muchas políticas públicas que se están llevando a cabo y desde el Gobierno Provincial. Seguimos acompañando con programas, leyes y este tipo de herramientas que, si no hay detrás recurso humano y una política de estado clara y concisa es imposible de implementar". Los reclamos en las movilizaciones durante todo el 2021 y 2022 apuntan a una realidad diferente, y reconocen que existen organismos estatales y leyes que prevén estrategias contra la violencia de género, pero que actualmente no cuentan con recursos suficientes.
El presupuesto con perspectiva de género se sancionó a finales del 2020. La ley se apoya sobre diversos tratados y convenciones internacionales en torno a los derechos de las mujeres y promueve la "incorporación de la perspectiva de género en la formulación, ejecución y evaluación presupuestaria de cada período". El aumento del 30% en esta área hará que suba de 700 millones a 1078 millones.
Sin embargo, el número es menor al asignado a otras áreas y no se anunció con precisión de qué manera será implementado transversalmente en cada una de las carteras. En tanto, para la cancelación de la deuda se aplicarán 58 veces más que el presupuesto para combatir la violencia de género. Desde los primeros Ni Una Menos la posición es clara al respecto: "La deuda es con nosotras".
La violencia machista, según estadísticas, sería una de las prioridades de la provincia. Actualmente Chubut se posiciona como una de las provincias con mayor proporción de femicidios. De acuerdo a un informe elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, la tasa promedio nacional de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en 2021 fue de 0,99. En Chubut es superior a la media, con un 1,27%.
Comodoro Rivadavia, por su parte, es la ciudad con más femicidios de toda la provincia, según un informe de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género. Desde 2013 hasta mediados de este año 2022, Comodoro Rivadavia suma 11 hechos, en tanto que Puerto Madryn y Trelew registran 5.
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Pese al anuncio de políticas públicas, las cifras están lejos de bajar. Y en el marco de la salida de la pandemia, se vuelven necesarias políticas más firmes y mejor presupuestadas frente al incremento de las violencias.
"El anuncio es una burla"
"Tuvimos una ola feminista en el 2015 con el Ni Una Menos y en el 2018 con la Marea Verde por el aborto legal", analiza Emilse Saavedra -militante del MST y miembro de la Multisectorial Feminista de Comodoro-, pero reconoce que "hoy no estamos en el pico de la ola" y tanto las movilizaciones como la participación "han bajado". Esto representa una gran preocupación dado que la brecha entre cada femicidio se acortó considerablemente en los últimos años: "Cuando empecé a militar, la brecha era de más de 40 horas entre cada femicidio, hoy es de 24". La militante habló de una problemática seria que hoy no es prioridad en la mayoría de agendas políticas, electorales y sociales.
Nota relacionada: El Ni Una Menos irrumpió con fuerza en Comodoro: Piden Justicia por Daniela, aumento del presupuesto y la defensa del agua
La situación excede la dimensión local: "Todo esto también es necesario en el resto de la provincia. No escapa a las realidades provinciales donde los presupuestos bajan de Nación. Por eso, la subejecución del presupuesto en materia de género es otro de los reclamos que hemos mantenido firmes a lo largo de los años. Y en la medida en la que nos sigan matando, vamos a seguir manteniendo los reclamos", sostuvo.
Consultada sobre las impresiones de la Multisectorial frente a los anuncios del Gobierno, Saavedra expresó que para ellas significó "una burla": "Arcioni es un ridículo, es el responsable de haber vetado la Ley de Emergencia en Violencia de Género hace varios años. Me parece que un gobernador no puede estar hablando de lo que hace contra la violencia de género cuando claramente está priorizando otras cosas. Los movimientos feministas no nos olvidamos que él mandó a instalar la megaminería en la provincia, y eso también nos afecta a las mujeres", indicó.
Por otra parte, cree que el aumento presupuestario del 30% es insuficiente: "No va a alcanzar para construir ni una Casa Refugio. Hicieron todo de manera insuficiente. Nada de esto sirve en la medida en que siga siendo discursivo y siga siendo para anunciar algo, no sirve sin medidas concretas".
En las movilizaciones locales en fechas como el 8M, el 25N y el Ni Una Menos, las distintas organizaciones convocantes manifestaron una multiplicidad de problemáticas que atraviesan sistemáticamente a las mujeres, y que van mucho más allá de la ampliación presupuestaria para las víctimas de violencia de género.
Nota relacionada: 8M es todos los días: voces militantes del feminismo comodorense en una jornada de lucha
Durante el 2021 y el 2022, las diversas organizaciones que dialogaron con este medio revelaron diversas aristas de un problema social profundo y complejo: el desempleo feminizado, la falta de cupos laborales para mujeres, la violencia laboral, la baja del poder adquisitivo para las empleadas estatales y la carga horaria desigual de las tareas domésticas, entre otros.
Instituciones aisladas que no funcionan
En su anuncio, el gobernador puso de manifiesto otras herramientas provinciales puestas en marcha durante su gestión como la Línea 137, que funciona de manera paralela a la Línea 144 de atención a víctimas de violencia de género.
Las líneas de atención reflejan la urgencia de contar con herramientas de este tipo para atender a las víctimas. Desde Chubut, se produjeron 35 llamados a la Línea 144 en el 2022, mientras que en el 2021 fueron 75 y en el 2020 -durante la intensificación de las violencias a raíz de la pandemia- fueron 96.
La línea 137, por su parte, recibe aproximadamente 5 llamadas por día. Sin embargo, durante el 2019 permaneció fuera de servicio. Para quienes llamaron, sólo se escuchaba una grabación en la que se pedía disculpas por el "abonado fuera de servicio". Además, tampoco funciona las 24 horas como la Línea 144, sino que está activa entre las 8hs y las 14hs y de lunes a viernes. En tanto, la página web oficial del Gobierno que brinda información sobre la misma se encuentra caída o ya no existe.
Para Saavedra, todavía falta una articulación entre instituciones y organizaciones. El reclamo central de la Multisectorial local es que las comisarías tomen las denuncias, el primer eslabón para combatir la violencia: "Rebotan a las chicas, les dicen que vayan otro día o a otro lugar. Lamentablemente, las comisarías de la mujer no están haciendo nada por reducir este problema. Tenemos una Secretaría de la Mujer, tenemos una Casa Refugio, pero lo que vemos desde la Multisectorial y desde mi organización es que están haciendo muy poco. Hacen cosas, pero no alcanza".
"No existe una red de apoyo, de instituciones, para las personas que sufren violencia. Que exista el Hospital, que exista la Casa Refugio, la Secretaría, no es garantía de que una mujer que sufre violencia lo sepa, y sepa a dónde ir", apuntó.
Desde 2018 hasta el presente año, Saavedra acompañó a Lorena Paredes -víctima de intento de femicidio- durante las denuncias, posteriores reclamos y juicio hacia el agresor, un proceso cargado de irregularidades y fallas en el sistema que se supone que respeta un estricto protocolo.
"Yo soy militante, sabía adonde teníamos que ir, pero Lorena no lo sabía. No sabía que podía acceder a un turno de Salud Mental en el Hospital, no sabía que había Servicio de Atención a la Víctima, y tampoco se lo ofrecieron. Tuvimos que pedirlo", recordó. Y agregó: "Ninguna de esas instituciones funciona en red".
"Cuando todavía era gobernador Mario Das Neves, dijo un montón de veces que iba a hacer esto, una articulación de instituciones. En algún momento se llegó a presentar una mesa para trabajar contra la violencia, invitaron a organizaciones feminista, pero para nosotras era un disfraz. Lo anunciaron y nunca se hizo nada", expresó.
La demanda vuelve a la ampliación presupuestaria: "Para que exista esta articulación, para que más instituciones puedan soportar la cantidad poblacional se necesita plata. Y hay plata, estamos convencidas de que hay, sólo que se destina a otras cosas".
¿Un gobierno extractivista puede ser feminista?
En la provincia, las luchas feministas se erigen con una impronta interseccional identitaria, ya que en el reclamo por las mujeres y diversidades se entrecruzan otras denuncias de índole económica, política y ambiental. Las organizaciones regionales no han sido ajenas a las movilizaciones en contra de la megaminería y el intento de imponer un modelo extractivista en Chubut. No sólo eso, sino que han participado activamente, reconociendo el debate del territorio como un elemento intrínsecamente feminista.
De hecho, uno de los lemas de la mayoría de los documentos colectivos leídos en las marchas expresa: "Vivas y sin megaminería nos queremos".
Los movimientos feministas tampoco olvidan la represión ejercida por el Gobierno provincial durante la aprobación y posterior derogación de la Ley de Zonificación Minera en 2021, que no fue más que la culminación de una larga serie de eventos de violencia institucional. "Reprimieron mujeres y a niños durante las manifestaciones contra la minería, es terrible lo que vienen haciendo contra los derechos de las mujeres y la población en general", destacó Saavedra y agregó: "Este gobierno va en contra de todos los derechos humanos, para nosotras es una ridiculez que diga que está combatiendo la violencia de género, que va aumentar el presupuesto dos centavos más, no sirve".
En la ardua coyuntura de una ciudad petrolera y unas arcas provinciales endeudadas, los feminismos regionales buscan la apertura a políticas comunitarias, la construcción de redes colectivas y el empoderamiento de las mujeres, muchas veces jefas de hogares monomarentales atravesados por la crisis. Aspiran, además, a un modelo territorial de calidad y a entornos sustentables. En resumen, sintetizan la multiplicidad de manifestaciones sociales de toda una región.
Desde algunos colectivos de la Multisectorial, consideran que el diálogo con el Estado es inviable: "Desde Juntas y a la Izquierda y el MST, no nos parece sentarnos a dialogar con el Estado", remarca Saavedra, "entiendo que hay organizaciones que sí". Exige que "el Estado se haga cargo" y recuerda: "Nosotras existimos porque estamos cansadas de las injusticias, pero esto no es una tarea que nos corresponda, porque tampoco tenemos los recursos para hacerlo".
"El Estado debe ocuparse, y si no sabe como hacerlo, si no sabe cómo acompañar a una mujer, ¿para qué está ahí? Sentarnos a dialogar en materia de violencia de género con el Gobierno no tiene ningún sentido", cuestionó.
La deuda de una ley de emergencia
El reclamo principal de la Multisectorial local -al igual que otras organizaciones provinciales- es la Declaración de la Emergencia Pública en materia de Violencia de Género, un proyecto que fue impulsado en 2017 muy brevemente para luego ser vetado por el Gobierno de Mario Das Neves, del cual Mariano Arcioni era parte.
El proyecto prevé un marco presupuestario más acorde a las necesidades de infraestructura y recurso humano, y planea una base sólida de apoyo estatal en el proceso de recuperación de las víctimas de violencia de género durante un período mínimo de 24 meses.
El Artículo 2 plantea que "el Poder Ejecutivo Provincial debe adecuar y dotar de personal técnico y administrativo suficiente a la Dirección Provincial de Equidad y Género, en un plazo de doce (12) meses, a fin de garantizar inmediata atención a las víctimas en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica. Dicho equipo interdisciplinario deberá contar como mínimo de tres (3) psicólogos, un (1) abogado, un (1) ginecólogo y cinco (5) asistentes sociales. Los profesionales que asuman deben hacerlo por concurso abierto y acreditar en forma fehaciente idoneidad en la temática".
Entre otros ítems, contempla la creación de un Programa de Reinserción Social Laboral para las personas en situación de violencia de género, políticas de protección integral para mujeres y niñas y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ -en articulación con provincias, municipios, comunas y parajes-, y transversalización de la perspectiva de Género en los organismos judiciales.
"La ley fue vetada, definieron que era útil pero ya llegando a fin de año sostuvieron que no daban los números. Sabemos que ningún justificativo es válido para hacer esa atrocidad", recuerda Saavedra. "Esa emergencia fue una de las más favorables que teníamos, planteaba presupuesto real para los refugios, para las mujeres que sufren violencia, planteaba un subsidio ya que muchas de las víctimas dependen económicamente de su pareja. Planteaba eso, asistencia del Estado en lo que una mujer se ‘recupera', porque igual entendemos que nadie se recupera de la violencia sólo con dinero, pero la ley venía a arreglar muchas cosas y nunca se puso en práctica", agregó.
Consultada sobre la posibilidad de que la Ley de Declaración de Emergencia vuelva a ser presentada, especialmente en el próximo año electoral, Saavedra se mostró escéptica: "Asuma el gobierno que asuma, no la van a volver a plantear, al menos no en estos términos. Hay una voluntad de no combatir la violencia que comparten todos los gobiernos. Lo vimos con el kirchnerismo, el macrismo, el Frente de Todos y también a nivel provincial". Sin embargo, remarcó que "vamos a seguir insistiendo" y recordó que más allá de la presentación individual de una diputada, el proyecto nace a partir de los movimientos de mujeres de toda la provincia.
"Dudo que este gobierno haga algo. Pero vamos a seguir saliendo a las calles. Este problema no se va a terminar con un cambio de gobierno, mucho menos con un cambio de año. Por lo tanto, la tarea de la lucha está en nuestras manos", concluyó.
